Al llegar a sus 29 años de vida institucional, la Defensoría de los Habitantes logró instalarse en la dinámica del Estado costarricense como pieza clave para el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos desde el enfoque basado en los derechos humanos.
Hasta la fecha, ha actuado guiada por su mandato legal de control de legalidad para la defensa y promoción de los derechos. Dicho mandato lo ejerce a través de su magistratura de influencia, es decir, de su capacidad de incidir en que las instituciones públicas respondan a las necesidades que expresan las y los habitantes, lo cual se sustenta en la calidad del trabajo técnico y en las recomendaciones que emite basadas en el marco normativo y sometiendo las acciones del sector público al escrutinio de la opinión pública.
La labor de la Defensoría se materializa a diario en la escucha activa, la orientación y la atención de cientos de habitantes que depositan su confianza en ella para canalizar ante la institucionalidad pública las soluciones a sus necesidades. Acompaña a comunidades y poblaciones ubicadas en todo el territorio nacional, emite informes con las recomendaciones pertinentes para la restitución de los derechos vulnerados, realiza investigaciones de oficio que buscan evidenciar los problemas estructurales del Estado y abona a las decisiones legislativas aportando criterios técnicos para ser considerados en los proyectos de ley.
No obstante, hoy la Defensoría se enfrenta a una serie de retos y desafíos que le exigen un mayor dinamismo y proactividad en su interacción cotidiana con las instituciones públicas y su mayor visibilidad de los aportes que realiza a la institucionalidad. El buen ejercicio de su accionar pasa también por ser reconocida como un actor relevante y capaz de aportar al análisis de los problemas estructurales que enfrenta el país.
Se requiere por tanto de un compromiso decidido para atender responsablemente las demandas de una población que se ve cada día más afectada por el deterioro de los servicios públicos, el menoscabo a sus derechos individuales, económicos, sociales, culturales y ambientales; y sobre todo, ante un escenario en donde ha privado la desconfianza en buena parte de la institucionalidad pública.
El país requiere de una Defensoría proactiva que esté presente en los asuntos de interés nacional, que tenga capacidad de reaccionar ante los conflictos sociales que aporte en la discusión de la política pública ante temas medulares para el país como la educación, transporte público, derechos de los pueblos originarios, costo de vida, combustibles, infraestructura vial, movilidad humana, persona adulta, garantía de los derechos para las mujeres, empresas y derechos humanos, niñez y adolescencia; así como la transparencia y la rendición de cuentas.
Son los derechos de todas las personas los que deben orientar el quehacer del Estado y las decisiones de política pública. En ese sentido, la Defensoría debe velar porque la función pública tenga como fin principal garantizar todos los derechos a todas las personas.
Finalmente, recordemos que la tradición democrática de la cultura política costarricense ha estado orientada por la defensa decidida de los más altos principios y valores de los derechos humanos; plasmada incluso, en una política exterior que lidera temas estratégicos ante los diferentes foros internacionales y que en buena parte se ha logrado materializar con la reciente entrada de nuestro país al Consejo de Derechos Humanos.
Por todo lo anterior, resulta necesario que el próximo jerarca de la institución, ejerza un efectivo y contundente liderazgo que permita reposicionar a la Defensoría como un actor clave que aporte en los asuntos públicos medulares del país, que reconstruya la confianza que alguna vez tuvieron en ella las organizaciones de sociedad civil y que sostenga la confianza que ya le depositan a diario las y los habitantes.
Para ello, es indispensable el compromiso con una gestión transparente, de puertas abiertas, de escucha tanto externa como interna, de generación de espacios de diálogo y de participación real. La Defensoría debe ser un actor esencial y articulador entre los sectores sociales para lograr la construcción colectiva de soluciones y contribuir al fortalecimiento democrático institucional.
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