La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de revocar su fallo de 1973 sobre el aborto, Roe vs Wade, significa que en 26 estados es seguro o al menos probable que se penalice el aborto, instantáneamente quitando el derecho a mujeres y niñas a elegir y tomar decisiones informadas sobre sus propios cuerpos. La penalización del aborto no elimina las prácticas abortivas, sino que elimina el acceso a abortos seguros, dejando a muchas personas en situación de vulnerabilidad y sumiendo en el caos la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas estadounidenses.

Para comprender el peligro, la vergüenza y el estigma al que se enfrentaban las personas al intentar abortar en Estados Unidos antes de Roe v. Wade, lea el testimonio de una mujer que lo experimentó personalmente.

Fran Moreland Johns, actualmente de 88 años, fue violada por su jefe a sus 22 años: "Abortar fue más vergonzoso que haber sido violada", dijo. "(Después del aborto) fui a mi obstetra y me preguntó: ¿Quién te ha hecho esto? - No se lo dije a él, ni se lo habría dicho a nadie-. Mi lealtad era con el abortista: me devolvió la vida".

Por desgracia, es posible que volvamos a ver estas prácticas y actitudes.

Incluso hoy en día, la decisión de abortar no es fácil, las mujeres suelen dar prioridad al bienestar de su hijo no nato, como fue el caso de Sara. "Si hubiera tenido un hijo con mi agresor, la vida de mi hijo se habría roto desde el principio. No es justo para ellos".

Las mujeres de comunidades pobres y marginadas sufrirán las consecuencias de la derogación, y esto conlleva un claro componente racial. Es bien sabido que las mujeres negras en Estados Unidos, sin importar el nivel educativo, son más propensas a sufrir las consecuencias de políticas restrictivas del aborto, asociado a un menor acceso a servicios de aborto y a un mayor riesgo de nacimientos no deseados en adolescentes.

Las mujeres y niñas ya enfrentaban una fuerte batalla para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva incluso antes de la derogación. Por ejemplo, durante el pico de la pandemia de la COVID-19, el 68% de los servicios reproductivos, incluyendo el aborto seguro y la atención post-aborto, estuvieron al menos parcialmente interrumpidos.

Los efectos de esta derogación se extenderán más allá de las fronteras de Estados Unidos. Como se suele decir, cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Debido a la derogación, los expertos pronostican una disminución de financiamiento bilateral y multilateral por parte de Estados Unidos, reduciendo su apoyo a millones de personas en todo el mundo que necesitan acceder a servicios de planificación familiar y de aborto.

La sentencia de Estados Unidos otorgará una falsa legitimidad a aquellos que buscan restringir los derechos de las mujeres en todo el mundo, y puede impulsar a algunos países a adoptar leyes de aborto regresivas y restrictivas. Esto tendrá enormes implicaciones, particularmente en el actual contexto global, en el que tantas personas se han tenido que desplazar fuera de sus países debido a conflictos y otras catástrofes. Por ejemplo, más de 7,5 millones de refugiados han huido de Ucrania a países cercanos, poniendo en riesgo a mujeres y niñas que necesitan servicios de aborto seguro. Los datos muestran que la planificación familiar, el aborto y los servicios post-aborto son algunas de las intervenciones más descuidadas en los entornos de conflicto, donde a la vez se observa un aumento desenfrenado de violaciones y casos de violencia sexual y de género.

Las adolescentes están especialmente en riesgo. Dada su edad, les suele ser más difícil pagar una atención segura o trasladarse largas distancias, lo cual puede limitar peligrosamente su acceso al aborto. Estos factores, así como el miedo al estigma y la vergüenza, pueden hacer más probable que busquen alternativas inseguras. Cada año ocurren alrededor de 3,9 millones de abortos inseguros en personas de entre 15 y 19 años, lo cual contribuye a la mortalidad materna, la morbilidad y los problemas de salud duraderos. Aún cuando el parto ocurre, las adolescentes adquieren otros problemas que pueden durar toda la vida. Complicaciones durante el embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años en todo el mundo.

Cambio de paradigma

Hoy más que nunca, es crucial que los líderes protejan con firmeza los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.  Los líderes del G7 definirán medidas para hacer frente a la violencia sexual y de género durante la reunión de este año en Alemania. El próximo año, bajo el liderazgo de Japón, los líderes del G7 tendrán la oportunidad de situar estas cuestiones en una agenda ampliada para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como para la cobertura universal de salud.

Debe haber compromisos respaldados por marcos jurídicos de derecho que apoyen políticas progresistas sobre el aborto, la salud, y los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres deben liderar los debates y la elaboración de políticas públicas, exigiendo la tan necesaria justicia reproductiva que reconozca el derecho de las mujeres y las niñas a elegir y la autonomía sobre sus propios cuerpos.

Para ello, es necesario un cambio de paradigma que otorgue prioridad a los derechos de las mujeres y las niñas en las políticas y planes de los países. Las decisiones en materia de financiamiento deben guiarse por datos empíricos de salud pública y no por conflictos constitucionales y socioculturales. Los países deben establecer flujos de financiación explícitos y no partidistas para los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva.

Todos los países deben responsabilizarse por la ejecución de estos objetivos. Los jóvenes, que son los más afectados, pueden desempeñar un papel fundamental y asegurarse que la comunidad global rinda cuentas. El mundo necesita escuchar sus voces y protestas de forma clara y contundente para asegurarnos que la salud y los derechos sexuales y reproductivos vuelvan a tomar un camino adecuado tras el bombazo de la derogación de Roe v. Wade.

PMNCH, la alianza global más grande por la salud y los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, emitió esta declaración tras la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de anular la sentencia histórica emitida en 1973 sobre el derecho al aborto, Roe vs Wade.

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