El relator también señaló su preocupación por la discriminación y la pobreza que viven los pueblos indígenas en el país y que afecta "la implementación de sus derechos".

El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, señaló su preocupación por el "racismo estructural que permea las instituciones del Estado" respecto a esta población y que afecta el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de estos territorios.

La preocupación se plasma en el informe presentado ante el 51° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se realiza entre el 12 de setiembre y el 7 de octubre de este año y en el cual Calí amplió sobre las preocupaciones ya expresadas el año anterior, tras su visita al país realizada en 2021.

Según señaló Calí Tzay:

Las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos".

En el documento, el relator señaló su preocupación por la discriminación y la pobreza que viven los pueblos indígenas en el país, y la cual "afecta la implementación de sus diversos derechos".

Además, el relator de la ONU mostró "su intranquilidad por los ataques a lideres indígenas por defender sus tierras", al tiempo que hizo un llamado al Gobierno de Costa Rica "para que asegure un dialogo constructivo y de buena para resolver el tema de los derechos territoriales".

En esta línea, Calí solicitó al Estados costarricense que dote al Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas de recursos financieros y humanos adecuados y que defina, en colaboración con los pueblos indígenas, una estrategia para priorizar esta restitución de las tierras, adoptando un plan financiero de compensación a los poseedores de buena fe, adecuado y ajustado a plazos razonables.

Es necesario recordar que el tema de recuperación de tierras en los territorios indígenas que, según señala la Ley Indígena solo pueden pertenecer a personas indígenas, ha sido una de las principales razones por las cuales se ha acrecentado la violencia en estos territorios, con el saldo de asesinatos de líderes de la zona como el de Sergio Rojas Ortiz en 2019, o el de Jerhy Rivera Rivera, en 2020, además de una constante y creciente oleada de violencia por esta causa que se ha mantenido en los últimos años en las zonas.

Por ello, el relator de la ONU señaló, enfáticamente, que es necesario que las autoridades nacionales colaboren con las autoridades propias en el desarrollo de planes de restitución de tierras para cada territorio, "en el que se prioricen los desalojos administrativos de personas no indígenas que amenazan y generan violencia en los territorios, incluyendo los territorios indígenas bajo protección de la medida cautelar núm. 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", y que se reconozca públicamente "la legitimidad de las fincas recuperadas y se garantice su derecho al acceso a los servicios básicos, incluida el agua".

Además, también solicitó que el Estado se disculpe públicamente por la muerte de Rojas y Rivera (ya que en el caso de Rojas, este incluso tenía medidas de protección solicitadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales fueron cumplidas de manera insuficiente por el país) y que se ejecuten medidas para garantizar que estos hechos no se repitan "mediante esquemas preventivos y alerta temprana".

Más allá de la violencia: mejora en calidad de vida

Sin embargo, y más allá de la violencia que domina la agenda indígena del país desde la muerte de Rojas en 2019, el relator de la ONU también solicitó que el país tome una serie de medidas que garanticen el respeto y la mejora de la calidad de vida de las personas indígenas en suelo nacional.

Entre ellas destaca que se incluya el reconocimiento de la cosmovisión indígena en normativa sobre justicia a nivel constitucional y legal, "ajustando la terminología referente a pueblos y territorios"; además de que se respeten los criterios de pertenencia a cada pueblo basados en los procesos de autoidentificación de cada uno, garantizando "el reconocimiento explícito y formal de los pueblos indígenas en el derecho interno a través de medidas constitucionales, estatutarias o judiciales, conforme al principio de autoidentificación y la libre determinación".

Calí también solicitó que la voz de los territorios indígenas sea plenamente escuchada a la hora de tomar decisiones sobre los temas que les competen, al tiempo que se garantice la personalidad jurídica de las instituciones propias de gobierno de cada territorio indígena, basada en su autoidentificación.

Dada la preexistencia del pueblo al Estado, el otorgamiento de personalidad jurídica es un acto meramente declarativo y no constitutivo y no es una condición para el ejercicio de sus derechos", señala el informe.

El relator también pidió que se recolecten estadísticas desglosadas por género, edad y discapacidad sobre los pueblos indígenas para que se garanticen sus derechos a la salud, a la educación y otros y se señaló que "para ello las instituciones deben trabajar juntamente con representantes indígenas, incluidas las mujeres, para desarrollar indicadores adecuados que permitan, entre otras cosas, evitar las formas interrelacionadas de discriminación".

En esta línea, el informe solicita que se adopte un enfoque holístico y culturalmente adecuado a los territorios para erradicar la pobreza en los pueblos indígenas; que se refuerce el acceso a internet en todos los territorios; que se avance en un modelo de educación intercultural a través de la actualización de los programas escolares de todos los centros educativos del país, incluyendo la enseñanza de la historia, cultura, ciencias y cosmovisiones indígenas, así como fortalecer la enseñanza de la lengua indígena para que se elimine la discriminación; y que se capacite al personal sanitario para eliminar toda práctica racista o discriminatoria en el sistema de salud, y dotar de servicios adecuados y de calidad.

Los interesados en leer con más detalle el informe, pueden consultarlo completo aquí.