El diputado Pedro Muñoz Fonseca (PUSC) defendió su oposición al proyecto de ley 22.226 —que busca reglamentar la reforma constitucional que permite la perdida de credenciales a congresistas y que fue aprobada por esta Asamblea Legislativa en mayo del 2018, pero tiene pendiente la ley que la implemente— asegurando que sería una mordaza para quienes conforman el Primer Poder de la República.
Según señaló el diputado, el que en el artículo 3 del texto sustitutivo aprobado el día de hoy en la Comisión de Asuntos Jurídicos se señale que los congresistas deberán “demostrar y practicar una conducta moral y ética intachable en el ejercicio de su cargo”, se prestaría para cacerías de brujas y juicios políticos, y añadió que con ese texto “entonces alguien va a decidir lo que es la moral y lo que es la ética y cómo es qué nos vamos a comportar”.
Para explicar su posición, Muñoz añadió:
Si yo no estoy de acuerdo con la agenda del Plenario, no puedo mostrar yo mi insatisfacción no haciendo quórum en el Plenario, es una manera absolutamente válida de ejercer mi derecho de diputado, y quedarme en mi oficina viendo lo que está pasando. Pero entonces, algún medio le incomoda que como diputado este en contra de la ley de empleo público, entonces hace un escándalo y eso es moralmente tachable. ¡No señor! Yo escojo no ir al Plenario Legislativo e irme a mi oficina a hacer otras cosas, y como diputado tengo el derecho constitucional”.
Según el registro de asistencia que lleva Delfino.cr el diputado Muñoz Fonseca solo ha estado ausente en 35 de las 739 sesiones del Plenario registradas desde el 1 de mayo del 2018, sin embargo, en ese mismo periodo se ha ausentado a 1041 votaciones de las 1941 registradas, equivalente al 46.36%, practica que le permite cobrar la dieta de la sesión sin estar presente durante la mayor parte de esta.
Dato D+: El registro de asistencia a votaciones que lleva Delfino.cr incluye todos los primeros y segundos debates, todas las votaciones relacionadas a reformas constitucionales, las propuestas de acuerdos legislativos, las vías rápidas, conformaciones de comisiones especiales o investigadoras, las ampliaciones de plazos cuatrienales, así como las mociones de orden que se consideran relevantes por su contenido.
La presidenta del Congreso, Silvia Hernández Sánchez, informó a la prensa hace dos semanas de que está en curso un análisis de medidas a tomar para afrontar otras situaciones irregulares que han sido detectadas por los medios de comunicación a lo largo de este periodo constitucional, incluidos diputados que llegan al Plenario para ser consignados como "presentes" y cobrar la dieta, pero se retiran a los pocos minutos, no participan de los debates ni se quedan a las votaciones.
Aunque cada congresista no tiene un salario como tal, recibe hasta ₡4.000.714,75 mensuales por gastos de representación y dietas (que se pagan por asistir a las sesiones del Plenario Legislativo y de las Comisiones en las que participan). A ese monto total se le aplican las reducciones por impuestos y cargas sociales correspondientes, por lo que el ingreso neto ronda los ₡3 millones mensuales, cifra que no contempla lo que se conoce como “asistencia técnica” a sus labores que incluye 500 litros de combustible y el pago de un recibo telefónico mensualmente.
Mensualmente cada congresista recibe por gastos de representación ₡1,044,116.20 —que son fijos y no depende de su asistencia— y los restantes ₡2,956,598.55 se dividen entre todas las sesiones en las que debieron participar en un mes y se resta el porcentaje de aquellas en las que se ausentaron sin presentar una justificación. Por ejemplo, si en un mes determinado un congresista debía asistir a 16 sesiones de Plenario y 14 sesiones de comisiones, por cada ausencia no justificada se le deberían rebajar ₡98,553.28.
