Costa Rica ha sido ejemplo de avances en sostenibilidad social y ambiental. Muchas experiencias desarrolladas en el país, han ofrecido oportunidades de crecimiento sostenible equitativo en distintos territorios. Si bien todos los ejemplos tienen espacios para la mejora, comunidades como Santa Elena en Monteverde, Tortuguero o Bahía Ballena son experiencias a resaltar. Curiosamente muchas relacionadas al capital natural que tiene el país.
En la actualidad tenemos la oportunidad de implementar un conjunto de políticas públicas y actividades estratégicas, que permitan que el uso sostenible y equitativo de los recursos marinos, mejore la calidad de vida de los habitantes. En el segundo trimestre del 2022, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) lanzó el “Plan Estratégico Nacional de la Estrategia Económica Territorial para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050”, como una forma de desarrollar un “crecimiento sostenido, con igualdad de oportunidades, preparado para los cambios globales, resiliente al cambio climático y descentralizada, digitalizada y descarbonizada”.
Si bien solo se abordó el territorio terrestre, la Estrategia identificó algunas acciones de economía azul por desarrollar en zonas costeras dentro de los denominados Polos de Desarrollo. En estos se concentran condiciones productivas y disponibilidad de recursos aptos para la producción. Dentro de estas acciones se especificaron algunas prioridades sectoriales como la construcción de la marina de Limón, muelles multipropósitos, planes de capacitación de temas marinos, puestos de recibo y acopio para el sector pesca, aparecen como algunas acciones propuestas. Pero el proceso de construcción de la Estrategia, hizo referencia a variadas acciones por cada Polo. Por ejemplo, en el Polo del Golfo de Nicoya, Polo Portuario del Caribe Limón-Cahuita y Polo Turístico-Portuario de Golfito-Golfo Dulce se detallan intervenciones en investigación marina, biotecnología marina, apoyo de áreas marinas de pesca responsable y promoción de la pesca turística.
No es casualidad que la pesca turística se haya identificado en las comunidades costeras, ya que tiene el potencial de crecer y generar fuentes de trabajo, permeando a lo largo de la cadena de servicio. La pesca turística y deportiva aporta alrededor de 520 millones de dólares anuales a la economía costarricense y genera más de 33,000 empleos directos e indirectos. Cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) estiman que el 5% de los visitantes que ingresaron al país en el periodo 2017-2019 realizaron pesca deportiva en territorio nacional, esto es alrededor de 150.000 turistas por año. Otro estudio en el 2021 de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) reportó que cerca del 49% de los turistas entrevistados, que realizaron pesca turística, lo hizo acompañado de su pareja, hijos o familiares y en general antes de este viaje había visitado en promedio 9 veces a Costa Rica. Los promedios de viaje de los pescadores turísticos rondan los 12 días, de esos días el 69% del tiempo lo dedicaron a otras actividades que no fueran pesca. Claramente hay una democratización del dólar gastado en varios sectores. Por su parte en el 2022, especialistas del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, revelaron que el aporte económico anual de la pesca deportiva y turística en el ámbito local, nacional e internacional ronda los 21 millones de dólares sólo para el área circundante a al Parque Nacional Isla del Coco y es la actividad productiva que genera más dinero, por encima del turismo de buceo y la pesca comercial de palangre.
Está claro que el país tiene una intención estratégica de abordar los retos socioeconómicos en los territorios, pero debería ser con una visión que incluya las necesidades y desafíos que tenemos en los océanos. Es necesario potenciar una economía azul que mejore la calidad de vida de los habitantes de las costas, sea inclusivo, responsable con los océanos y que ayude a promocionar la creación de empleos en el turismo marino, la pesca y la investigación.
Estamos a tiempo para que, desde el Poder Ejecutivo, el Mideplan pueda incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Estratégico Nacional de la Estrategia Económica Territorial para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050, acciones que beneficien la reactivación de zonas costeras a través de la pesca turística. También hay terreno fértil para que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública se pueda consolidar una actividad turística que representa un 13 % de los ingresos por turismo del país.
Estamos a tiempo para que, desde el Poder Legislativo se puede incentivar la creación de leyes para conservar estos servicios ecosistémicos en los océanos e incorporar el uso sostenible de los recursos marinos, la restauración de los ecosistemas y pesquerías que impactan la calidad de vida las personas y la biodiversidad.
Debemos entender que las acciones que impulsemos para mantener océanos saludables están directamente relacionadas a la prosperidad y la calidad de vida. Promover usos responsables en el mar de bajo impacto, nos dará la opción de mejorar la distribución de los beneficios sociales y económicos. Se deben priorizar la equidad y sostenibilidad social, así el país estará en concordancia con las políticas mundiales de desarrollo inclusivo y sostenible con el ambiente, la Agenda 2030 y el Marco Mundial de la Biodiversidad Post-2020.
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