Hay algo que no calza en Costa Rica. Porque atraemos inversiones y ganamos premios. Somos ese país pequeño que exporta en grande. Entramos en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) y tenemos parques nacionales que visitan turistas de todo el mundo.
Aunque hay mucho que celebrar, no podemos negar la brecha que separa esa Essential Costa Rica, exitosa y globalizada, de la Costa Rica trabajadora que viaja en buses viejos y contaminantes.
Dado que en Costa Rica nunca ha habido subsidios al transporte público, como los que hay en los países OCDE, no es casual que el servicio esté en crisis permanente. Como resultado, enfrentamos la paradoja de ser un país OCDE, con aspiraciones económicas de primer mundo pero transporte público de tercer mundo.
Es hora de enfrentar esta paradoja. El humo de los buses daña el espacio público y la salud de las personas. Ese costo lo paga la ciudadanía con daños a su salud y también la Caja Costarricense de Seguro Social. La transporte que usa gasolina y diésel profundiza la adicción petrolera. Ese costo lo paga la economía con la salida anual de divisas para importar petróleo. Viajar cada día buses de mala calidad daña la calidad de vida y esto va matando el pura vida.
Costa Rica está atrasada; incluso para estándares latinoamericanos porque Chile y Colombia electrifican sus buses con éxito. Ya hay 3.701 buses eléctricos en la región, según eBusRadar.org. Costa Rica no llega a los 10 buses eléctricos y ninguno opera comercialmente todavía.
¿Usar buses aún más viejos?
Las personas usuarias son invisibles en el debate público y de la Asamblea Legislativa. La lógica implícita es “si no le gusta el bus, pues compre carro o use Uber.” Y la Asamblea llevó esta invisibilidad a una escala mayor al aprobar en primer debate un proyecto de ley para alargar la vida útil de los buses de 15 a 20 años.
Este razonamiento tiene serios problemas por más que se le intente justificar como medida solidaria para ayudar a empresas de buses en problemas financieros en zonas de difícil acceso. Aunque sea precaria la situación, es vital encontrar otra vía.
Primero, esto no es solidario con los usuarios pues socava el servicio de buses para toda la población. Hay también personas con necesidades especiales y los buses de 20 años serán poco amigables con estas personas. Además, somos un país de lluvias torrenciales y carreteras inseguras. El cambio climático es una realidad y en el escenario de clima extremo lo más solidario es hacer lo posible por modernizar las flotas de buses.
Segundo, esta ley atenta contra el derecho de los costarricenses a un ambiente sano. Como país OCDE, hay que buscar convergencia con los estándares de economías OCDE. No se vale ser una economía OCDE en unos ámbitos, pero no en otros, como el transporte.
Tercero, esta decisión no fue discutida en foros públicos ni informada por insumos de expertos técnicos en materia de transporte, salud pública y descarbonización. ¿Quién aconsejó a cada congresista?
Electrificar requiere nuevos modelos financieros
Costa Rica puede ser campeón del transporte 100% eléctrico. El país ha dado pasos pioneros. Tiene la primera ley de movilidad eléctrica de América Latina, una creciente flota eléctrica de transporte liviano con unos 50 modelos y 23 marcas (gracias a la ley). La red de cargadores aumenta su cobertura. Hay pilotos de buses y taxis eléctricos gracias a cooperación internacional, incluido un bus eléctrico de hidrógeno en Guanacaste. Existe la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE) así una Ruta Eléctrica así como empresas que ya hacen entregas de productos en motos y vans eléctricas.
Es hora de enfrentar el atraso de buses eléctricos, nuestro talón de Aquiles.
Lo primero es desistir del proyecto de ley. La alternativa es diseñar medidas transitorias, como créditos blandos o subsidios, para las empresas de buses más pequeñas que están en problemas financieros en zonas rurales o difícil acceso. Ellos buscan extender la vida útil para no perder las concesiones, pero aunque sea una situación difícil, la realidad es que las flotas más viejas no son más seguras ni para choferes ni para usuarios, especialmente en zonas rurales o difícil acceso. Es vital romper el círculo vicioso.
Adicionalmente, el país debe avanzar en la electrificación iniciando en zonas urbanas.
- Las empresas de buses podrían firmar un compromiso público con el transporte 100% eléctrico. Enviar esta señal es importante si logra involucrar a empresas a inversionistas y aliados. La transición será disruptiva del status quo. No todos en el sector estarán de acuerdo, pero es importante que quienes sean líderes den un paso hacia adelante.
- En paralelo se debe incursionar en un nuevo modelo financiero puesto que esta es la barrera principal a la electrificación. Hay opciones en la mesa, desde modelos leasing hasta bonos verdes. Aunque un bus eléctrico nuevo tenga un precio mayor al bus contaminante viejo, en el mediano y largo plazo el bus eléctrico genera ahorros sustantivos.
- Abrir el debate en 2023-2024 de los beneficios y costos para fijar una fecha a partir de la cual las nuevas incorporaciones serán 100% eléctricas, por lo menos en la GAM. Cada vez más países OCDE, han fijado estas metas. En el caso de Chile es 2035.
Cumplir lo que prometimos
Una flota de buses más antigua carbonizará el transporte cuando nos comprometimos a lo contrario. El Plan de Descarbonización fue presentado ante las Naciones Unidas y no puede haber retrocesos en los compromisos multilaterales. Costa Rica los debe cumplir sin importar quién esté en Zapote y Cuestamoras. Los giros en U, como el proyecto de ley en el congreso, socavarían nuestra credibilidad.
Además, descarbonizar es buena medicina para nuestros males, como la contaminación y la dependencia petrolera. Una forma de crear apoyo político por parte de la población es a través de estrategias de transición justa para proteger a las poblaciones socialmente vulnerables durante el tránsito a una economía limpia. A la vez, estos cambios deben traducirse en mejoras visibles en la vida diaria, por ejemplo, al usar buses nuevos, limpios y seguros.
Los beneficios del cambio bien valdrán la pena rechazar en segunda votación un proyecto de ley que nunca debió llegar al plenario.
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