Actualmente, la Asamblea Legislativa tiene pendiente realizar cuatro nombramientos de magistraturas para integrar diversas salas de la Corte Suprema de Justicia. Dos vacantes corresponden a la Sala Primera, una a la Sala Tercera y una a la Sala Constitucional. Pese a que los procesos llevados a cabo por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa (CPEN) no han estado exentos de críticas, las ternas de candidaturas para ocupar estos dos últimos asientos ya han sido finalizados y en ambos casos hay un común denominador: las personas mejores calificadas y que encabezan las nóminas son mujeres.

Este es un hecho relevante porque, a diferencia de lo que sucede en los otros brazos del Estado, en los que, gracias a reformas normativas o, por una suerte de consenso político, las diferencias de género se han ido recortando, el vértice del Poder Judicial sigue arrastrando un déficit muy grosero de representación femenina. Para muestra un botón: en la Corte Plena, de 22 puestos solo 7 están ocupados por titulares mujeres.

En el IV Informe Estado de la Justicia, publicado en julio pasado, se decía que en Costa Rica, el porcentaje de mujeres que integra la judicatura es superior (54%) al de los hombres (46%), sin embargo, llama la atención que la cifra se reduce, dramáticamente, según se avanza en los escalafones de la carrera judicial. Así, mientras el 60% del nivel más bajo (juez o jueza 1) está compuesto por mujeres, el nivel más alto (juez o jueza 5) llega apenas a un 29%, un porcentaje similar se refleja en la integración actual de la Corte Plena.

Estas cifras no son producto de la casualidad: las mujeres tenemos muchas más barreras para llegar a puestos de poder por diversas razones, por ejemplo, dado que las responsabilidades de cuido siguen estando a cargo de nosotras, nos resulta más difícil dedicar tiempo a estudiar maestrías o doctorados, o a escribir artículos académicos, lo que se traduce en que, al momento de participar en estos procesos, generalmente la evaluación no toma en cuenta estos factores estructurales y se nos califica de manera “igualitaria” aún cuando no estamos en condiciones de igualdad con otros hombres que no tienen las mismas responsabilidades.

Considerando esta situación estructural de discriminación, el que dos mujeres sean las mejores puntuadas en estos procesos de elección de magistraturas es digno de admiración, reconocimiento y, sin duda, es una buena noticia. Significa que estas personas han logrado superar innumerables obstáculos para llegar a obtener la mejor puntuación. La pregunta que surge ahora es: ¿Reconocerán los y las diputadas la trayectoria de mujeres sobresalientes?

Quienes han adversado las cuotas de género por estimar que no favorecen la excelencia no tendrían —en este caso— justificación alguna para no apoyar a las candidatas mejor evaluadas. Si bien no pareciera haber pretextos para no elegirlas, no hay que llamarse a engaño, los problemas estructurales que perpetúan la discriminación contra las mujeres siguen allí, y se requieren muchos más esfuerzos intencionales para combatirlos.

Si hay un compromiso con la equidad de género y si hay conciencia de la importancia de reducir las distancias que aún perviven en el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa debe convocar procesos que aborden estas barreras estructurales, por ejemplo, estableciendo calificaciones diferenciadas, o convocando solo a mujeres a participar hasta alcanzarse la paridad establecida en instrumentos internacionales suscritos por el Estado costarricense.

Mientras eso no ocurra, en el caso de los asientos disponibles en las Salas Primera, Tercera y Constitucional, nuestro Parlamento tiene la oportunidad de nombrar mujeres y, de entre ellas, a unas extremadamente calificadas que se han abierto camino en un mundo diseñado para excluirlas de los espacios de poder.

La elección de mujeres en la Corte para revertir esta pirámide de exclusión y falta de representatividad es urgente para recuperar la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. Ojalá que los actores políticos estén a la altura de las circunstancias y comprendan su responsabilidad en la eliminación de las brechas de género. En estos casos, no hay pretexto posible, pueden hacerlo si tan solo eligen a las mejores.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.