Se pueden usar muchas expresiones como que hace aguas, que está afectado, que funciona mal, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya no estamos a ese nivel. El Poder Judicial presta un servicio de administración de justicia de la peor calidad. No sólo es malo sino hiper lento. No sólo no es de mala calidad, sino que es de la peor. En otras palabras, colapsó. Naufragó en su misión esencial de brindar justicia pronta y cumplida, como se lo ordena la Constitución. Vive como aquellas familias de antaño venidas a menos: de su prestigio histórico. Si se tratara de una institución que se evaluara por primera vez sin atender a su pasado, no creo que superara una nota de uno de una escala de cien.

Tras casi cuatro décadas de ejercer mi profesión como abogado, puedo dar fe de que el servicio judicial no está en crisis, simplemente colapsó. Cuando yo estudiaba derecho en los primeros años de la década de los ochenta el tiempo en que los tribunales resolvían cualquier gestión de las partes era de una a dos semanas. Hoy en algunos casos pasa de diez meses. Los recursos de casación no tardaban un año. Hoy, se acercan ya a cinco años en la infausta Sala I.

En la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de este, la Corte se ha encargado de engendrar proyectos y tomar decisiones que sólo han venido a entorpecer más la administración de justicia. Primero fue la creación de los Mega Despachos, la peor idea en la que se empecinó don Luis Paulino Mora, entonces presidente de la llamada "Comisión de Goicoechea" y luego presidente de la Corte Suprema de Justicia. Para defender lo indefendible argumentó que una reforma de esa magnitud necesitaba tiempo. Con una paciencia que usualmente me es aneja, esperé que la situación cambiara. Lamentablemente, la situación no mejoró nunca. El proveído fue siempre un desastre. Los despachos de familia, de pensiones alimentarias, civiles y contencioso administrativos, empezaron a mostrar niveles de retardo, en el proveído y en el dictado de las sentencias, alarmantes. Contrario a lo que se esperó y anunció, la situación no fue transitoria y, por el contrario, lo que empeoró, siguió empeorando.

Sin embargo, todo esto no sería nada si la Corte hubiera hecho un estudio reposado de este aciago experimento y analizados sus resultados, hubiera rectificado el rumbo. En su lugar, sin tener un acuerdo firme de sus veintidós magistrados y magistradas sobre el tema, se aventuró en transformar a Megadespachos Judiciales los circuitos de Heredia y Alajuela. ¿El resultado? Ya el retardo judicial no debería llamarse mora sino Megamora. Los mismos problemas vividos en Goicoechea y no corregidos: extravío de expedientes (cuando eran físicos), mal servicio al público, aumento en los plazos para resolver, oficialización de la disparatada institución del Juez Tramitador y despersonalización de la administración de justicia. En fin, como lo hice ver desde el año 1997 en un artículo que publiqué en el diario La Prensa Libre:

“ese monstruo vino a agravar nuestra administración de justicia. Generó una tardanza en todo: a) en la práctica de notificaciones; b) en el proveído (tiempo que tardan los Tribunales en resolver una gestión de cualquiera de las partes, ya se trate de solicitar el traslado de la demanda, el dictado de la sentencia o el señalamiento para un simple remate, pasando de una o dos semanas, a varios meses); c) se concentraron juzgados de un amplísimo territorio en un sólo lugar, aumentando el costo del acceso a la justicia, ya que se fusionaron ahí los Juzgados de Moravia, Guadalupe, Coronado, Curridabat y Tibás; d) se hacinaron las oficinas (el edificio construido con un préstamo del BID y previos estudios del Departamento de Planificación del Poder Judicial, poco tiempo después colapsó); e) se separó a los funcionarios del público, deshumanizando a la justicia y cercenándola de un componente muy criollo; f) se aprovechó de su creación para dictar actos ilegales (por acuerdo de Corte Plena se estableció el uso del papel tamaño carta, sin derogar mediante una ley el uso del papel de tamaño legal que exigía el Código). En fin, se hizo una inversión de miles de millones colones para tener una justicia menos pronta y peor cumplida.”

Después de varios años me he convencido de que, en el caso de Goicoechea, la idea no era atacar la mora judicial, sino ahorrarse cientos de millones de colones en el presupuesto, que con ese esquema de organización judicial se logró. Lo que no atino entender todavía es qué motivó al Poder Judicial a seguir con este nefasto experimento en los circuitos judiciales de Heredia y Alajuela y, acusada que ha sido la cúpula judicial, por sus propios jueces, de autoritario verticalismo y poca apertura, parece que nunca lo sabré.

Lo que sí sé es que el problema de la administración de justicia no está únicamente en los jueces. La mayor parte del tiempo que tardan en ser fallados en forma definitiva los juicios, se invierte en el trámite y el trámite, no lo llevan los jueces. Le guste o no a la Corte, sus flamantes Jueces Tramitadores no llevan el peso del trámite de los expedientes. Su peso lo llevan los escribientes, que son muchas veces, empleados con paupérrima escolaridad que no resuelven bien y que, cada uno de sus frecuentes errores supone meses de atrasos para las partes. Al día de hoy no conozco una política seria de capacitación de este gran sector de la administración de justicia, por completo abanadonada. Menos aún una política para su nombramiento. Contrariamente, la única política que conozco es la de hacer jueces a cuanto escribiente se hace abogado o abogada, las más de las veces sin importar la calidad del futuro Juez o Jueza y con ello de la administración de justicia.

Los Mega Despachos Judiciales deben revisarse. Son un esquema de organización judicial fracasado.

Después de los Mega Despachos la Corte engendró la Ley de Cobro Judicial; la Reforma Procesal Laboral, el Código Procesal Civil, el Código Agrario y la Ley de Creación de la Jurisdicción de Crimen Organizado. Bien lo señala el último informe del estado de la justicia: “nuevos códigos, lineamientos de política judicial e iniciativas específicas que son creaciones de ciertos magistrados y magistradas, sin procesos de participación y con poca evidencia empírica”.

Ley de Cobro Judicial

En la exposición de motivos del proyecto de Ley de Cobro Judicial que creó esos despachos y una ley reguladora del cobro judicial, se expuso lo siguiente:

En nuestro país la cantidad de asuntos entrados en materia civil en los juzgados civiles de mayor cuantía de San José, representó para el 2002 un total de 27502 casos, cantidad que en comparación con lo ingresado un año atrás(23376) aumentó en 2380 casos. El 87,43% (15921) de los procesos civiles ingresados durante los primeros nueve meses del 2003 (18211), en los juzgados civiles, corresponden a asuntos cobratorios; porcentaje mayor en comparación al valor obtenido durante el 2001, que fue de un 85,51%, similar al del año 2002 con un 87,19%."

Aprobada la ley, la Corte, cerró dos Juzgados Civiles de los 6 de mayor cuantía que tenía y creó uno sólo de cobro. ¿El resultado? Obvio. A los pocos meses el Juzgado estaba colapsado. Para subir las escaleras que daban acceso al Juzgado, había que brincarse los expedientes apilados y que ya no cabían dentro del despacho. ¿La solución? Otra genialidad administrativa de la cúpula judicial. Se creó un segundo Juzgado de cobro y se congeló el ingreso de expedientes al primero. ¿El resultado? Obvio. Poco tiempo después también colapsó. ¿La solución? Nuevamente se creó otro juzgado, el tercero. ¿El resultado? Obvio. Está colapsado. ¿A quién se le ocurre pasar a un sólo juzgado, el 87% del circulante de seis Juzgados, cerrando sólo dos de los seis existentes previamente y creando un único juzgado de cobro judicial? ¡A nuestros jerarcas judiciales! Actualmente la Corte esconde la génesis del problema presentando estadísticas de un aumento importante del circulante (número de expedientes que se tramitan) y pretende resolver el problema con una tasa o impuesto que deban pagar los acreedores que deban ejecutar las garantías dadas por sus deudores que no pagan. El frío no está en las cobijas. El sistema está mal diseñado. La distribución de recursos fue la peor y eso no se resuelve dando más recursos. Se resuelve haciendo una gestión acertada.

Reforma Procesal Laboral

Nuevamente la cúpula judicial dio claras muestras de su enorme e ilimitada incapacidad administrativa. Se anunció con bombos y platillos que se iban a aligerar los procesos laborales y que la justicia laboral iba a ser más accesible para los trabajadores. En un acto de absoluta demagogia política, impropia del Poder Judicial, se decidió abrir el nuevo juzgado de trabajo a la par de una parada de buses y así los trabajadores ni siquiera tuvieran que cruzar la calle para presentar sus demandas. ¿El resultado? Lo esperado. La Corte abrió la jurisdicción laboral a dimensiones que es incapaz de manejar. Según el artículo 513 del Código de Trabajo, contestada la demanda el juez debe señalar para una audiencia que se debe celebrar dentro del mes siguiente. Muy poco tiempo después de entrar en vigencia la nueva ley, ya hubo señales de colapso. El señalamiento para juicios ya toma más de un año.

Este proceso debe revisarse pero no con una mirada judicial sino integrando a los abogados y abogadas litigantes, las grandes víctimas junto con sus clientes de estos adefesios jurídicos.

Código Procesal Civil

Otro fracaso. Antes de las reformas que a la estructura judicial introdujo ese Código, la justicia civil estaba organizada en una primera instancia con Juzgados Civiles de Mayor y Menor Cuantía, Tribunales Colegiados que conocían en segunda instancia de los recursos de apelación de las resoluciones y sentencias de los Juzgados Civiles de Mayor Cuantía (las apelaciones de los juzgados de menor cuantía eran conocidas por los juzgados de mayor cuantía).

En relación con el número de jueces, antes de la reforma el I y II Circuito Judicial de San José estaba organizado así:

Casación: 5 magistrados

Segunda Instancia:

  1. a) Tribunal I: 4 jueces
  2. b) Tribunal II Civil: 7 jueces

Total jueces de Apelación: 11 jueces.

Primera Instancia Mayor Cuantía

  1. a) Juzgado Primero Civil: 2 jueces
  2. b) Juzgado Segundo Civil: 3 jueces
  3. c) Juzgado Tercero Civil: 3 jueces
  4. d) Juzgado Cuarto Civil: 2 Jueces
  5. e) Juzgado Civil de Guadalupe: 4 jueces.

Total: 14 jueces.

Primera Instancia de Menor Cuantía

  1. a) Juzgado Primero Civil de Menor Cuantía: 2 jueces
  2. b) Juzgado Segundo Civil de Menor Cuantía: 2 jueces
  3. c) Juzgado Civil de Menor Cuantía de Guadalupe: 3 jueces

Total: 7 jueces.

En cuanto a circulante (es decir, los casos atendidos según tipo de asunto), para los años 2017 y 2018, era así:

  1. Un 27,7% en el 2017 y un 24,2% en el 2018 correspondía a juicios ordinarios de mayor cuantía.
  2. El restante 72,3% y 75,8%, respectivamente, a los demás juicios (abreviados, desahucios, interdictos, otros sumarios, ejecuciones, procesos sucesorios, cautelares y prueba anticipada). Los Juzgados de menor cuantía, en esos mismos años tuvieron un circulante de juicios ordinarios para el año 2018 de un 0,3%.

El primer hecho importante de lo que hasta aquí he señalado es que los juicios ordinarios de mayor cuantía (aproximadamente, el 26% del circulante total), antes de la reforma eran atendidos en primera instancia por 14 jueces y en segunda instancia por 7 jueces. Todo el resto de los juicios (un 74% del circulante total) eran atendidos por 18 jueces.

Con el nuevo Código Procesal Civil, en el I y II Circuito Judicial de San José se eliminaron los Juzgados de Mayor y Menor Cuantía (atendidos por 21 jueces) para crear una nueva estructura que se compone de 3 Juzgados Civiles (atendidos por 12 jueces) y 2 Tribunales Colegiados de 1ª. Instancia Civil (atendidos por 21 jueces divididos en 7 secciones de 3 jueces cada una).

Además, se elimina el recurso de apelación en los juicios ordinarios de mayor cuantía, que era atendido por 7 jueces quedando ahora sólo el recurso de casación, es decir, los procesos civiles de mayor trascendencia ahora se fallan en única instancia, únicamente con recurso de casación, atendido por la Sala I de Casación de la Corte Suprema de Justicia e integrada por 5 magistrados.

Lo que he señalado en el punto anterior supone que del 100% del circulante que era visto en primera instancia (tanto para menor como para mayor cuantía) por 21 jueces se toma alrededor de un 26% del circulante, conformado por los procesos ordinarios de mayor cuantía (los de menor cuantía eran insignificantes), para ser conocido por dos Tribunales de Primera Instancia Civil integrados por 21 jueces y el resto del circulante de aproximadamente un 75% se le deja a 4 Juzgados Civiles, en manos de 16 jueces.

Toda este mamarracho organizacional supone serias deficiencias en la nueva organización judicial:

  1. Los Tribunales Colegiados de 1ª. Instancia Civil, tienen el mismo número de jueces de la anterior organización que veía todos los juicios civiles, (21) para atender el 26% del circulante.
  2. Los Juzgados Civiles que antes veían todos los juicios civiles con 21 jueces, ahora son atendidos por 12 jueces.
  3. La segunda instancia dejó de existir y no sé dónde están los 7 jueces de la Sección 2ª. del Tribunal II Civil que atendían las apelaciones de los procesos ordinarios.
  4. Los juzgados civiles actuales están colapsados con el circulante actual y los Tribunales de 1ª. Instancia Civil están vergonzosamente subutilizados.
  5. La Corte tuvo que alquilar un nuevo edificio (antigua Clínica Santa Rita y así en muchos otros circuitos judiciales) para tener espacio suficiente para los nuevos Tribunales de 1ª. Instancia Civil (que requieren salas de juicio por la oralidad que implementa).
  6. Además de que ahora los juicios ordinarios que los atendía un sólo juez son atendidos por tres, como si fuera poco, la Corte les subió la categoría y con ello, su salario. No existe ninguna razón que lo justifique, salvo la mano dispendiosa de jerarcas irresponsables.

Se invirtieron en su implementación miles de millones de colones, hasta se alquilaron edificios exclusivos para la instalación de los nuevos y flamantes Tribunales de Primera Instancia Civil que conocerían de los procesos ordinarios, dejando a los Juzgados Civiles de los demás asuntos. ¿El resultado? Mayor atraso, mayor colapso, mayor mora. Menos calidad de las resoluciones.

Se debe revisar la distribución de competencias. Se debe restablecer el recurso de apelación contra las sentencias de primera instancia. Se debe revisar cuáles resoluciones tienen recurso de apelación, todo con carácter de urgencia. Se debe revisar la distribución de recursos toda.

Código Procesal Agrario

La entrada en vigencia de este código ya ha sido pospuesta en dos o tres ocasiones. ¿La razón? Muy sencilla. Aunque en su trámite legislativo una ex-magistrada y su entonces lacaya afirmaron que no representaba costo alguno para la Corte, la realidad es que su implementación vale miles de millones de colones y ni la Corte ni el país tienen el dinero para ponerlo a funcionar. Es inviable. Sugiero que se derogue y que, partiendo de la ley actual y de la estructura de la jurisdicción agraria con que cuenta la Corte hace ya varias décadas, se hagan las reforman que la remocen y actualicen. Para eso no es necesario continuar con una reforma que sólo va a demeritar la administración de justicia, haciéndola más lenta y a un costo mucho mayor que lo que cuesta hoy día la justicia agraria.

Jurisdicción de crimen organizado

En este caso, se dio la confluencia de muchos factores negativos. Recuerdo dos. El populismo legislativo y el populismo del mal recordado presidente de la Corte Suprema, Chinchilla Sandí. También, al igual que el Código Procesal Agrario, su entrada en vigencia ha sido postergada en dos o tres ocasiones, porque no hay dinero para implementarla. En este punto en particular, el país debe tomar una decisión muy simple. Seguimos gastando miles de millones de colones en la estrategia de lucha al narcotráfico que nos impone los Estados Unidos de América y que en ningún país del mucho, pobre o rico, ha sido exitosa, o buscamos una política propia (que por cierto no veo otra que la legalización). Esta ley debe derogarse. No conduce a nada. Si quieren que un Tribunal específico vea casos de crimen organizado basta un acuerdo de Corte Plena para crearlo y asignarle esa competencia. Es una vía mucho más barata y sencilla.

Código Procesal de Familia

Nuevamente un código cuya implementación costará miles de millones de colones y cuya entrada en vigencia también ha sido pospuesta. Entre los procesalistas criollos se ha creído que oralidad es sinónimo de justicia pronta. La reforma procesal laboral y el Código Procesal Civil prueban fehacientemente que no es cierto. La oralidad es excesivamente cara y no garantiza que la administración de justicia mejore. Este código se matricula con esa equívoca tesis y va directo al fracaso. Hay que reformarlo antes de que entre en vigencia tal cual fue aprobado por el parlamento.

Elección de magistradas y magistrados

El talón de Aquiles de nuestra alicaída administración de justicia. Después de los sonados casos judiciales contra algunos ex-presidentes que lamentablemente no están en la cárcel, nuestra clase política se abocó a tomar el Poder Judicial. Empezaron nombrando magistrados a su gusto y antojo. Como resultado, desde entonces han sido electos muchos magistrados por su sola afinidad con quienes los eligen, sin importar sus méritos. Como son fichas políticas, no tienen ninguna conciencia institucional y han llegado a politizar el cuerpo judicial todo. Se concentran en labores administrativas y han dejado de lado su función esencial, que no es otra que la de resolver como jueces (que al final de cuentas no es lo que se ha elegido). Se ha convertido la función esencial de la magistratura en la integración de una desdichada Corte Plena donde abunda la mediocridad, el chisme, la lucha por cuotas de poder y una odiosa megalomanía.

Tanto se ha carcomido la institucionalidad que el máximo tribunal de cualquier estado de derecho, guardián de su norma fundamental, es ahora un Sala politizada, con una competencia desbordada, en fin, una vergüenza nacional a la que la Corte Interamericana le ha tenido que dar clases de derechos humanos en no pocas ocasiones.

Lamentablemente a los gobiernos de turno o no les importa o sólo utilizan la debilidad judicial para hundir más a la Corte. Los tres poderes de la república son cómplices por acción y por omisión de tener en jaque a uno de los pilares más sólidos de cualquier democracia. ¿Hacia dónde vamos?

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