La Sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica finalmente tiró la toalla con la carrera de Marina Civil el pasado 19 de agosto de 2022, comunicando que, mediante sesión extraordinaria N° 272 de la Asamblea de Sede del mismo día; no esperan seguir ofreciendo la carrera en esta unidad académica para el 2023 (a pesar de que la UCR ya había anunciado que a partir de ese año se reabriría a nuevos ingresos), a causa de los fuertes escándalos en los que se ha visto envuelta institución en general desde hace casi más de diez años, y sobre todo durante los últimos meses. Esperan que, o sea adoptada por otra Unidad Académica (o Sede) diferente, o que sea administrada directamente por la Rectoría y la Vicerrectoría de Docencia, pero no la quieren más; en otras palabras: Hacer las de Poncio Pilato.

Sin embargo, el futuro de la carrera se mantiene en una mayor incertidumbre luego del anuncio que la UCR corrió a publicar el día siguiente sobre la obtención de su certificado de calidad, mencionando que sí se va a abrir a nuevos ingresos en la Sede del Caribe para el 2023, lo que demuestra un total divorcio entre la administración superior y las decisiones de la Sede del Caribe.

Algunas de las principales polémicas que se han presentado, son:

  • Un conato de incendio intervenido por el Cuerpo de Bomberos, que casi destruye un simulador de cargas líquidas de más de 82 millones de colones, y del cual la Sede del Caribe no ha brindado algún pronunciamiento o informe oficial a la comunidad.
  • Un simulador de navegación “Full Mission”  de más de 470 millones de colones en aparente desuso desde el mes de marzo de 2022.
  • La denuncia de un caso de aparente tráfico de influencias entre un ex-representante estudiantil de la carrera y autoridades universitarias, que pretendieron fabricarle al primero la carga académica de una práctica profesional abordo que comenzó pero nunca concluyó, con el único fin de que pudiera acceder a una beca socioeconómica de la institución (5, la categoría máxima otorgada) durante un período de tiempo extendido.

Además, se le intentó gestionar la realización de su segundo período de prácticas profesionales de embarque en Puntarenas, mismas que en otro momento le fueron negadas por parte de la coordinación de la carrera a todos los demás estudiantes (incluso de generaciones más veteranas) que ya se encontraban en lista de espera (por ejemplo, el del caso discutido en el expediente Nº 22-000733-0007-CO de la Sala Constitucional). Por si no fuera mucho, se le intentó asignar un total de 18 horas de asistencia semanal remunerada a este mismo estudiante mediante la acción de personal P9-7693572 y P9-7693656, durante el tiempo que no se encontraría presente en la Sede por motivo de la realización de su práctica profesional de embarque. Dicha solicitud terminó siendo devuelta.

El ambiente psicosocial en esta casa de estudios está tan deteriorado y la carrera de Marina Civil tan precarizada, a tal punto de que parte de los mismos estudiantes se ven en la necesidad de involucrarse en actos de corrupción como forma de subsistencia académica y profesional, lo cual considero abominable.

  • La graduación de 2 estudiantes el 24 de julio de 2022 (desde el 2012 que se abrió la carrera, que tuvo aproximadamente 130 estudiantes aún activos al 2019) y la equiparación y reconocimiento de 6 títulos universitarios extranjeros sin que la institución contara aún con un reconocimiento definitivo por parte del MOPT (que recordemos, desde el 29 de abril de 2022 se otorgó de forma “provisional” al no cumplir la UCR con todos los requisitos necesarios aún), a la luz de la Ley N.° 9418 del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la gente de mar.

La UCR divulgó este hecho en varios medios de comunicación como una solución legendaria al problema de la carrera, que les daría un empleo garantizado tanto a ellos como a prácticamente todos los demás estudiantes de la carrera que están a la espera de poder graduarse también. Sin embargo, la realidad demuestra que en nuestro país no existe un mercado laboral disponible para que profesionales del mar egresados de esta carrera puedan ejercer tareas propiamente relacionadas con su formación, ya que a la fecha Costa Rica no cuenta con una flota mercante nacional en la cual puedan trabajar (sin mencionar que el país sigue estando fuera del mapa de la lista blanca de miembros de la Organización Marítima Mundial) y la mejor opción posible en la actualidad es dedicarse a trabajos de escritorio. Ningún egresado de Marina Civil a la fecha está habilitado para ejercer a bordo de un buque mercante como un oficial ni de afiliarse a algún colegio profesional.

Mientras se discute nuevamente la intención del gobierno de reducir el presupuesto del FEES, por el cual en la UCR sacan el pecho y las uñas; resulta muy paradójica la administración tan laxa, desordenada y mañosa que ha tenido la Universidad de Costa Rica con los fondos públicos en nombre de su autonomía universitaria, en este caso para la carrera de Marina Civil que sigue dando de qué hablar incluso a nivel judicial. Hasta el momento, ningún funcionario envuelto en la mala gestión y corrupción en esta carrera a lo largo de sus 10 años ha sido penalizado, a pesar de que existen múltiples denuncias e informes internos de instancias como la Contraloría Universitaria (OCU-R-190-2020) que los han evidenciado ante la administración superior. Incluso, la denuncia presentada en 2019 por la Vicerrectoría de Docencia de la UCR ante la Fiscalía de la Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público sigue aún en su “etapa preliminar”, una excusa aprovechada por la Universidad para abusar del artículo 295 del Código Procesal Penal para resguardar a toda costa la no publicidad de sus actuaciones aún más mínimas con Marina Civil, sea que formen parte o no del proceso preliminar (a excepción de aquellas que mejor les conviene divulgar).

Una de las recomendaciones de la Contraloría Universitaria desde el año 2020 fue que, en caso de un cierre definitivo de la carrera de Marina Civil;

se giren instrucciones a la Dirección de la Sede Regional del Caribe para que, con la asesoría de la Vicerrectoría de Administración y sus dependencias técnicas para el control de activos fijos, esa unidad académica elabore un plan de acción para evitar el desuso de los equipos tecnológicos y demás recursos en infraestructura, invertidos a la fecha por la Universidad de Costa Rica para la ejecución de la carrera”.

Y a estas alturas, creo que esa sería la opción más sobria y adaptada a la realidad nacional, además de la indemnización de sus estudiantes; en lugar de más improvisación y excusas para mantener salarios. Para una provincia tan golpeada socialmente como Limón (única con todos sus cantones rezagados en temas de desarrollo humano por debajo del promedio nacional) la UCR se dedicó a crear con Marina Civil un mayor retroceso educativo, jugando con la vida de cientos de personas, familias, y jóvenes que les confiaron su futuro académico y profesional. A pesar de que uno de los requisitos para mantener la homologación del MOPT sea que la carrera se mantenga abierta, me generaría horror recomendarle a alguien más pasar por toda esta pesadilla.

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