No en pocas ocasiones el velo de la técnica, cifrada, lejana y barroca, disimula los efectos adversos de algunas reformas de política pública y cuando tales efectos comienzan a percibirse, probablemente el daño ya esté hecho. La pandemia, y las profundas dificultades económicas que trajo consigo, ha puesto de manifiesto un foco de hipersensibilidad para el bolsillo de las personas: el precio de los combustibles.

La tentación de formular conclusiones apresuradas es muchísima; he visto numerosos análisis que caen en este tipo de premuras retóricas y varios otros que se aprovechan de la prisa argumentativa para colocar sus calenturas ideológicas y lanzar diatribas contra la institucionalidad pública por entero; ambas son una forma simplista de abordar el problema.

Las razones por las cuales el precio que se paga por los combustibles es tan alto, van más allá de la sola observación de las variaciones en los precios internacionales o el impuesto único a los combustibles. Hay una batería de razones domésticas un tanto más profundas.

Desde el 11 de noviembre de 2008, durante el gobierno de Oscar Arias, mediante la resolución RRG-9233-2008, Fernando Herrero (regulador General entre el 2006 y el 2010) realizó un cambio en la forma de carga al precio final los costos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Esto creó un subsidio en contra de los consumidores de diésel y gasolina.

El subsidio que ordenó Herrero en aquel momento perjudicó a los consumidores y benefició, ulteriormente, a las empresas que compran asfalto y emulsión. Solamente entre el 2009 y 2014 los consumidores de gasolina regular y superior (por ejemplo) pagaron cerca de ₡30 mil millones de más, mientras que las firmas que compran asfalto y emulsión se economizaron cerca de ₡12 mil millones.

En ese momento y mientras estuvo en vigencia esa metodología, se vio favorecido el asfalto, dado que fue pagado por debajo del precio real y eso permitió que se bajaran los costos de los contratos de construcción y mantenimiento vial, en favor de empresas que todos conocemos y en perjuicio de los consumidores finales, cuyo impacto se calcula al restar del producto de las ventas de cada carburante por los costos que les asigna la Aresep, el producto de las ventas de cada carburante por los costos reales de Recope.

Bajo ese esquema el ente regulador, en lugar de utilizar el costeo real del margen de operación, multiplicaba el precio de compra internacional (aquí es donde incide verdaderamente la fluctuación en los precios internacionales) de cada litro, por la proyección de sus ventas totales anuales, lo que se conoce como componente o factor K, en la metodología establecida.

El resultado de la sumatoria de todas las operaciones se divide entre los ingresos requeridos para cubrir los costos y para determinar posteriormente cuánto debe pagar el consumidor final. Como costo de Recope en cada litro, ese factor se multiplica por el precio de importación de cada hidrocarburo.

De esa forma se vuelve a obtener un monto absoluto por producto que difiere sustancialmente de los costos reales de la Refinadora, generando un subsidio cruzado que perjudica al diésel y la gasolina y favorece a grupos particulares.

Esta metodología promueve un tipo de esquema de rezagos, en el que las fluctuaciones en los precios internacionales solo trasciendan si estos son al alza, precisamente para subir el precio de los combustibles que todos pagamos y continuar con el esquema de subsidio. Esto persiste en tanto la fórmula se ha basado, por muchísimo tiempo, en las proyecciones y estimaciones de las ventas totales de Recope y no en los costos reales.

El rezago y el subsidio cruzado nunca se sanearían bajo este sistema que se apoya en proyecciones y tanteos y no en facturas pagadas, perdiendo cada vez la oportunidad para otorgar un beneficio a los consumidores. De ahí que si cualquier usuario se preguntara: si ha bajado el precio internacional ¿por qué hay otro aumento? Deberá remitirse a esta metodología y recordar que fue hecha para subsidiar los insumos de algunos sujetos participantes que hoy están siendo altamente cuestionados.

Son esos mismos que celebraron públicamente las rebajas en dichos insumos, producto del cambio metodológico (como la apoderada de MECO de aquel entonces), porque el costo de los proyectos que se encontraban en ejecución les resultaría ostensiblemente menor, incluso ya después de habérsele adjudicado el respectivo desarrollo, sin capacidad de realizar ajustes a la baja sobre el precio a pagar por parte del estado (aun cuando estamos hablando de un interés público).

Es cierto que los factores incidentes en la estructura de precio de los combustibles sean el precio internacional, el impuesto, el FOB y los márgenes de las estaciones de servicio, pero también es cierto todo lo dicho sobre el margen de operación de Recope basado en los costos proyectados, que ha subsidiado históricamente la actividad de sujetos participantes que hoy atraviesan procesos en sede jurisdiccional, a costillas de los consumidores, que de no ser por este esquema, estarían pagando mucho menos por los combustibles.

Decir que el impuesto a los combustibles es la única causa del sostenido aumento de los precios y que la solución es eliminarlo, no solo es una vía facilista, sino una irresponsable, sobre todo en consideración de que buena parte de sus componentes financian el sostenimiento de la infraestructura pública de vías y caminos en el ámbito municipal.

Similarmente sucede si justificamos los aumentos basándonos en las fluctuaciones del precio internacional solamente, estaríamos cayendo en la trampa de la hipersimplificación. Lo que hay que resaltar es que los ajustes metodológicos señalados provocaron claramente ganadores y perdedores: las empresas constructoras pertenecen al primer grupo y los consumidores finales al segundo.

La próxima vez que nos cuestionemos las alzas, debemos ir más allá de las cortinas de humo que quieren poner todo peso de culpa sobre el impuesto (como medida objetiva) o sobre las fluctuaciones de los precios internacionales y no permitir que las vociferaciones y las diatribas altamente ideologizadas que utilizan el problema para satanizar al sector público en general, nos distraigan de los verdaderos beneficiados de reformas añejísimas, consolidadas por el paso del tiempo, que vienen en franco detrimento del bolsillo de los hogares y de la dinámica de las pequeñas y medianas actividades económicas en nuestro país.

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