La producción mundial de alimentos enfrenta desafíos complejos, cuya solución exige dejar de lado los enfoques simplistas y lineales de un modelo agrícola basado únicamente en un aumento continuo de la productividad, sin considerar los impactos ambientales (huella de carbono, huella hídrica) y sociales (pobreza y exclusión rural) que el mismo modelo agrícola ha exacerbado. Desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria internacional, deben enfrentarse desde la complejidad, para garantizar lo que el grupo científico de alto nivel, denominado Comisión EAT-Lancet, llamó en 2019 “dieta de la salud planetaria”, es decir una alimentación humana saludable con sostenibilidad ambiental al 2050. Si bien el aumento en productividad seguirá siendo importante, debe darse un mayor enfoque al valor nutritivo y al modo de producción de los alimentos. El manejo de esa complejidad requiere un análisis de la producción agropecuaria dentro de lo que la FAO ha llamado sistemas alimentarios. Es en este marco, que Naciones Unidas ha convocado para 2021 la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios. En julio pasado hubo una reunión preparatoria en la FAO, en la cual se resaltó el papel de la pequeña producción agropecuaria en los sistemas alimentarios y la necesidad de políticas públicas en beneficio de este sector estratégico. Incluso el Papa Francisco clamó por “facilitar el acceso de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar a los servicios necesarios para la producción, comercialización y uso de los recursos agrícolas”.
Lo anterior representa un cambio de paradigma. En las décadas de 1990 y 2000, la idea predominante era la de importar los alimentos que fueran más baratos de producir en el exterior, bajo la idea que los precios bajos eran reflejo de la eficiencia productiva, y ésta, conceptualizada en forma simplista (y conveniente), consideraba los impactos ambientales y sociales como “externalidades”. Este paradigma empieza a cambiar en la década siguiente, a raíz del cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (2007), la crisis mundial de los alimentos (2008), el llamado del relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación a reorientar la producción agrícola hacia sistemas alimentarios más sostenibles ambiental y socialmente (2010), y el llamado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en su Informe sobre Comercio y Ambiente 2013, a “reformar las reglas del comercio agrícola, dando mayor espacio político para asegurar la soberanía alimentaria, la resiliencia y adaptación al cambio climático, y repensar el enfoque de integrar a los pequeños productores en las cadenas globales de suministro”.
En la actualidad, la FAO promueve el concepto de “sistema alimentario” como “aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de la seguridad alimentaria de futuras generaciones.”
Claramente, este tema va más allá de la agricultura, e incluye la comercialización, la nutrición y el cuido del ambiente, y convoca a políticas públicas que garanticen la inclusividad, la distribución equitativa de beneficios en toda la cadena, y la contribución de los sistemas alimentarios a los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Una importante recomendación de la Comisión EAT-Lancet es “intensificar de forma sostenible la producción de alimentos para aumentar la producción de alta calidad”. Eso significa el desarrollo de una agricultura intensiva en conocimiento más que en insumos externos, para mejorar el desempeño ambiental de nuestra agricultura. Esta ha sido la ruta emprendida por nuestra institucionalidad agrícola, que ha trascendido las administraciones. Desde 2013 se inició con los programas de ganadería y café bajos en emisiones de carbono. En la administración pasada se creó el Departamento de Producción Orgánica en el MAG. En este gobierno se inició el programa Agrinnovación 4.0, que promueve tecnología de punta para reducir el uso de agua y agroquímicos y aumentar productividad en sistemas agrícolas de pequeña escala.
Para la equidad de los sistemas alimentarios se debe garantizar el acceso de los pequeños productores a los mercados. Entre otras estrategias, la FAO promueve la asociatividad, por una parte, y las compras del estado a los pequeños productores por otra. Costa Rica ha sido pionero en ambos temas, con un papel estratégico del Consejo Nacional de la Producción y su Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), el cual abastece de productos agrícolas cárceles, hospitales, escuelas y delegaciones de policía, principalmente.
La baja tasa de intermediación (12% o menos, comparado con 100 a 300% de las cadenas de suministro comerciales) permite al PAI ofrecer productos nacionales a precios muy competitivos, y al mismo tiempo pagar un precio más justo a nuestros agricultores. Al comprar a cooperativas, centros agrícolas, asociaciones y otras organizaciones se beneficia a decenas de miles de agricultores que forman la base asociativa de ellas, dinamizando la economía rural. La pandemia ha demostrado la importancia de la producción nacional, que no dejó de garantizar el suministro de alimentos, y el beneficio de un sistema de compras públicas que no dejó de cumplir con su cometido.
Un programa como el PAI obviamente toca grandes intereses comerciales. En el pasado hemos visto a políticos-empresarios favorecerse de las compras del CNP. Claramente el erradicar esas prácticas resulta molesto a algunos, y recurren a argumentos falaces para desprestigiar al CNP.
Recientemente hemos visto grupos empresariales en una guerra abierta contra este programa, ofreciendo productos por debajo del precio de mercado para quebrar a los pequeños productores, y apoyándose en editoriales y páginas de opinión a las que tienen acceso irrestricto, en medios de prensa afines, y en diputados conservadores del PUSC, PLN y Restauración Nacional, quienes se han convertido en defensores de los intereses corporativos y en enemigos del Estado Social de Derecho, todos ellos usando argumentos falaces.
El hecho de pagar precios justos a los productores nacionales no significa una mayor erogación del Estado, como se ha dicho, puesto que el precio que el CNP ofrece a las instituciones que se abastecen del PAI es similar o menor que lo que se ofrece en el comercio.
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