La última negociación del presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior propició una serie de espacios para realizar un análisis detallado sobre los aportes de las universidades públicas al país, pero también para que las instituciones realizaran una autocrítica profunda e identificaran puntos de mejora. Sería una lástima que una gran cantidad de propuestas, sesudas y necesarias, queden en el olvido, otra vez, luego de obtenerse un medio arreglo.

Por otro lado, hay varios sectores que han planteado la necesidad de hacer una redistribución de los porcentajes del presupuesto asignados a cada universidad. Esto, sin duda, habrá que hacerlo. La realidad de las universidades públicas de hoy no es la misma de hace algunas décadas cuando se estableció el sistema actual.

Sin embargo, no se justificaría solicitar más recursos para seguir operando como se ha venido haciendo. Antes de distribuir presupuestos, se deberían hacer otros ajustes más apremiantes. A continuación, algunos de ellos.

Puede que haya llegado el momento de fusionar universidades. Concretamente la UTN se podría fusionar con el TEC y la UNED con la UNA. Esto de acuerdo a sus múltiples afinidades. Algunos beneficios de la fusión incluyen la disminución de costos, la concentración de expertos, la conformación de sinergias, la reducción de duplicidades, la simplificación de la gobernabilidad, y el aumento del impacto para el país.

Se debería eliminar burocracia innecesaria y simplificar trámites a lo interno. Utilizar las nuevas tecnologías para automatizar procesos, no para entorpecerlos. Además, muchos servicios podrían ser tercerizados como la limpieza y alimentación. Incluso, se debería aprovechar la experiencia del país en servicios corporativos para subcontratar alguna parte de la administración. Es necesario mejorar los procesos de contratación administrativa.

Se debe regular el crecimiento de empleados administrativos. La actividad sustantiva de la universidad es la docencia, la investigación y la acción social, la cual es realizada por académicos, con el apoyo de los administrativos. Un parámetro internacional sugiere que debería haber entre 1.5 a 2 académicos por administrativo. Sin embargo, en algunas universidades públicas podrían tener una relación de 1 a 1 o incluso más administrativos que académicos. También, se debe atender las disparidades salariales a lo interno y entre las universidades.

Se requiere mayor liderazgo y coordinación a lo interno del Consejo Nacional de Rectores. El Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal debería actuar como un verdadero sistema. Una integración que permita, además, optimizar el uso de recursos como por ejemplo bibliotecas y equipamiento. Los estudiantes deberían tener la posibilidad de llevar algunos de sus cursos en otras carreras y en otras universidades. Los ajustes a las mallas curriculares deberían ser muy expeditos.

Las universidades públicas deben estar al servicio de toda la sociedad costarricense, más allá de atender solamente las necesidades del mercado. Generan y comparten conocimiento. Forman profesionales integrales. Son fuente para las artes, las ciencias, el derecho, la educación y la salud. Las asimetrías en el número de estudiantes por carrera deben ser atendidas mediante procesos de orientación vocacional temprana y mediante la información clara sobre las posibilidades de empleabilidad. Los cupos dinámicos o intermitentes en ciertas carreras ameritan una mayor reflexión.

Las universidades deben procurar más financiamiento externo. Deberían ser más proactivas en el levantamiento de capital nacional e internacional, vender servicios y utilizar fuentes no tradicionales de financiamiento como el crowdfunding y la filantropía. Deberían implementar más programas para atraer estudiantes internacionales y desarrollar programas ad hoc, presenciales o virtuales, para atender necesidades de los sectores más dinámicos de la economía.

Una vez hechos estos ajustes será justo atender la necesaria redistribución del FEES, utilizando indicadores objetivos como por ejemplo el número de estudiantes por tipo de carrera, número y calidad de publicaciones por tiempos en investigación, cantidad de programas de acción social, distribución de académicos por perfil educativo, porcentaje de estudiantes becados, cobertura regional y cantidad de centros de investigación. Es hora de ser valientes y tener esa conversación incómoda. El país, más que nunca, requiere un sistema de educación superior pública más robusto y funcional.

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