La democracia como gobierno representativo para el pueblo y por el pueblo, es la forma más justa de gobernanza, pues asegura derechos fundamentales y garantías sociales a los ciudadanos. Sin embargo, la misma se ha visto dañada por el conjunto de anti-virtudes humanas como la avaricia, glotonería, orgullo, despilfarro, corrupción, y por el paso de gobiernos populistas que han prometido cambios económicos- sociales, cuyo incumplimiento ha generado desconfianza en la esfera política y apatía en el colectivo, que poco a poco se alejan de los comicios electorales.

Para fortalecer la democracia, hay que contextualizarla a nuestras necesidades actuales. Si profundizamos en las garantías individuales que se ofrece en esta forma de gobierno, observamos que todas ellas giran en torno al principio de libertad del individuo.

Cuando se analiza este tipo de derechos individuales, se observa que siguen siendo los básicos, esos que fueron el resultado de la primera emancipación humana en el siglo XVIII, y que en realidad no traen efectivamente libertad, ya que en este tipo de republicanismo la libertad es dada por una ley absoluta, a la cual el ciudadano está absolutamente sometido por una asamblea legislativa que aprueba leyes, sin consultar popularmente las nuevas necesidades sociales, o sin revisar si hay presupuesto para ejecutarlas. Ese tipo de libertad es llamada en el derecho libertad contractual.

Es por ello, que es importante volver a la tradición que proviene de Rousseau, en la que el ciudadano es instancia de libertad en cuanto crea las leyes y que de forma democrática se ha sometido a ellas. Para esto, es necesario un nuevo consenso social para desarrollar un concepto del bien común y no socavar las relaciones sociales como pasa hoy en día.

El bien común jamás se puede expresar por una norma, se necesita más negociación y diálogo en la democracia para poder fortalecerla. Se debe pasar de una democracia representativa a una más participativa. Es urgente una mediación y consenso en todos los sectores sociales

Nuestra democracia en este momento no es suficiente, ni eficiente, en eliminar el conflicto social y político que enfrentan varios países, no sólo en Europa. Siempre se ha creído que la democracia permite sustituir estos conflictos por decisiones mayoritarias, pero en la actualidad, esta democracia se ha constituido en dominación frente a la que aparecen nuevos conflictos.

También los poderes democráticos son poderes, en muchos países los líderes populistas incluso, realizan nuevas reformas constitucionales para perpetuar o prolongar esa ostentación de poder, poniendo en riesgo la democracia en general.

Parte del conflicto social actual, es el hecho de que el Estado es garante de derechos, pero no de los bienes. El Estado no ha podido garantizar físicamente suficiente empleo para todos, ni vivienda digna. El problema es que estas garantías o derechos además de pretender ser ¨el bien común, van de la mano de la libertad contractual. Por ejemplo, el salario mínimo de un trabajador no tiene referencia en las necesidades de este, sino en el precio de escasez o demanda de la fuerza laboral en el mercado.

La famosa ¨mano invisible del Estado¨, no puede resolver todas estas necesidades, que proliferan en una nueva sociedad que colapsa por la ineficiencia e irresponsabilidad con que se toman decisiones.

Hay que repensar la democracia, no podemos pretender construir con ella un paraíso bíblico bajo la sombrilla de un Estado Benefactor, porque la mayoría de los países democráticos tienen un déficit fiscal que impide el acceso de los ciudadanos a esos derechos y bienes.

El Estado ha monopolizado el derecho. Los gobiernos tienden a legislar y producir leyes sobre qué se va a hacer y cómo se va a hacer. En la mayoría de los casos excluye a los ciudadanos y lo vemos en los temas ambientales, donde especialmente países latinoamericanos han avanzado muy poco y se ven inconsistencias en las políticas comerciales que no interiorizan la variable ambiental, ni las consecuencias de las concesiones que se otorgan. Se ha venido ignorando al ciudadano en esa toma de decisiones.

Los Estados se esfuerzan en señalar que el racismo, la discriminación, la homofobia, xenofobia y el machismo es un lamentable fenómeno social, local, propio de individuos sin valores e incultos. Así se distancian del asunto. Pero sabemos que es el mismo Estado, el que ha creado leyes de inmigración, que expulsa a los africanos antes de que lleguen a la costa de Europa, a los latinoamericanos antes de llegar a EE.UU., que criminaliza la insumisión encarcelando a jóvenes por motivos de conciencia, que vota en contra de todas las propuestas parlamentarias para que los homosexuales tengan los mismos derechos que los heterosexuales y que favorece el desalojo de familias sin recursos.

Por último, la democracia no funciona sin fortalecer la figura del ciudadano y sus derechos al sufragio y a formar partidos políticos. Es devastador que el imaginario colectivo ya no quiera votar. Es por ello, que la reafirmación de la identidad nacional debe descansar en una rearticulación de las relaciones Estado-Sociedad bajo las nuevas circunstancias históricas de pluralismo democrático, una nueva gestión pública que trascienda lo estatal y considere más la participación de la sociedad civil.

Hay que democratizar los partidos políticos, para que la elección de congresistas, diputados, y alcaldes se lleve a cabo por convenciones abiertas, que garanticen una mejor participación y elección de candidatos, eliminando así que los mismos partidos políticos nombren candidatos a dedo. Además, las decisiones en el congreso deben ser consensuadas con varios sectores y apoyadas por amplias mayorías.

Se debe introducir más los mecanismos de consulta, plebiscitos y referéndum, eliminar trabas políticas entre los poderes democráticos. Los ciudadanos deben someterse a las leyes que ellos mismos han creado y no a leyes que generan discordia y conflicto.

Hay que tomar en cuenta que el nuevo sujeto del siglo XXI, es un sujeto que reclama su autonomía frente a la ley, y debe ser tomado en cuenta, en cuanto es él quien legitima al gobierno.

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