El sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) se originó con la Ley Forestal 7575 en el año 1996. Este sistema consiste en utilizar el 3,5% del Impuesto sobre Hidrocarburos (artículo 5 Ley 8114), para incentivar la actividad forestal del país. Básicamente, se transfiere el dinero a los propietarios de bosque que cuidan, preservan y garantizan la existencia de los bosques privados del país y a los productores que plantan árboles. Por un lado, este dinero garantiza la conservación de nuestros bosques privados y por otro, fomenta el cultivo de madera mediante plantaciones forestales, que genera empleos, materia prima y productividad en las zonas rurales del país. Sumado a lo anterior el manejo de bosque y los sistemas agroforestales.

Desde el punto de vista ambiental, los bosques privados garantizan la biodiversidad, protegen los recursos hídricos, regulan las temperaturas, mejoran la belleza escénica, fomentan el turismo y se constituyen en una reserva de dióxido de carbono (CO2) capturado por años, que no se emitirá al ambiente mientras los mismos no desaparezcan. Por otro lado, las plantaciones forestales han demostrado contribución a la biodiversidad, y quizás su mayor aporte es que configuran áreas productivas que capturan nuevas emisiones de CO2, lo transforman en madera y esta se convierte en materia prima, con la ventaja de que estas áreas pueden ser sembradas de nuevo y reiniciar así un nuevo proceso de captura de CO2 sostenible en el tiempo, en otras palabras: una hectárea de plantación forestal podrá capturar CO2 sostenidamente hasta el día de su corta y reinicia el ciclo a partir de su siguiente siembra, ciclo tras ciclo, indefinidamente. Comparada con el resto de materias primas provenientes de minería y extracción, no existe parámetro de comparación respecto a la producción de madera, la cuál es la alternativa más sostenible y amigable con el ambiente.

Con este breve resumen, seguramente usted tendrá claro que cualquier objetivo que busque mejorar las condiciones ambientales, disminuir las emisiones de CO2 (antes carbono neutralidad, ahora descarbonización) y mitigar el cambio climático no se podrán alcanzar sin la optimización de los recursos forestales tanto en conservación como en producción.

El pasado jueves 5 de agosto se publicó la resolución R-181-2021-MINAE (en el diario oficial La Gaceta N149) en la cual se determina un presupuesto anual de, aproximadamente, ₡11 mil millones y elimina el incentivo para las actividades de conservación y reforestación para el año en curso (se mantuvo el incentivo para algunas actividades relacionadas a sistemas agroforestales). Con esto, todas las personas y empresas que establecieron plantaciones o tenían planeado hacerlo en este 2021; no podrán contar con el respectivo incentivo. Lo mismo para los propietarios de bosques privados, quienes no podrán contar con el preciado incentivo otorgado por la heroica tarea de preservar los bosques para el resto de costarricenses y la humanidad en general.

Debido a las restricciones de movilidad presentes en el pasado año 2020; se registró una disminución en la recaudación del impuesto a los hidrocarburos lo cual podría afectar el normal funcionamiento del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). Sin embargo, en el mes de mayo de 2020, el Fondo Verde para el Clima (GCF) otorgó un premio  a Costa Rica por la captura de dióxido de carbono durante los años 2014 y 2015. El monto ascendió a $60 millones (aprox. ₡37 mil millones). Evidentemente este premio se otorga gracias al sistema existente de PSA y a los diferentes esfuerzos del país en esta materia. Empero, $54 millones del premio serán utilizados en el programa llamado REDD+, bajo el nombre comercial gana con tu bosque. Este programa, entre sus principales características des valora el bosque; otorgando cerca de un tercio menos de lo otorgado por el sistema PSA por hectárea de bosque por año a los propietarios. Otra característica es que elimina la certificación de las áreas y características técnicas de los bosques y plantaciones mediante la fe pública de los regentes forestales del país (en contraposición a la legislación actual y sin fundamento legal sustituto). Finalmente, esta modalidad incorporó (CP-586-2021) un nuevo participante en el manejo de los recursos forestales del país, incluyendo un ente internacional: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El premio otorgado por el Fondo Verde para el Clima equivale a tres veces el presupuesto de Fonafifo para el 2021.

Costa Rica en su bicentenario, bajo las asfixiantes amenazas del cambio climático y en el flamante camino a la descarbonización, eliminó los incentivos a la conservación y a la reforestación (PSA) y parece decidido a implementar un nuevo sistema el cual des valora el bosque, elimina la figura del regente forestal e incluye a un ente internacional en la toma de decisiones respecto al futuro de nuestro patrimonio forestal.

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