Hay dos temas dentro de la vida política y social del país que tienen la mayor importancia: la forma en que elegimos a los diputados y el financiamiento de las campañas políticas. Extrañamente ninguno de esos dos temas fue objeto de debate durante la campaña que culminó el 6 de febrero ni tampoco en la que culmino el 3 de abril.

Sobre la forma en que elegimos a los diputados

Continuamente leemos en los medios de prensa y en las redes sociales el clamor de la gente porque se adopte un nuevo modelo para la elección de diputados. El modelo en vigor es perverso, y no solo produce malos resultados, sino que atenta contra la representatividad política. Las listas cerradas y bloqueadas no solo impiden al elector saber por quién vota, sino que lo dejan merced de quiénes elaboran dichas listas. Los resultados son de todos conocidos: un escándalo sucede a otro. La reseña que hace la Revista Dominical de La Nación este 8 de mayo es elocuente. Hoy son los diputados que se ponen en el bolsillo millones de colones provenientes de cuentas de gasolina que nunca han utilizado en su trabajo y, además defienden tal práctica como si fuera correcta. Antes fueron diputados que sirvieron de mandaderos y de gestores de oscuros personajes a los que se sigue causa por narcotráfico. Los diputados no representan a los electores de su provincia; algunos ni siquiera representan al partido político cuya lista los incluyó, ya que han desertado de la fracción de su partido para declararse “independientes”.

En Costa Rica la democracia es una democracia funcional merced a la eficacia con la que el TSE gestiona el proceso electoral, pero es una democracia mediatizada.

La crisis de la representación política es grave y profunda, como que dio lugar a dos fenómenos que la desnudan: una proliferación de partidos políticos en contienda como nunca habíamos visto y un elevadísimo abstencionismo, que supero el 40% en promedio y un descorazonador 50% en las zonas costeras y fronterizas, evidenciando que para la Costa Rica de la periferia las elecciones significan muy poco. En Francia el abstencionismo se acercó al 30 % y la opinión pública francesa está alarmada. Aquí superó el 40 % y nadie se alarma. Esa cifra es insuficiente para sacar a la clase política de su zona de confort.

Creo que es el resultado de la que la contienda política se produce a espaldas del electorado. Por una parte, las listas de diputados son producto de conciliábulos de caciques. Por otra, la proliferación de partidos confunde a los electores y provoca su desdén por el proceso electoral.

Una de las virtudes del Sistema Mixto Proporcional, propuesto por una organización activista ciudadana, y que el gobierno de Carlos Alvarado puso en conocimiento de la Asamblea Legislativa, es que propone la división del país en Distritos Electorales (DEs), que elegirían a la mitad de los diputados, esquema que promueve el acercamiento entre la clase política y el electorado. El candidato que en su DE no se acerque al electorado, que no interactúe con el electorado, asegura su derrota, porque seguro que sus contendores sí lo harán. Su propio partido le va a exigir mantener ese contacto, no solo para promover su propia candidatura sino también para promover a su partido y a su candidato presidencial. Ello debería contribuir a mitigar el tan desolador desinterés del electorado de la periferia. Poco a poco la presencia y actividad de interlocutores políticos en cantones que nunca han elegido un diputado a la Asamblea daría lugar a una participación ahora moribunda. Entonces podríamos hablar de una democracia verdaderamente representativa. La creación de una cultura de participación ciudadana en la política corre a cargo de los partidos políticos, esas entidades tan venidas a menos en nuestro país, y entonces el despertar no sería cuestión de una elección, sino de varias.

Las elecciones municipales son una referencia para prever cómo funcionaria el modelo en la práctica. Haber separado las elecciones municipales de las elecciones nacionales ha sido un acierto del TSE. Con ello se evita, al menos en teoría, que los gobiernos locales sean elegidos por el voto de arrastre, dando oportunidad al electorado de los cantones de examinar a los candidatos.

Digo en teoría, porque en la práctica el sistema exhibe más carencias que virtudes, ya que no existe cultura de participación en el electorado y los partidos en contienda en los cantones no se han preocupado por formarla, supongo en parte que por carencias de financiamiento.

Entonces, la reforma del sistema mediante el cual elegimos a los diputados requiere, para que opere con éxito, de una reforma al sistema de financiamiento de los partidos y de las campañas políticas.

Sobre la reforma del financiamiento de los partidos y de las campañas políticas

Como es sabido, bajo el modelo actual hay un desfase entre la necesidad de recursos en campaña política y el acceso real a dichos recursos, que se da mucho tiempo después. Este desfase favorece la incursión de capitales de dudoso origen y de especuladores que lucran con la contribución que el Estado hace a los PPs. Además, prácticamente no hay partido político que no se haya visto señalado, y algunos condenados, por intentar maniobras ilegales para allegar fondos del aporte estatal a las arcas de su partido.

En 2013 varios diputados de la época acogieron el proyecto de ley 18.739, concebido por el Tribunal Supremo de elecciones (TSE), que reformaría el financiamiento que el Estado otorga a los Partidos Políticos (PPs). El proyecto tenía la virtud de proponer reformas al código electoral y no a la Constitución Política, lo cual habría facilitado su adopción.

Los aspectos medulares que la reforma plantea son los siguientes:

  • Propone eliminar los certificados partidarios de cesión de deuda, por cuanto facilitan el ingreso de dinero negro a la contienda política y porque son una fuente de inequidad, ya que favorecen a los PPs que circunstancialmente se vean favorecidos por las encuestas.
  • Propone que los PPs accedan anticipadamente al 50 % de la contribución estatal calculada de antemano.
  • El segundo aspecto medular es el financiamiento indirecto de las campañas políticas, que pondría a disposición de los PPs franjas en los medios de radio y televisión, contribución que se obtendría de forma gratuita de los concesionarios de estos servicios. El razonamiento es que el espectro electromagnético utilizado por estos medios de difusión pertenece a todos los costarricenses.

Las emisoras de radio y televisión estarían obligadas a ceder franjas de 30 minutos diarios destinadas a propaganda durante la campaña electoral. El 60 % del tiempo se distribuiría equitativamente entre los distintos PPs en contienda. El restante 40% se distribuiría en proporción a su representación parlamentaria o en el Concejo Municipal, según corresponda a la elección.

El proyecto pone un techo a la contratación de franjas de propaganda en los medios: solo podrán alcanzar un 100% de los espacios que el TSE pondrá gratuitamente a su disposición. Este aspecto es, a mi juicio, progresivo porque beneficia la equidad entre partidos y porque evita el continuo encarecimiento de las campañas políticas.

  • La puesta a disposición del 50 % antedicho queda condicionada a la rendición de garantías suficientes para el reembolso, en caso de que el partido político beneficiado con dicho adelanto no alcance el porcentaje mínimo de votos que estipula la Constitución, que es un 4%.
  • El 80% de la suma adelantada se asigna en beneficio de los PPs inscritos en escala nacional y el 20% en beneficio de los PPs inscritos en escala provincial.
  • La contribución se desembolsaría en partes iguales. Aunque esto parezca equitativo, es cuestionable que un partido de muy pequeño caudal electoral tenga acceso a una contribución de igual cuantía que un partido de gran caudal electoral.
  • El proyecto contempla extender el beneficio del aporte anticipado a las elecciones municipales, bajo las mismas reglas antedichas.
  • El proyecto también estipula que los concesionarios de rutas de autobuses deberían prestar el servicio gratuito durante el día de los comicios, sean éstos nacionales o municipales, una previsión a mi juicio innecesaria por el escaso impacto que tendría en el resultado electoral.

Esta iniciativa tan importante no progresó, entiendo que debido a la oposición de los intermediarios financieros, que son quienes realmente se benefician de las sumas tan importantes que los contribuyentes aportamos para robustecer la democracia. Una reforma de esta naturaleza no solo democratizaría la difusión de las propuestas electorales de los PPs sino que con certeza contribuiría a disminuir el aporte del Estado al financiamiento político.

En 2016 un nuevo proyecto de ley,  expediente 20.117, que reformaría el financiamiento que el Estado otorga a los PPs, ingresó a la corriente legislativa. Sus aspectos medulares son:

  • el modelo migraría del actual sistema de reembolso a uno de aporte directo, eliminando del artículo 96 de la Constitución la frase “los PPs deberán comprobar sus gastos ante el TSE”.
  • El proyecto propone la modificación del artículo 96 de la Constitución y no propone ninguna enmienda del código electoral, sino que enuncia que la regulación corresponderá a la ley, dejando la reforma al código electoral para un momento posterior.
  • Introduce el concepto de financiamiento directo para designar el aporte que el Estado hace en dinero transferido al partido político y designa como financiamiento indirecto el que el Estado aporta en especie.
  • Introduce el concepto de ‘valor por voto’ según el cual, de la fracción de la contribución estatal que corresponda a financiamiento directo, se asignará a cada partido la fracción que corresponda al porcentaje de los votos válidamente recibidos por dicho partido en la elección correspondiente, siempre y cuando haya obtenido más del 4% de los votos válidamente emitidos o el partido en cuestión haya elegido al menos un diputado, o bien un regidor cuando se trate de los comicios municipales.
  • La reforma incluye un párrafo relativo a la fiscalización del uso de los recursos que se asignen a los PPs, la cual será regulada oportunamente en la ley. Como la reforma constitucional no lleva en paralelo una reforma al código electoral, el TSE se ha mostrado suspicaz: ha dicho, al responder a la consulta sobre el proyecto, que se opone a cualquier intento por generar opacidad, legitimar abusos o dejar impunes usos inadecuados de los recursos públicos.
  • La reforma propone que se adelante una parte del financiamiento directo mediante el otorgamiento de la caución correspondiente. Esta norma, tal como está redactada, pone una barrera a los PPs menores tanto como a los PPs emergentes.
  • La reforma propone que el financiamiento indirecto sea administrado por el TSE y que la ley regulará qué porcentaje del total de los recursos disponibles corresponderá a financiamiento indirecto, así como los distintos tipos de financiamiento indirecto que existirán. La reforma se concentra en facilitar a los PPs el acceso al financiamiento post electoral, eludiendo todas las dificultades que el actual sistema de reembolso contiene.

Por una parte, los proponentes llevan razón en querer facilitar el acceso a los recursos, ya que el sistema en vigor tarda una eternidad en ponerlos a disposición de los PPs con derecho a ellos. Por otra parte, considero la reforma regresiva por cuanto la verdadera democratización del aporte tan sustancial que el contribuyente realiza a través del financiamiento a los PPs pasa porque los recursos sean provistos por el TSE en especie, como sería básicamente poner gratuitamente a disposición de los PPs, de manera equitativa, franjas para la emisión de propaganda electoral en las emisoras de radio y de televisión. Aunque la propuesta lo menciona, lo hace con mucha timidez, dejándolo para que sea definido por ley. En contraste, la reforma concebida por el TSE era mucho mas clara y contundente en este aspecto medular.

Ninguno de los proyectos establece un techo para la cuantía de las contribuciones de las personas físicas, alentando con ello que continúe la influencia del gran dinero en la contienda electoral, como lo acabamos de ver en la pasada contienda, y que los PPs resulten cautivos de los intereses de los grandes contribuyentes.

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