Hoy es innegable que el escenario mundial exige de nosotros soluciones creativas, ingenio y mucha determinación por transformar la manera en que producimos y consumimos energía. Cada vez es más importante y necesario promover políticas públicas que le permitan a Costa Rica desarrollar energías renovables.

En nuestro partido creemos en el fomento de la investigación, el desarrollo y los emprendimientos basados en tecnologías novedosas y eficientes. Sabemos que el avance económico debe ir acompañado de una sólida política de conservación de los recursos naturales.

¿Quién podría oponerse a promover un modelo de energías limpias en la actualidad?

Sin embargo, estoy convencida de que la acción política debe estar basada en evidencia y conocimientos técnicos que permitan reflexionar sobre las consecuencias de cualquier iniciativa de ley.  Es por esa razón que desde nuestro despacho nos hemos dado a la tarea de examinar cuidadosamente el proyecto de ley 22.392 bajo el nombre Ley para la Promoción e Implementación de una Economía de Hidrógeno Verde en Costa Rica.

Con la redacción actual el proyecto no se desarrollará una “economía nacional de hidrógeno verde”, como sus promotores expresan. Hoy por hoy la iniciativa solo incluye al hidrógeno en la lista de energías disponibles en un mercado ineficaz y lleno de distorsiones. Distorsiones que existen y que se han perpetuado por la misma ineficiencia estatal encarnada en una institución tan dañina y obsoleta como Recope.

El proyecto autoriza a la refinería a incursionar en una actividad altamente compleja y sofisticada que requiere inversiones que pueden llegar a ser muy altas, lo que significa verdaderas aventuras y posibles descalabros financieros, todo ello a costa de los contribuyentes a quienes por años hemos trasladado la ineficiencia de Recope en sus facturas de combustible de forma injusta y desproporcionada.

Recope es una institución que ni siquiera es competente para ejecutar la tarea para la que fue creada y que tampoco sobresale por la buena administración y el uso responsable de los recursos. Es importante recordar que hace poco más de un año la Contraloría tuvo que ordenarle frenar el millonario proyecto Terminal Pacífico, porque el nivel de incertidumbre sobre los costos alcanzaba el 30%. Tampoco debemos olvidar a Soresco. La fallida refinería con China provocó que Costa Rica perdiera un total de 35,8 millones de dólares, esto tras finalizar el proceso de liquidación del proyecto el año anterior.

Entonces, nuestra preocupación es que se autorice al Estado, en la figura de Recope y otras instituciones públicas, a realizar actividades que nos sigan llevando a proyectos fracasados, financiados con el dinero de todos los costarricenses.

El artículo 17 de la iniciativa establece que el financiamiento de proyectos de hidrógeno verde formará parte de los proyectos del Sistema de Banca de Desarrollo, en tanto clasifiquen como beneficiarios según la ley de ese sistema, siempre y cuando estas líneas de crédito no representen situaciones riesgosas para las entidades. Esto supone una contradicción, porque la investigación, el desarrollo y la comercialización de nuevas tecnologías, son actividades riesgosas por definición, como para cualquier emprendimiento de tal naturaleza. Esto cierra la llave del financiamiento a cualquier iniciativa que necesite ayuda y capital semilla.

Por su parte, el numeral 18 que se refiere a la viabilidad ambiental otorga a los proyectos de hidrógeno verde que requieran este tipo de trámite una vía expedita y preferente. Este artículo puede ser bien intencionado, pero podría ser inconstitucional, porque los plazos de análisis de SETENA están establecidos en su propia normativa. También a causa del principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada, su trámite no puede depender de la voluntad o determinación del jerarca de turno, pues dichos análisis son la forma para conocer el impacto de la actividad que se pretende llevar a cabo y sus posibles consecuencias en los ecosistemas.

Adicionalmente, el artículo 25 que habla sobre la certificación de la calidad del hidrógeno verde es muy problemático, porque dependerá de cómo se implemente y los costos relacionados con la certificación una vez aprobada la ley. Entonces, más bien podría ser un desincentivo para incursionar en la actividad, como sucede en la actualidad con las certificaciones de carbono neutralidad.

Queremos dar seguridad jurídica a esas inversiones que desean venir a nuestro país y generar empleo. Nuestra oposición tiene que ver con la responsabilidad de proteger y destinar los escasos recursos de la ciudadanía en actividades e inversiones que prueben viabilidad. La voluntad política no puede estar basada únicamente en un puñado de buenos deseos y altísimas expectativas pues son las razones técnico-científicas las que deben orientar nuestras motivaciones políticas.

El principio constitucional de razonabilidad exige que las leyes deban también ajustarse a estrictos parámetros técnicos, pues de lo contrario podrían lesionar los derechos fundamentales de los administrados, así como perjudicar el accionar de la sociedad en conjunto.

La ruta de un proyecto como este debe ser la definición de condiciones habilitantes para una actividad en la que inversionistas y emprendedores encuentren seguridad jurídica y las condiciones de desarrollo para sus actividades productivas, dejando a un lado la obsoleta idea del Estado empresario, que tanto daño -y tan caro- ha costado a la sociedad costarricense.

Es por estas razones, todas ellas por el fondo, que es muy difícil como liberal dar mi apoyo a esta iniciativa. La oposición, como ya se ha dicho, no es al objeto principal del proyecto sino a todos esos elementos señalados que acompañan el texto actual y que lo hacen inviable e incongruente con nuestra filosofía y nuestra visión sobre el papel del Estado.

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