El ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por medio de la Ley No. 9981 del 24 de mayo del 2021, denominada textualmente: “Aprobación del Acuerdo sobre los términos de la Adhesión de la República de Costa Rica a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en San José, Costa Rica, el 28 de mayo de 2020; la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrita en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; el Protocolo Adicional Nº1 a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960; y el Protocolo Adicional Nº2 a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960, y normas relacionadas (Adhesión a la OCDE).”  representa un hito importante en la política exterior nacional.

Como parte del proceso de realizaron evaluaciones exhaustivas de la normativa, políticas, instituciones e implementación práctica de medidas en diferentes Comités. De ellos, son especialmente importantes, el Comité de Productos Químicos, el Comité de Política Ambiental y el de Pesca, cada uno de los cuales, mediante documentos oficiales, manifiesto su conformidad para la adhesión luego de un análisis de la situación y perspectivas del país. Los informes de los Comités de Política Ambiental y Residuos, Pesca y Químicos pueden consultarse en el sitio del Ministerio de Comercio Exterior dedicado a la OCDE.

De hecho, una de las áreas de la OCDE donde existe una mayor cantidad de instrumentos a ser observados por el país corresponde a la ambiental.

A continuación, se presenta un cuadro con los principales compromisos adquiridos por el país en su plan de adhesión a la Organización. Se trata de aquellos cambios o modificaciones normativas o institucionales que no era posible atender durante el proceso de revisión y se convierten en compromisos del país como parte de la Hoja de Ruta futura.

Principales compromisos adquiridos por el país ante la OCDE (observancia de sus diferentes instrumentos, recomendaciones y decisiones) como parte de la Hoja de Ruta a ser cumplidos con posterioridad a la adhesión.

Químicos

  1. Decisión del Consejo Relativa al conjunto de datos previos a la comercialización para la evaluación de productos químicos. A más tarde al 2023 se debe cumplir con la aplicación del Programa de Gestión de Productos Químicos industriales.
  2. Decisión del Consejo sobre investigación sistemática de productos químicos existentes. Se solicitó plazo a finales del 2023 para concluir con la aplicación del Programa de Gestión de Productos Químicos Industriales.
  3. Decisión-Recomendación del Consejo relativa a la provisión de información al público y la participación del público en los procesos de toma de decisiones respecto a las medidas de prevención y respuesta de accidentes relacionados con las sustancias peligrosas. Se requirió plazo para concluir un programa de prevención y atención de accidentes químicos, mejorar la aplicación del marco regulatorio actual y concluir acciones para facilitar el acceso del público a la información e incorporar los datos disponibles en el Sistema Integrado de Gestión de Información de Productos Químicos.
  4. Decisión-Recomendación del Consejo sobre investigación cooperativa y la reducción de riesgos de productos químicos. Deberá ser implementado a finales del 2023 incluyendo concluir un plan de acción específico en la materia.
  5. Recomendación del Consejo que establece los lineamientos relativos al procedimiento para anticipar los efectos de los productos químicos sobre el ambiente y el hombre. Se requirió tiempo hasta finales del 2023 para finalizar la aplicación del Programa de Gestión de Productos Químicos Industriales y de la Política Nacional de Seguridad Química.
  6. Recomendación del Consejo sobre la prevención, preparación y respuesta a accidentes con productos químicos. Se requirió tiempo hasta finales del 2022 para finalizar la aplicación del Programa de Prevención y Atención de Accidentes Químicos.
  7. Recomendación del Consejo sobre el Establecimiento y la Aplicación de Registros de emisiones y transferencia de contaminantes (RETC). A finales del 2023 se deberá concluir con la aplicación del Plan para la implementación de este sistema de Registro. Nota: en el 2022 se aprobó el Reglamento para el establecimiento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y modificación del artículo 20 del Reglamento para el Trámite Digital de Registros y Autorizaciones del Ministerio de Salud en la Gestión de Residuos en la Plataforma SINIGIR, Decreto Ejecutivo N°41525-S del 4 de diciembre de 2018.

 Política Ambiental y Residuos

  1. Recomendación del Consejo sobre la Implementación del Principio de Quien Contamina Paga. Se espera que el país limite los subsidios para la contaminación del agua y equipos de control otorgándolos únicamente para plantas públicas de tratamiento.
  2. Recomendación del Consejo sobre ciertos aspectos financieros de las acciones de las autoridades públicas para prevenir y controlar los derrames de petróleo. Se solicitó plazo para implementarlos hasta finales del 2022 así como crear un plan nacional de contingencia para derrames de hidrocarburos en el mar. Asimismo, como parte de estos compromisos el país ratificó dos convenios internacionales relacionados con responsabilidad civil resultante de daños por derrames de hidrocarburos.
  3. Recomendación de la OCDE sobre la prevención y el control integrado de la contaminación. El país debe crear un Sistema Integrado de Permisos Ambientales y un régimen integral de inspección ambiental hacia finales del 2022.
  4. Recomendación del Consejo sobre Información Ambiental. Para finales del 2022 se debe mejorar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), identificar brechas de datos, desarrollo y planificación de estadísticas e indicadores ambientales relevantes. Se debe avanzar en la publicación de las cuentas ambientales previstas, producir informes anuales de las cuentas existentes y nuevas.
  5. Recomendación del Consejo sobre Flujo de Materiales y productividad de los recursos. A finales del 2020 el país debió haber desarrollado un sistema de cuentas de flujo de materiales y los indicadores clave para la transición hacia una economía circular.
  6. Recomendación del Consejo sobre Productividad de los Recursos. Similar al anterior en cuanto a plazo y compromisos.
  7. Recomendación del Consejo del Agua. Debe mejorarse la gobernanza del recurso hídrico y su gestión mediante diversos mecanismos tales como la optimización del marco institucional actual mediante reformas a la Ley de Aguas y ejecutar acciones para la promoción de un aprovechamiento sostenible del recurso hídrico. Adicionalmente actualizar el monitoreo de la calidad del agua, incluir parámetros, reforzar los controles y promover la participación de la sociedad civil a nivel regionales. Plazo requerido, finales del 2021.
  8. Recomendación del Consejo sobre una Política Integral de Residuos. Se deberá mejorar la información sobre residuos, fortalecer el desempeño de esquemas de responsabilidad extendida del productor e incrementar las disposiciones administrativas sobre recuperación y reciclaje. Plazo solicitado finales del 2021.
  9. Recomendación del Consejo sobre la reutilización y el reciclaje de envases para bebidas. Se debe promover el reciclaje y la recolección diferenciada de envases de bebidas mediante un esquema de responsabilidad extendida del productor, así como adoptar medidas para sustituir envases de bebidas y otros plásticos de un solo uso en instituciones públicas. Plazo; finales del 2021.

Pesca

Respecto a la pesca, los compromisos son:

  1. Implementar procesos integrados y concertados para la creación de una política a todos los niveles para asegurar que los ecosistemas marinos se usen en beneficio de todos los costarricenses,
  2. Adoptar e implementar la obligación legal de definir objetivos claros de manejo sostenible y de tomar en cuenta la evidencia científica en el proceso de toma de decisiones.
  3. Preparar planes de manejo o reconstrucción para las principales pesquerías con base en objetivos biológicos que incorporen principios sociales y económicos, utilizando todas las regulaciones disponibles, incluyendo los límites totales admisibles de captura.
  4. Invertir en el monitoreo del impacto ambiental y socioeconómico de las regulaciones.
  5. Construir un sistema integrado de información que permita recopilar información sobre desembarcos, el estado biológico de los recursos y las características socioeconómicas de las pesquerías.
  6. Generar mayores controles en el sitio del desembarco y entrega
  7. Adoptar sistemas modernos de monitoreo para la flota industrial.

En principio estos compromisos deben ser reportados en las evaluaciones posteriores a la adhesión previstos para el 2023 así como sobre la reforma institucional acaecida por la Ley No. 9767 (que reforma la Junta Directiva del INCOPESCA para incorporar otros actores, entre ellos, el Ministerio de Ambiente y Energía).

Como se observa el alcance de las modificaciones a ser realizadas en las diferentes áreas es importante y comprende transformaciones especialmente en materia de:  fortalecimiento de la información ambiental, incluidas las cuentas ambientales; gestión de productos químicos industriales y accidentes con estos; información e instrumentos para la gestión integral de residuos ( incluyendo envases de bebidas y plasticos de un solo uso); mejoras en las actividades de reciclaje y recuperación; ampliación del empleo de la responsabilidad extendida del productor;,  implementación de nuevos marcos legales en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, Sistema de Permisos Ambientales Integrados entre otros; incremento en las capacidades de fiscalización ambiental; cambios en la  generación de información y evidencia científica para la gestión de los recursos marinos y las pesquerías; e incorporación de mecanismos e instrumentos para el control y la toma de decisiones.

Estas son monitoreadas por la Organización mediante sus procedimientos de revisiones que incluyen visitas in situ y otro tipo de valoraciones.

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