Las aduanas son un actor clave en el engranaje institucional de cualquier país. Su funcionamiento puede contribuir al fortalecimiento de la competitividad, o, por el contrario, ser un pesado fardo para su crecimiento y desarrollo.

La visión política y técnica basada, únicamente, en la recaudación y el control es un asunto del pasado, especialmente, en Costa Rica, una economía abierta al comercio internacional.

En nuestro país es impostergable, una revisión profunda de nuestro sistema aduanero, cuyo objetivo central se oriente al logro de una recaudación y control, eficaz y eficiente, considerando, al mismo tiempo, los beneficios de mantener una política clara y activa en materia de facilitación del comercio.

Ahora bien, el compromiso con la facilitación no es una cuestión retórica. El apoyo verbal y discursivo debe estar acompañado de acciones concretas, precedidas de una estrategia clara y planes puntuales dirigidos a abordar aspectos que impacten positivamente la competitividad de las empresas y contribuyan a mejorar el clima de negocios.

El recurso humano, la legislación, los procedimientos y los sistemas de información, entre otros, se deben adaptar permanentemente a los nuevos desafíos del mundo globalizado.

Estado de situación

La última reforma aduanera en Costa Rica data de hace casi 25 años.  El último esfuerzo por actualizar los procedimientos aduaneros y, parcialmente, la estructura administrativa tuvo su génesis en el proyecto que desarrolló el sistema de información denominado Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA), que con sus 18 años ya alcanzó la “tercera edad” informática.

Según el indicador Doing Business del 2020, en Costa Rica demoramos 80 horas para completar un despacho aduanero de importación, donde 72 horas corresponden exclusivamente a las gestiones aduaneras.  Los resultados de tales retrasos no son periódicamente publicados, a efecto de medir avances y valorar oportunidades de mejora.  En este contexto, la gestión de riesgo aduanero no parece ser efectiva.

Por su parte, en el 2018, en el subíndice de “eficiencia en el proceso de despacho” del Ranking del Índice de Desempeño Logístico (IDL) calculado por el Banco Mundial, el país se ubicó en el lugar 70 entre 168 países. El penúltimo puesto dentro del grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo por delante de Colombia que se localizó en el puesto 75.

Respecto a las formalidades relacionadas con la presentación de documentos, el Índice de Facilitación de Comercio (IFC) de la OCDE, puso en evidencia falencias en la cantidad de documentos y el tiempo requerido para su preparación, así como las duplicidades de la información requeridas por las distintas autoridades que participan en las operaciones de comercio. En este indicador, Costa Rica obtuvo una calificación de 1,56 de 2 puntos posibles, equivalente a una nota escolar del 78%.

En el Índice de Facilitación de Comercio del Foro Económico Mundial, subíndice sobre “eficiencia en el despacho aduanero”, Costa Rica ocupó la posición 102 entre 136 países para una puntuación de 2,3 sobre 5 puntos, lo que implica una nota de 46%. Además, en el subíndice sobre el costo para importar, el país se posicionó en el sitio 83 de un total de 136 países, con un costo promedio del proceso de importación de $420, superado por países como Chile (posición 58, $290), Ruanda (posición 57, $282); El Salvador (posición 36, $128), entre otros.

Asimismo, en el subíndice sobre “pagos irregulares y sobornos”, Costa Rica ocupó el puesto 71 de 136 países, con una puntuación de 3,7 de 7 puntos, posición que equivaldría a una nota cercana a 53%, mientras que en el subíndice sobre “puntualidad de los envíos a destino”, se ubicó en el puesto 97 con 3 de 5 puntos posibles, para una calificación de 60%. En este último indicador nos vimos superados por Perú (posición 78, puntuación 3.2), Colombia (posición 76, puntuación 3,2), El Salvador (posición 74, puntuación 3,3), Chile (posición 44, puntuación 3,7) y Panamá (posición 41, puntuación 3,7).

Como se puede observar, existen enormes desafíos por atender y mucho por mejorar.

Una larga lista de tareas pendientes

La legislación aduanera requiere ser modernizada de forma integral no solamente mediante “parches”; los procedimientos aduaneros están obsoletos y deben ser objeto de importantes reducciones y simplificaciones; el sistema de información TICA ha sufrido un proceso “degenerativo” y se encuentra el límite de su vida útil; los perfiles de los funcionarios no responden a la nueva realidad de la aduana del siglo XXI; la organización aduanera debe ser objeto de una transformación digital; el modelo que debería tener al ciudadano como centro del servicio no ha sido implementado; el cumplimiento informado no se ha posicionado en nuestro ADN aduanero; y la relación aduana-empresa sigue siendo débil, con responsabilidad compartida de ambas partes.

Además, hemos perdido el liderazgo regional del pasado en materia de aduanas e integración económica; las tecnologías de información y comunicación (TIC) no han sido una prioridad en los procesos de mejora continua; los planes estratégicos se han quedado en el papel; la facilitación del comercio forma parte del discurso, pero no de la acción concreta y decidida; la Gestión Coordinada de Fronteras sigue siendo deficiente; los indicadores de gestión y desempeño son una tarea pendiente o su utilización es mínima; la utilización de nuevas tecnologías que apoyan el análisis de los datos y su uso inteligente es nula; los programas de formación continua para funcionarios y sector privado son inexistentes, entre otros pendientes.

En este contexto, una reforma aduanera sustancial es necesaria para garantizar cambios en favor de la recaudación y del control aduanero, con altos niveles de facilitación del comercio. La modernización aduanera y las reformas asociadas son imprescindibles para garantizar la prestación de servicios eficaces y eficientes. Se debe tener presente que la competencia regional y mundial es feroz en temas clave, tales como la atracción de inversiones, el fomento al comercio de exportación, la mejora en el clima de negocios y, en general, la búsqueda de incremento sostenido en los niveles de la competitividad del país.

Las autoridades hacendarias del nuevo gobierno, y más específico, las aduaneras, tendrán desde el inicio de la nueva administración, muchos desafíos y oportunidades de mejora. Debemos pasar de los diagnósticos a la acción concreta, mediante proyectos e iniciativas de reforma, con resultados tangibles y medibles en el corto plazo, y con planes estratégicos y una hoja de ruta para el mediano y largo plazo.

En un segundo artículo expondré una propuesta de decálogo con ejes de trabajo que podrían servir de base para apoyar la tarea de las nuevas autoridades del gobierno que tomarán las riendas del Poder Ejecutivo a partir del 8 de mayo próximo.

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