Recién se cumplieron tres décadas del homicidio del juez italiano Giovanni Falcone, y muchas actividades se realizaron a lo largo del planeta —principalmente en Italia—, y hasta el señor magistrado Fernando Cruz Castro participó en uno de estos recordatorios. También, no quiero olvidar al juez Rosario Livatino, quien al igual que a Falcone, fue asesinado por la mafia, ambos justamente por cumplir con su deber de forma valiente y con base en la ley. Incluso, este último fue beatificado por el Papa Francisco, porque no sólo fue un hombre correcto en su obrar, sino que nunca se dejó corromper, además “se esforzó por juzgar no para condenar sino para redimir” dijo el Papa al respecto.

Ambos, son ejemplos de cómo se debe proceder en la función judicial, su vida estuvo llena de desafíos, y siempre el norte fue la aplicación de la legislación, y un no rotundo a todo acto de corrupción. También, Costa Rica ha tenido jueces y juezas íntegras, fiscalas y fiscales probos, y no me cabe duda de que muchos de ellos jubilados ya, son un ejemplo para todos los que estamos ocupando sus puestos en la actualidad, y por gracia, no debemos recordarlos como mártires de la justicia.

Increíblemente, tantos años después se repite la historia en nuestra región, ya que en un sólo mes han sido asesinados tres fiscales en América Latina: Marcelo Pecci de Paraguay mientras disfrutaba de su luna de miel y esperaba un hijo, la fiscala ecuatoriana Luz Marina Delgado, y este también fatídico viernes 27 de mayo, la fiscala hondureña Karen Almendares. Todo esto no sólo es dramático, digno quizás de uno de los círculos del infierno de Dante, sino reprochable con toda la fuerza de nuestro ser y voluntad.

No podemos estar tranquilos, ni pasivos ante la barbarie que se está ejecutando en nuestra región latinoamericana, sino que, por el contrario, debemos estar alertas y tomar todas las medidas del caso para evitar a toda costa que esto suceda. Hace poco tiempo abogaba que, ante la implementación de la nueva jurisdicción de crimen organizado en nuestro Estado costarricense, se otorgaran las condiciones óptimas, razonables, justas, equitativas y acordes con la responsabilidad que los fiscales, jueces, oficiales del OIJ y defensores públicos seleccionados iban a asumir.

Además, comenté que, para salir de las zonas de confort, era esencial que las condiciones aportadas fuesen llamativas para constituir una jurisdicción fuerte, por ende, no sólo es básico que las instalaciones sean seguras, sino que quienes ahí laboran deben contar con espacios adecuados de parqueo, así como condiciones salariales adecuadas al grado de riesgo, que como vemos está muy cerca de nuestras fronteras.

No basta con llenar las vacantes, sino que sea con las personas más preparadas, con servidores y servidoras que sean probos, y que no posean circunstancias “especiales” que los hagan proclives a ofrecimientos indebidos. También es muy importante la experiencia, no sólo de cinco años, sino de más años, para así tener una jurisdicción fuerte en todos los frentes: jueces que apliquen la ley de forma correcta y justa, fiscales que cumplan su labor a cabalidad, defensores que garanticen que sus defendidos van a ser adecuadamente juzgados, y oficiales del OIJ que contribuyan con la averiguación de la verdad, conforme a la dirección funcional de la fiscalía.

Todo esto, se constituirá en la “colocación de una piedra tras otra piedra” lo que garantizará que los funcionarios estén protegidos por el ejercicio de su labor y que el país cuente con una jurisdicción fortalecida, e inmune a cualquier acto de corrupción. Finalmente, ya está en movimiento todo el mecanismo de selección de las personas a contratar; les deseo todos los éxitos a las autoridades encargadas (sobre las cuales hay una gran responsabilidad), ojalá que las condiciones que se están ofreciendo sean suficientes para captar a las personas idóneas, adecuadas y con la capacidad para asumir este reto histórico.

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