Solo seis aspirantes a la Presidencia de la República firmaron, este jueves, un compromiso de Agenda de las Mujeres por una vida libre de violencia impulsado por el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Se trata de Cristian Rivera, candidato del Partido Alianza Demócrata; José María Figueres Olsen, candidato del Partido Liberación Nacional; José María Villalta Flórez-Estrada, candidato del Frente Amplio; Maricela Morales Mora, candidata del Partido Unión Costarricense Democrática; Martín Chinchilla Castro, candidato del Partido Pueblo Unido y Welmer Ramos González, candidato del Partido Acción Ciudadana.
La agenda de derechos de las mujeres fue construida en los últimos dos meses mediante nueve talleres de consulta dirigidos a mujeres adultas mayores, afrodescendientes, con discapacidad, jóvenes, indígenas, lesbianas y bisexuales, migrantes, trans y usuarias de los servicios de atención del Inamu.
"En los talleres, las mujeres analizaron los avances y desafíos de las acciones de cada uno de los ejes estructurales de la Política Nacional de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (PLANOVI 2017-2032) y elaboraron demandas concretas dirigidas a las personas candidatas a la Presidencia de la República; estas demandas son presentadas hoy en la agenda. Esta agenda se les presentó a los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República con el fin de que firmaran un compromiso público para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres", explicó el Instituto.
Aunque el Inamu invitó a todas las personas que aspiran a la presidencia, solo siete se presentaron y solo seis firmaron. Natalia Díaz Quintana, candidata del Partido Unidos Podemos, se negó a firmar el documento.
Compromisos adquiridos con la firma
- Garantizar el financiamiento de los programas de prevención y de atención a la violencia contra las mujeres, incluyendo programas de prevención del femicidio y de atención a familias víctimas de un femicidio.
- Promover la inversión pública en servicios de atención de la violencia contra las mujeres poniendo énfasis en la inversión en las regiones fuera de la GAM y fortalecer acciones dirigidas a disminuir brechas para garantizar el acceso a la atención a las mujeres según sus necesidades específicas por edad, etnia, condición migratoria, de contexto, orientación sexual e identidad de género.
- Calificar los servicios de atención en violencia contra las mujeres como servicios esenciales "cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”
- Garantizar el funcionamiento de una plataforma vinculada al Sistema de Emergencias 9-1-1, como ha existido por 20 años, para la atención telefónica de las emergencias por violencia contra las mujeres, de acceso gratuito y cobertura nacional.
- Promover políticas institucionales orientadas a prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de violencia contra las mujeres, en el marco de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
- Establecer y mantener durante la gestión una política de reproche y sanción a las manifestaciones de violencia, incluyendo el hostigamiento sexual, en el ejercicio de la función pública. En especial, hacia aquellos funcionarios públicos cuya jerarquía implique mayores responsabilidades públicas.
- Construir alianzas que promuevan la ética de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y de respeto e inclusión que reconozca la condición de discapacidad como parte de la interseccionalidad de discriminaciones y violencias contra las mujeres y procuren la eliminación de barreras que impidan la inclusión.
- Promover desde los espacios de educación y formación una cultura de igualdad y no violencia mediante acciones de prevención como parte de los programas de la enseñanza, tanto en el currículo de los y las estudiantes como en la formación de las personas docentes.
- Promover espacios de capacitación desde las instituciones a las personas funcionarias para el reconocimiento de la diversidad de las mujeres y mecanismos institucionales (decretos, lineamientos, protocolos) para asegurar el ejercicio de los derechos de todas las mujeres.
- Impulsar estrategias de educación sexual de acuerdo con el curso de vida de las mujeres y los hombres de todas las edades para fortalecer el autocuidado, las relaciones afectivas desde la igualdad y el respeto, la autodeterminación en las decisiones del propio cuerpo y el ejercicio de maternidades y paternidades más conscientes.
- Dirigir inversión estatal al favorecimiento de la autonomía económica de las mujeres como una forma de protegerse de la violencia en su contra o una alternativa para salir de ella en los siguientes aspectos.
- Promover y fortalecer el Sistema Integral de los Cuidados. Los cuidados como un derecho: considerado en el sentido de un derecho universal de toda la ciudadanía, desde la doble circunstancia de personas que precisan cuidados y que cuidan, es decir, desde el derecho a dar y a recibir cuidados en condiciones de igualdad.
- Promoción del derecho a los cuidados libre de estereotipos de género que implica incorporar la corresponsabilidad social de los cuidados y la participación de los hombres.
Incorporar los cuidados como prioridad en la agenda estatal, desde una perspectiva de la economía de los cuidados que articule la Política Nacional de Cuidados, las alternativas de la Redcudi, los Cecudis y los CenciNai con las alianzas privadas. - Promover la generación de datos: encuestas de uso del tiempo, estudios de costos que permitan revalorizar el aporte económico del trabajo de cuidados.
- Promover marcos normativos y reformas legislativas que reconozcan e implementen los derechos de las personas proveedoras y receptoras de cuidados, con acciones y políticas interseccionales en materia de cuidado.
- Ampliar los medios de financiación y sostenibilidad para la implementación progresiva de Sistemas de Cuidados Universales. La inversión en los sistemas de cuidados genera un círculo virtuoso de redistribución y reducción del trabajo de cuidados no remunerado, promueve fuentes de trabajo que pueden apoyar el crecimiento económico y la minimización de la transferencia intergeneracional de la pobreza aumentando la inclusión y movilidad social.
- Poner en marcha acciones concretas por parte del Estado con las comunidades, en alianza con el sector privado y gobiernos locales, para desarrollar, aumentar y fortalecer los servicios y la inversión en la demanda de cuidados.
- Generar acciones conjuntas desde la institucionalidad para promover la corresponsabilidad social de los cuidados que permita la incorporación de todos los sectores en la redistribución del cuidado.
- Promover y fomentar un nuevo contrato de empleabilidad y empresariedad para las mujeres en su diversidad
- Promover la aplicación de lineamientos específicos y acciones afirmativas para el cierre de la brecha financiera entre mujeres y hombres.
- Impulsar el Programa del Sello de Igualdad de género del INAMU como estrategia estatal de trabajo con el sector privado, con el fin de eliminar las discriminaciones hacia las mujeres en el acceso y permanencia en el empleo.
- Incorporar el enfoque de género y articular las acciones dentro del ecosistema empresarial del país, tomando en cuenta las realidades diferenciadas de la empresariedad de las mujeres en las zonas urbanas y rurales. Esto con el fin de promover negocios sostenibles y competitivos.
- Actualizarlas los currículos educativos en todos los niveles, incluidos la formación técnica profesional, de manera que se fomenten nuevas habilidades y competencias que permitan a las mujeres su vinculación con las demandas del mercado laboral y el futuro del empleo.
- Posicionar el tema de la corresponsabilidad social de los cuidados como eje indispensable para la recuperación económica del país y la incorporación de las mujeres en el empleo.
Implementar acciones para reducir la brecha digital en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías, la infraestructura y las competencias digitales, como herramienta para la superación, desarrollo personal y el ejercicio de los derechos de las mujeres en su interseccionalidad y diversidad. Promover la igualdad en la participación de las mujeres respecto a los hombres en la atracción, la permanencia, la formación, la capacitación, el empleo de calidad y la investigación, en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología y la innovación, para facilitar el acceso y el desfrute de los avances científicos tecnológicos. - Identificar los impactos del cambio climático diferenciados e interseccionales en las mujeres en su diversidad e implementar acciones urgentes y priorizadas en todas las medidas de mitigación, adaptación y gestión de los riesgos climáticos.