Los altísimos porcentajes de abstencionismo registrados en los cantones de la periferia, tras la jornada electoral del 6 de febrero, son una manifestación clara e inequívoca de parte de los ciudadanos de estos territorios y hacia los partidos políticos, de que no se sienten escuchados ni representados en las distintas políticas públicas de los gobiernos de turno.

Seguir ignorando estos resultados, es también ignorar la realidad de estas comunidades costeras y consecuentemente, condenar al país al fracaso en materia de desarrollo. Porque, no se trata de solo un sentimiento de quienes habitan en las zonas de la periferia, las cifras les dan la razón.

Por ejemplo, el cantón de Matina, que tuvo un abstencionismo del 51, 52% es el cantón con el más bajo índice de desarrollo humano de todo el país, de acuerdo con los datos del Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2021, construido por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Otros cantones, como La Cruz con un 58,19% de abstencionismo; Talamanca con un 54,44% y Los Chiles con 54,03%, que se ubican entre los cinco escalones más bajos del ranquin, comparten el mismo comportamiento, al superar con creces, el promedio nacional en cuanto al no ejercicio del sufragio (que fue del 40,29%).

Reconocer las diferencias de estos territorios, con respecto a la Gran Área Metropolitana y así como las disparidades a lo interno de las mismas, es fundamental para que las políticas públicas, tengan el impacto esperado en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y del impulso del desarrollo productivo en el territorio.

El mismo Programa Estado de la Nación (PEN), en su informe 2021, destacó que “las zonas más rezagadas del país requieren esfuerzos diferenciados respecto a las necesidades que demandan aquellas ubicadas en la gran área metropolitana (GAM)”.

Según los expertos del PEN, reconocer estas diferencias en las actividades económicas dentro de los territorios, puede servir para formular políticas de desarrollo productivo “más precisas según las diferentes dinámicas territoriales”.

Para alcanzar este objetivo, será fundamental la pronta y correcta puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica, Ley N° 10.096, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el 26 de enero del 2022.

En la actualidad, nuestro país enfrenta la imperiosa necesidad de balancear el centralismo de nuestra arquitectura política e institucional, con la construcción de otras alternativas de gestión que impliquen configuraciones innovadoras de trabajo, de toma de decisiones y de articulación.

Pero no solo eso, las acciones públicas, también deberán indudablemente considerar, hoy más que nunca, las especificidades y las diferencias que existen a nivel regional, territorial y local.

De ahí la importancia de la Ley N° 10.096, que le brinda un estatus legal y “más dientes” a la planificación regional.

Garantiza que las necesidades y soluciones vengan desde los mismos territorios, por medio de las Agencias Regionales de Desarrollo (AREDES), que operan como órganos de encuentro de múltiples actores públicos y privados que se juntan en el nivel regional, para fijar los rumbos de desarrollo, priorizar proyectos, y hacer converger iniciativas, recursos y acciones, mediante una participación ciudadana más activa.

El músculo político de las AREDES se derivará de las llamadas Mesas de Acuerdo, definidas como el espacio de encuentro y negociación entre las máximas autoridades nacionales y los más representativos interlocutores regionales.

Los programas y proyectos derivados de los acuerdos entre ambas partes, serán de carácter obligatorio para las instituciones. Tan es así, que las instituciones públicas vinculadas con la ejecución de esos acuerdos de proyectos tendrán obligatoriamente que asignar los recursos correspondientes para su ejecución, en su presupuesto institucional.

Esta posibilidad de incidir realmente en la acción pública y en los presupuestos públicos será un poderoso incentivo para que los distintos actores sociales e institucionales dentro de cada región se involucren en el trabajo y en las decisiones que tomen dichas AREDES.

Ahora bien, los acuerdos no serán antojadizos ni meras ocurrencias, sino que serán derivados de los denominados Planes Estratégicos Regionales de Desarrollo, que serán los instrumentos de planificación de mediano plazo -con diez años de vigencia-, que establecerán los lineamientos y las prioridades para el desarrollo de las diferentes regiones del país, y los que por medio de esta ley serán vinculantes para todo el sector público.

En la medida en que logremos ser efectivos en la ejecución de la ley, podremos devolver la confianza a la población en estos espacios de participación e incidencia política, fortaleciendo a nuestro mismo sistema democrático y su institucionalidad.

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