Costa Rica se ha posicionado en el escenario internacional como un país defensor de los derechos humanos, pero parece haber olvidado, convenientemente, que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. La buena imagen que el país transmite a través de su política exterior invisibiliza la gran deuda que le debe el gobierno a la mitad de la población desde hace varias décadas, cuando se comprometió a promover los derechos de la mujer tras ratificar numerosas convenciones internacionales al respecto. En cambio, la legislación nacional arremete contra estos compromisos, y esta deuda ya no puede continuar aplazándose, por más que se argumente que impulsar estos temas en la agenda nacional no debe ser una prioridad.
Quisiera recordar a todas las personas que sostienen posiciones de poder en el gobierno actual, y a quienes vendrán después, que los derechos de la mujer incluyen el derecho a tener control sobre su salud sexual y reproductiva, de decidir con libertad sin estar sujetas a coerción, discriminación y violencia. Para esclarecer lo que esto conlleva, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas establece que la salud sexual y reproductiva “entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia”.
Al adoptar la Declaración de Beijing, Costa Rica se comprometió a respetar y promover los derechos de salud sexual y reproductivos de la mujer. La realidad es que, aún después de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer solicitara a los Estados la eliminación de medidas punitivas para las mujeres que se someten a un aborto, Costa Rica mantiene la penalización del aborto en la Sección II del Código Penal, incluso en casos de violación e incesto. Este Comité le ha expresado directamente a Costa Rica su preocupación por las acciones insuficientes en materia de derechos sexuales y reproductivos, y más recientemente recomendó la despenalización del aborto. Desde entonces han pasado 4 años en los que el gobierno ha hecho caso omiso a estas recomendaciones.
Ahora, ¿porqué se hacen estas recomendaciones? ¿Qué importancia tiene despenalizar el aborto y deshacernos de una vez por todas de esos atroces artículos en el Código Penal? La respuesta es clara: la penalización del aborto como estrategia para desincentivarlo más bien genera un aumento en los abortos inducidos e inseguros, resultando en el efecto opuesto al que nuestros gobiernos patriarcales desean obtener. Además de este hecho, las leyes que penalizan el aborto nos despojan de dignidad, autonomía y libertad; perpetúan dinámicas de discriminación y obstaculizan nuestro acceso pleno a la salud, no solo física sino mental y social. Pero más importantemente, es un derecho humano que el Estado que dice protegernos, no nos garantiza, exponiéndonos a la violencia generada por disponer de nuestros cuerpos como les plazca.
Mientras el aborto no sea despenalizado se continuará reproduciendo esta dinámica en la que las personas con capacidad de gestar nos sentimos como ciudadanas de segunda categoría, sin acceso pleno a los derechos que nuestro país se ha comprometido, en repetidas ocasiones, a respetar y promover. Costa Rica hace alarde de su estatus como defensor de los derechos humanos, pero al día de hoy, nos debe a la mitad de la población una parte fundamental de esos derechos, sin la que no se nos dota de dignidad humana. Se relega la autonomía sobre nuestro propio cuerpo a figuras ajenas a la experiencia que vivimos, a la discriminación que enfrentamos y a la inequidad reflejada en la cotidianidad de la mujer.
Espero que, a quienes nos toque votar, y a quienes les toque gobernar en el 2022 (no dejo por fuera a las personas gobernando en este momento), recordemos que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y esto no significa meramente la creación de más trabajos y oportunidades para la mujer, sino el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos.
Por años, Costa Rica ha postergado esta conversación, andando de puntillas y argumentando que el tiempo no es ahora. Ante esto, respondo que las administraciones más recientes del país han decidido sostener y fomentar esta imagen de defensor de derechos humanos; por favor, no dejemos que sea en vano. Es hora de finalmente cumplir con este compromiso y pagar la deuda histórica que el país nos debe.
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