El contexto internacional y nacional está siendo determinado por factores sociales, económicos, políticos y sanitarios de gran magnitud, enfrentándonos a retos muy complejos. No salimos aún de la pesadilla de la pandemia provocada por la COVID-19 y ya tenemos otros problemas que afectan la calidad y costo de vida de las personas.

Por ejemplo:

  • Del 2020 a hoy, el precio de los alimentos ha aumentado un 52%.
  • De diciembre de 2021 a hoy, el precio internacional del petróleo subió un 48%.
  • En los últimos tres meses, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha subido la tasa de interés en 0.75%.
  • La guerra en Ucrania y la crisis de contenedores provocan fuertes aumentos en los precios de las materias primas.
  • Por su parte, en la reunión anual del Foro Económico Mundial, la semana pasada, varios líderes políticos y empresariales mundiales expresaron su preocupación sobre una posible recesión “con un efecto tremendo en la estabilidad mundial”.

Vivimos en un mundo interdependiente y lo que acontece en otras latitudes del planeta tiene profundo impacto en Costa Rica.

En materia económica, son muchos los temas que preocupan a la población costarricense. Por ejemplo, el incremento sostenido del precio de los combustibles. Estamos a punto de pagar ₡1.000 por litro de gasolina. Esto tiene secuelas en prácticamente todas las actividades diarias. Todo se encarece y afecta negativamente la producción y el presupuesto de las familias.

Por tal razón, nuestra fracción apoya el expediente No. 22.914, Ley para la contención temporal del aumento al impuesto único a los combustibles, para bajar la tarifa en ₡100  de la gasolina super, regular y diésel por 12 meses y, en igual plazo, exonerar del pago de este impuesto a sectores sensibles como el transporte de personas y el agro.

Como medida compensatoria ante el faltante recaudatorio que se generaría, calculado en alrededor de unos ₡286.000 millones, proponemos:

  1. Que los $200 millones ofrecidos al país como préstamo por parte del BCIE, sean priorizados para compensar el impacto total de la rebaja en combustibles en caso de aprobarse el expediente 22.914 y, que, posteriormente, se retome el subsidio al transporte público propuesto por el Ejecutivo, siempre y cuando, contemos con un sistema de pago electrónico que asegure la demanda real. Y, no hay que olvidar, el sector transporte ya contaría con una beneficiosa exención sancionándose esta iniciativa.
  2. Con ese mismo fin, usar las utilidades de las empresas del Estado y los superávits de las instituciones autónomas, de donde podrían obtenerse cerca de ₡448 mil millones d según nuestros cálculos.

Así las cosas, existe buena voluntad política en la oposición y hemos planteado un vasto abanico de opciones al Gobierno por casi ₡450 mil millones, para cubrir cualquier desbalance presupuestario que pudiera generarse.

Además, hemos propuesto que se investigue todo lo relacionado con los nuevos modelos para la fijación de los precios de los combustibles. Por ello, presentamos una moción ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público con el fin de vislumbrar puntos de mejora y mantener a la ciudadanía informada sobre tan trascendental tema.

Si el Gobierno no toma decisiones de forma pronta y oportuna, la inflación y el aumento en el costo de la vida seguirán creciendo, y afectando la calidad de vida de las costarricenses y los costarricenses.

Según datos del INEC, la inflación interanual alcanzó el 7,1%, siendo una de las más altas de los últimos diez años. Esto se traduce, en una pérdida del valor del dinero que afecta la capacidad adquisitiva de las personas. Como resultado, tendremos a más personas en condición de pobreza.

Otro aspecto de enorme interés es el tipo de cambio. Los costarricenses también estamos “sufriendo” el alza en el precio del dólar. De abril 2020 a mayo 2022, el tipo de cambio se devaluó ₡114; es decir, un 20% de aumento.

¡Un dólar ya roza los ₡700! Los principales perjudicados son 756.000 personas físicas y 21.000 personas jurídicas (principalmente empresas) que tienen créditos en dólares, cuando más de un 90% de ellas no genera ingresos en esa moneda. Según datos del Banco Central de Costa Rica, el endeudamiento en dólares del sector privado es de alrededor de $38 mil millones.

Nuestra propuesta como partido consiste en una ley que permita la conversión de estos créditos, que se exoneren temporalmente los gastos de traspaso y formalización, así como eliminar las multas por pagos anticipados.

El desempleo también nos alarma. En el periodo 2018-2022, el país ha venido registrando los más altos índices. Según la última Encuesta Continua de Empleo, la tasa fue de 13,6%, para el primer trimestre de 2022, lo que significa 330 mil personas sin empleo, en condicón de pobreza y forzadas a buscar la informalidad. Sin una agenda robusta de proyectos para reactivar la economía, el desempleo seguirá siendo un pesado lastre para el desarrollo nacional.

En conclusión, el país no puede esperar más. Nos acercamos a una nueva recesión global, que tendrá peligrosas consecuencias negativas. Por lo cual, corresponde estar preparados y empezar a tomar decisiones, si queremos hacer algo a corto y mediano plazo para bajar el alto costo de la vida y mejorarla sustantivamente.

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