La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos dictaminó afirmativamente y de manera unánime el expediente 22.430, Ley Nacional de Salud Mental, que presentó la diputada independiente Paola Vega Rodríguez con el fin de fortalecer el sistema de salud mental, de la mano con los derechos humanos.
El visto bueno de la comisión legislativa tuvo lugar este martes y ahora el proyecto de ley pasa al Plenario para buscar su aprobación definitiva en dos debates.
Según el texto sustitutivo acogido por los diputados hoy, la iniciativa tiene como objetivos:
- Garantizar la accesibilidad y la calidad en la atención de la salud mental.
- Fortalecer el sistema nacional de salud mental, el acceso a la atención de la salud mental, la atención pronta y oportuna, así como la referencia y contra referencia al nivel de atención correspondiente de modo que sea posible proporcionar el mejor diagnóstico.
- Fortalecer el modelo de salud mental dirigido al estudio mediante investigaciones científicas, la promoción, prevención, atención, rehabilitación y reinserción con enfoque comunitario.
- Promover y asegurar los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental mediante su inclusión a la comunidad y la promoción, protección y garantía de sus derechos.
- Establecer acciones en promoción de la salud mental y la prevención de trastornos mentales a través de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud.
- Garantizar el derecho a la protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos humanos de todas las personas.
Para la diputada Vega, el dictamen positivo en comisión es un reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas.
Este proyecto busca promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales y fortalecer la atención humanizada en los centros de atención; todo esto en colaboración con las personas profesionales en salud mental desde sus diversos ámbitos y con la priorización de los derechos humanos de las personas pacientes”.
Este dictamen es el resultado del trabajo realizado por más de un año con diferentes instituciones, como el Colegio de Profesionales en Psicología, la Unión Médica Nacional, la Defensa Pública, organizaciones no gubernamentales abocadas a la promoción de la salud mental y las diputaciones de la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Al respecto, el Colegio de Profesionales en Psicología aplaudió el avance de la iniciativa y aprovechó para llamar a los diputado para aprobar la Ley que "permitirá avanzar como país, hacia políticas integrales de salud basadas en derechos humanos".
Obligaciones a detalle
Dentro de los derechos de la población usuaria de los servicios de salud mental, el Estado debe asegurar una atención médica basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos y un tratamiento adecuado para cada caso, basado en un examen clínico y físico completo realizado por una persona profesional en salud competente.
Asimismo, garantizar un acompañamiento de familiares o la persona que el paciente designe tanto antes, durante como luego del tratamiento. Así como recibir o rechazar asistencia religiosa conforme las convicciones del paciente.
El o la paciente también podrá rechazar cualquier tratamiento que considere perjudicial luego de que se le haya informado de manera clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
Por su parte, los derechos de las personas con trastornos mentales y de comportamiento deben contemplar el cumplimiento de toda la normativa vigente, tanto nacional como internacional, relacionada a personas con discapacidad. Adicionalmente, recibir un tratamiento con procedimientos evaluativos, de intervención y de rehabilitación según las adecuaciones correspondientes al tipo de discapacidad de las personas.
Con respecto al tiempo de internamiento, debe ser durante el menor plazo posible establecido por las personas que integran los equipos de atención de salud mental, con fines de observación y tratamiento en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. El proyecto detalla que en ningún caso el internamiento puede ser indicado o prolongado para compensar o resolver problemáticas sociales o de vivienda.
Si la iniciativa de ley es aprobada, el Poder Ejecutivo tendrá seis meses, luego de su publicación, para garantizar su operatividad. La CCSS contará con 18 meses, después de la entrada en vigencia, para iniciar con la capacitación establecida.
