La Comisión de Género del Poder Judicial manifestó la necesidad de que la designación en la plaza vacante para el puesto de magistratura titular de la Sala Constitucional (Sala IV), que dejó Nancy Hernández, recaiga en una de las candidatas postuladas y entrevistadas por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.
Según informó dicho foro legislativo el pasado 21 de marzo, las seis personas recomendadas son Ingrid Hess Herrera, Hubert Fernández Arguello, Vilma Sánchez Del Castillo, Ileana Isabel Sánchez Navarro, Ronald Salazar Murillo, y Norberto Garay Boza.
La Comisión de Género del Poder Judicial justificó que el cargo actual que se quiere nombrar fue ocupado, hasta diciembre pasado, por una mujer. Advierten en un comunicado:
El nombramiento de un hombre en un espacio que ya había sido asignado a las mujeres y que permitió la progresividad en el efectivo ejercicio de los Derechos Humanos de las mismas, sin duda alguna, implicaría un serio retroceso en la obligación del Estado costarricense de garantizar el avance hacia la paridad de género, en este caso en la conformación de la Corte Suprema de Justicia y de cada una de las Salas que la conforman".
La composición actual de la Corte, considerando solo a las 20 personas que ocupan el cargo en propiedad, es:
- 13 hombres (65%).
- 7 mujeres (35%).
Desde la Comisión del Poder Judicial señalan que la necesidad de la visión de mujeres como magistradas en la Sala Constitucional es "innegable". Recuerdan que su trabajo es fundamental para la incorporación de la perspectiva de género, como metodología de análisis.
Los prejuicios, estereotipos y discriminaciones son razones que aún persisten en la falta de paridad en todos los espacios tanto públicos como privados y sus manifestaciones son múltiples y diversas", señala el comunicado.
Pasaron 158 años desde la creación de la Corte Suprema de Justicia hasta que se designó, en 1984, la primera magistrada y a agosto de 2018, solamente 12 (15%) mujeres fueron nombradas como titulares frente a 61 hombres (85%) en el mismo periodo.
Por tanto, el pedido que hacen a la Asamblea legislativa es que "en lugar de retroceder, den un paso más hacia la paridad de género en la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos".
