Según ha informado múltiples veces la Organización Mundial de la Salud, las vacunas que se aplican en el mundo, tienen una alta seguridad para la población y son eficaces para prevenir la enfermedad causada por SARS COV 2. Las vacunas contra el COVID-19 que actualmente se utiliza en Costa Rica utilizan diversas estrategias como la tecnología de ARNm (Pfizer) o se administra un vector viral no replicante (AstraZeneca).
El mecanismo por el cual las vacunas cumplen su objetivo consiste en que el sistema inmune de cada individuo sea capaz de combatir el virus de una manera más eficiente. Los componentes de la vacuna son reconocidos por el sistema inmune y las células de defensa como los linfocitos, se preparan para reconocer el virus y neutralizarlo antes que infecte el cuerpo.
Estas vacunas en diversos estudios clínicos han demostrado una alta eficacia, de mas de 90%, para evitar los síntomas graves de la infección por COVID-19, sin embargo, muchos estudios clínicos excluyen grupos de pacientes que no tienen su sistema inmune en pleno funcionamiento.
La falla en el funcionamiento del sistema inmune se puede atribuir a enfermedades que afectan directamente la producción de células del sistema inmune como algunos tipos de cáncer que inciden directamente en la producción de células inmunitarias.
También se puede reducir el funcionamiento del sistema inmune por medio de medicamentos. Pacientes que padezcan enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico o enfermedad inflamatoria intestinal, normalmente utilizan medicamentos inmunosupresores como por ejemplo esteroides, sulfasalazina, metotrexato, rituximab, ciclosporina y algunos medicamentos biológicos.
Las personas inmunosuprimidas ya sea por la patología de fondo o por un tratamiento farmacológico pueden no desarrollar de manera adecuada anticuerpos contra COVID-19. La disminución de la eficacia de las vacunas que se utilizan contra la influencia u otros virus ha sido ampliamente descrito en la literatura científica.
La aplicación de varias dosis de vacunas no es garantía de que el sistema inmune logre producir los anticuerpos necesarios para combatir adecuadamente el COVID-19.
La sociedad debe garantizar un acceso justo y equitativo a las vacunas para proteger a su población, empezando por los grupos más vulnerables. En estos grupos se debe analizar detenidamente la eficacia y seguridad de las estrategias farmacológicas.
El país debe realizar una adecuada farmacovigilancia con el objetivo de detectar y analizar las reacciones que genera la vacuna en estas poblaciones vulnerables, debe ser capaz de establecer la aparición de efectos indeseados en la población, pero también de detectar la falla terapéutica asociada a aspectos intrínsecos de los pacientes o del uso de medicamentos.
En el marco del derecho a la protección de la salud, que ha sido progresivamente elaborado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica y en el marco del esfuerzo colectivo que realizan las sociedades para combatir la pandemia, es necesario tener en cuenta a las poblaciones más vulnerables.
Ante este panorama es válido que la población y en particular las autoridades sanitarias se planteen ¿Qué opciones existen para las personas inmunosuprimidas actualmente?
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