El Grupo de Familias Sobrevivientes de Femicidio en Costa Rica, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y legisladores de la Asamblea Legislativa, incluidos integrantes de la Comisión Especial de la Mujer del Congreso, presentaron este jueves un proyecto de ley para apoyar económica y psicológicamente a las familias víctimas de femicidio en el país.

El proyecto llamado "Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio" tiene como propósito crear un régimen de reparación integral para los familiares de las víctimas, reconociendo que como consecuencia del crimen estos "perdieron a su madre, hija, hermana, nieta, sobrina, tía y por eso deben transitar por un proceso psicológico, familiar, social y económico para el cual no estaban preparadas".

El proyecto además, reconoce que los familiares son los que deberán asumir la responsabilidad de quienes eran dependientes de la víctima y todo lo que ello conlleva.

La iniciativa reconoce la afectación integral del crimen más allá de la víctima directa y establece las personas que serán beneficiarias de la reparación serán los hijos de la víctima, sus familiares hasta primer grado de consanguinidad o afinidad que convivan con la mujer víctima al momento del crimen, y las personas adultas mayores y con discapacidad que fuesen dependientes de la mujer.

A su vez, el proyecto crea un fondo económico de reparación integral para las personas beneficiarias que se sustentará a partir de un fondo anual de parte de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres; de los recursos derivados de timbres fiscales de los permisos de portación e inscripción de armas; de la creación de un impuesto a la importación y a la fabricación de armas, municiones, explosivos, artificios y pólvora en todas sus presentaciones; y de otros recursos económicos como donaciones del sector público y de la empresa privada.

Además la iniciativa establece que las instituciones del Estado incluidas en el proyecto deberán responder prioritariamente a las personas beneficiarias en la prestación de servicios con asistencia médica, psicológica y psiquiátrica continúa; con becas de estudio en todo el proceso educativo para los menores involucrados; con bonos de vivienda para uso exclusivo habitacional de las víctimas y con asesoría y representación legal gratuita en los procesos administrativos y judiciales relacionados con el femicidio.

Finalmente, el proyecto propone reformas al Código de Niñez y Adolescencia y al Código de Familia para proteger a los hijos de una mujer víctima y contempla la reparación simbólica, compuesta por actos para honrar la memoria de las mujeres.

En la conferencia de prensa de presentación del proyecto esta mañana, el padre de la joven Eva Morera Ulloa, asesinada en noviembre del 2019, y quien es parte del Grupo de Familias Sobrevivientes de Femicidio en Costa Rica, Óscar Morera Herrera, defendió la importancia de la iniciativa:

Nos trae a la Asamblea la realidad que tenemos todas las familias sobrevivientes de femicidio. Normalmente la sociedad, los medios, inclusive los políticos, tienen la tendencia de mirar el momento del femicidio, de la víctima, y hacer ese evento un evento importante pero este se diluye en el tiempo y lamentablemente, cuando la próxima víctima de femicidio aparece, la víctima anterior es olvidada y con ella también se olvida a las familias que necesitamos sobrevivir el hecho del femicidio y que también somos abandonados".

En la conferencia también se hicieron presentes familiares de otras víctimas de femicidios: entre ellos Rosemary Cordero, madre de Karolay Serrano Cordero, una mujer asesinada hace más de dos años por su expareja (quien actuó junto a dos menores de edad) y cuyos restos aparecieron en las inmediaciones del Volcán Barva; y Elky Cedeño, madre de Brithany Cerdas, una joven de 16 años que en el 2019 fue asesinada y quemada por su expareja sentimental.

Ambas madres explicaron lo que han tenido que afrontar después de los crímenes de sus hijas, pues han perdido sus trabajos, han afrontado el cuido de menores de edad profundamente afectados por la pérdida e incluso, han tenido que esconderse para evitar nuevas agresiones por parte de los asesinos.

Según señaló Cedeño:

Es difícil la situación: uno vive como si uno fuera el delincuente y tiene que andarse escondiendo. El Estado no le ayuda a uno, nada más le dice 'tiene que salir de su casa, vea a ver cómo hace, a mi hijo (hermano de la víctima) no lo veían, fue discriminado en el área donde él estudiaba porque le negaron la matrícula, mi esposo fue despedido en el trabajo por la misma situación y quedamos a la deriva, nos negaron por todo lado las ayudas... Siento que la persona que está adentro (en la cárcel), la persona que mató tiene más beneficios que nosotros como afectados: ellos tienen estudios, tienen dentista, tienen de todo y nosotros como víctimas no tenemos nada".

Al respecto Óscar Morera agregó que:

Es obvio que los problemas de la exclusión y de la desigualdad afectan más a estas familias: gente que ha perdido su trabajo, personas adultas mayores que se tienen que hacer cargo de los nietos, de los sobrinos, cuando ya no están en la edad laboral del mercado. Vemos a familias que son revictimizadas en los juicios de familia que después de pasar por el proceso doloroso de un juicio penal, tienen que pasar por el proceso largo de un juicio de familia para pelear por el derecho a educar a las hijas y a los hijos víctimas y sobrevivientes de feminicio. Hemos visto casos en los que incluso la familia que ha sido cómplice del femicida ha peleado en los juzgados de familia para tener acceso a estos niños y niñas. Lamentablemente la invisibilización de la violencia contra las mujeres y la normalización de la violencia la seguimos viviendo las familias después de haber sido víctimas de femicidio. Insto a los diputados y diputadas de esta legislatura para que le metan ganas y para que le metan fuerza a este proyecto para que los niños puedan crecer con las oportunidades que se merecen y ojalá felices".

El Grupo de Familias Sobrevivientes de Femicidio señaló que, desde el 2007 y hasta el 2021, las estadísticas del Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial, indican que en Costa Rica han muerto víctimas de femicidio un total de 398 mujeres.

Por ello, el grupo hizo una aproximación de la cantidad de familiares afectados (puesto que no hay data real en el país al respecto) y estimó que "alrededor de 517 hijos han perdido a sus madres, de los cuales aproximadamente 380 eran menores de edad al momento del suceso".

Cada vez que ocurre un femicidio la sociedad y el Estado han fallado. Cada vez que ocurre un femicidio la familia y los hijos de las mujeres asesinadas nos volvemos sobrevivientes de este acto. Si el Estado y la sociedad entienden claramente que el femicidio es un crimen de odio, deberían proporcionar a los sobrevivientes la empatía y el amor que se merecen, pero también el Derecho a la Reparación desde sus cinco ejes: la Restitución, la Indemnización, la Rehabilitación, la Satisfacción y las Garantías de No Repetición. La vida de nuestras hijas y madres es imposible de restituir, pero las otras medidas de la Reparación deben ser un compromiso del Estado con los sobrevivientes", agregó la agrupación en un comunicado enviado a la prensa este jueves.

2022 ya contabiliza dos crímenes contra mujeres

El país no ha llegado ni al 15 de enero y ya contabiliza dos crímenes contra mujeres: el primero se presentó el pasado miércoles 5 de enero en la ciudadela León XIII, en Tibás, en donde un hombre de apellidos Grand Villafranca figura como sospechoso de apuñalar a Oriana Salguero Vega, de 43 años, pasadas las 10 de la mañana. Las autoridades están en este momento investigando el nexo entre la víctima y el victimario para determinar si entra o no dentro del concepto de femicidio.

El segundo crimen, con nexo femicida más claro, sucedió el martes pasado, el 11 de enero, en San Rafael de Heredia. Annette Elena Benavides Chacón fue asesinada por su compañero sentimental, un hombre de apellidos Rubí González, quien ya se encuentra en manos de las autoridades judiciales.

El año pasado, Costa Rica registró dos cambios drásticos en el tratamiento que se le da a los crímenes contra mujeres, lo que significó una ampliación del concepto de feminicio y una penalización más contundente y amplia a los asesinatos este tipo en el país.

El primero fue el aprobado con el expediente 21.793 que recibió segundo debate el 17 de marzo en la Asamblea Legislativa, y que reformó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres para que ahora los crímenes que sucedan en el seno de un matrimonio, noviazgo, unión de hecho, encuentro casual u otro análogo, aún cuando las partes estén divorciadas, separadas o hayan terminado la relación, califiquen como femicidios.

A esta primera reforma se le sumó otra, concretada en agosto, bajo la aprobación legislativa del expediente 22.158, que ahora impone penas de prisión de 20 a 35 años a quien dé muerte a una mujer mayor o menor de edad, cuando el asesino se aproveche de una relación o vínculo de confianza, amistad, de parentesco, de autoridad o de poder para agredir a la víctima.

Esta reforma lleva al país a la tipificación en ley nacional y ya no solo en acuerdo internacional, para crímenes en relaciones familiares de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado; para casos en los que la persona perpetradora tenga antecedentes de violencia perpetrada contra la víctima; o para cuando el asesino sea cliente explotador sexual, tratante o proxeneta de la mujer. A su vez, la ley también penaliza los casos en los que la mujer víctima se haya negado a establecer o restablecer un vínculo amoroso o sexual con la persona autora; cuando el asesino cometa el crimen con el fin de preparar, facilitar, consumar u ocultar un delito sexual; cuando el delito se cometa como acto de venganza, represalia o cobro de deudas en situaciones de crimen organizado; o cuando el perpetrador haya cometido el hecho en razón de la participación, el cargo o la actividad política de la mujer víctima.

Así las cosas y solo en el año pasado, el país pasó de considerar como femicidio solo aquellos casos en los que mediase una relación conyungal o de noviazgo de por medio, a todos aquellos crímenes cometidos en razón del género de la mujer víctima para que así, y a futuro, los tribunales impongan penas más amplias a crímenes como el de la joven Allison Bonilla Vásquez a cuyo asesino, al regirle la legislación previa, solo le impusieron 18 años de cárcel.