Poco más de un año después del inicio de esta pesadilla, el SARS-CoV-2 coloca a la sociedad costarricense en la que probablemente sea su más compleja y dolorosa encrucijada. El relajamiento de las medidas de distanciamiento social y de movilidad y de las restricciones a las actividades económicas, la fatiga de los habitantes y, quizás también, los cambios en la naturaleza del virus han acelerado significativamente el ritmo de contagio, elevando notoriamente el número de personas enfermas que requieren atención médica, lo que ha conducido a la temida saturación del sistema hospitalario y el drama humano que significa tener que elegir quién puede disponer de los limitados recursos sanitarios.
La responsabilidad individual no es suficiente. Aunque frecuentemente empleado como recurso discursivo por múltiples sectores, el llamado a la responsabilidad individual para evitar los contagios es, aunque necesario, insuficiente para poder enfrentar esta crisis.
Primero, porque desde un punto de vista ético, el cuidarse permaneciendo en casa voluntariamente es, por lo general, un privilegio de pocos, en la mayoría de los casos imposible ni siquiera de imaginar para los vulnerables y en desventaja económica y social.
Pero, además, porque como en la mayoría de los casos en los que los beneficios y los costos de decisiones individuales difieren de los colectivos, las medidas necesarias para frenar la epidemia requieren de la acción gubernamental, con el fin de alinear los incentivos en la dirección correcta y, particularmente, para distribuir los costos de una manera más justa y equitativa.
Esto es así pues, por ejemplo, aún en el caso en que individualmente puede que alguien que decida no cuidarse y exponerse al virus valorara correctamente su riesgo (y si se contagia superase la infección sin novedad), su decisión pone en riesgo a otros, al constituirse como una fuente de diseminación del virus, lo cual justifica el establecimiento de medidas de carácter general y extraordinario que reduzcan la movilidad y la posibilidad de aglomeraciones.
Mientras las medidas extraordinarias estén vigentes, es el Estado, a través de los instrumentos de fiscalidad y de protección social, el único que tiene la capacidad de diseñar y poner en marcha mecanismos de mitigación de los efectos económicos de las restricciones.
Es el momento de atender las recomendaciones y el clamor de los expertos. Hay, entonces, razones poderosas para tomar decisiones fuertes en materia sanitaria, como las reclamadas por los expertos. Es clara la urgencia de reducir el ritmo de transmisión de la enfermedad y, sobre todo el número de contagios diarios, lo que en la coyuntura actual conduciría a reducir la saturación hospitalaria y salvar vidas.
Al mismo tiempo, las intervenciones con objetivos sanitarios se deben acompañar de otras acciones en el ámbito social y económico para apoyar a los hogares y a las empresas, con el fin de proteger también los medios de vida de los más vulnerables.
Por supuesto, los costos económicos de las restricciones son innegables, pero puestos en la balanza frente a los humanos y, también a los sociales y políticos —las consecuencias que el colapso sanitario podría traer consigo es abrir una peligrosa Caja de Pandora en tiempos de indignación y cabreo coincidentes con el proceso electoral— debiera parecer evidente que una sociedad democrática termine, sin desentenderse de los primeros, sopesando más los segundos.
Evadir adoptar medidas más restrictivas para reducir los contagios, bajo el argumento de poner en la balanza y, consecuentemente, dar un peso mayor a las consideraciones económicas es, cuando menos, una estrategia ingenua, pues el deterioro en las condiciones sanitarias – en especial, si se alcanzan niveles alarmantes – alimenta los temores de los hogares y de las empresas y termina teniendo impactos los mismos negativos sobre el gasto y la producción.
De esta forma, en el combate de crisis como la que se experimenta en este momento, el recurso más efectivo será la imposición de restricciones de movilidad y de actividad económica más intensas como las recomendadas por los expertos y, haciendo de tripas corazón, procurar acompañarlas de medidas que mitiguen el impacto sobre los hogares y empresas más vulnerables.
En la adopción de estas medidas de protección social y del tejido productivo es, sin duda, una restricción la situación de los presupuestos públicos; no obstante, en situaciones como las actuales, deberán crearse los espacios de gasto a como dé lugar y acompañándolos con medidas impositivas o de financiación de emergencia. En este contexto, cobra especial importancia avanzar lo más rápido posible en el aseguramiento del financiamiento externo para este año, de donde pueden obtenerse los recursos en el corto plazo para las transferencias requeridas.
Debe privilegiarse la convivencia democrática y la responsabilidad en lo político. Llegados a este punto entran en juego, como en cualquier sociedad democrática, dos elementos determinantes: los diversos intereses y la forma en que un sistema político es capaz de decidir entre ellos y, particularmente, entre ellos y el bienestar colectivo.
Y con ellos, la forma en que las responsabilidades políticas en torno al manejo de la crisis terminan siendo distribuidas entre los diferentes actores, de acuerdo con sus acciones u omisiones.
De partida, lo que debería ser claro en este punto es que no será un Ejecutivo débil y temeroso de tomar medidas – por las consecuencias económicas o políticas – el único que cargará con los costos de sus decisiones, sino que también lo harán los grupos políticos y de interés que ponen primero sus beneficios que los de la colectividad, pretendiendo derivar réditos electorales o económicos y emplear la coyuntura para defender rentas particulares.
Es acá, en donde la situación se complica en especial debido a la opacidad del comportamiento de los grupos de presión, a la cada vez más disminuida capacidad del sistema político para alcanzar acuerdos sobre temas sustantivos —y particularmente, los que tocan temas redistributivos— y la cercanía del proceso electoral. De esta forma, las acciones e intereses de los diferentes actores sociales se mezclan en un cóctel particularmente explosivo desde múltiples perspectivas: la económica, la social y, particularmente, la política.
Un Poder Ejecutivo políticamente muy débil, y no particularmente caracterizado por la decisión y habilidad de su gabinete político, enfrenta presiones intensas de muy diversos actores mientras procura enfrentar los retos de la emergencia, llevar adelante un nuevo ajuste en las finanzas gubernamentales en el marco de un acuerdo con el FMI y, como si no bastase con lo anterior, todo esto en el contexto de unas elecciones presidenciales y legislativas a la vuelta de la esquina, con lo que significa desde el punto de vista del comportamiento de los otros actores políticos y el interés de mantener el control del gobierno por cuatro años más.
Entre tanto, en la acera de enfrente, las agrupaciones políticas también preparan sus armas de cara a los comicios de 2022; muy temprano en algunas de ellas empieza a ser evidente que pretenden recurrir a estrategias de desinformación y polarización, y que no tienen reparos en utilizarlas incluso en temas relacionados con la crisis sanitaria con tal de llevar agua a sus molinos electorales. Otros grupos, los que no se atreven aún a traspasar dicha línea roja, plantean campañas más tradicionales y simples, pero no dudan en regocijarse de o propiciar los traspiés del Ejecutivo, en la medida en que su visión competitiva de la política les hace creer que tal cosa les acerca a una pírrica victoria electoral y al poder disminuido que anhelan.
Por su parte, múltiples grupos de interés y medios de comunicación se posicionan, en el contexto de la crisis, con discursos y acciones teñidas de posturas ideológicas extremas, mensajes simplistas y vacíos —muchas veces falsos— que promueven la crispación y la polarización. Tras estas narrativas, en la gran mayoría de los casos, se ocultan y enmascaran la búsqueda aumentar o perpetuar beneficios y privilegios o, incluso, la adopción, también encubierta, de posturas político-electorales.
Es así, como en medio de la mayor crisis sanitaria que ha enfrentado el país, grupos empresariales, sindicales y medios de comunicación posicionan mensajes interesados y, particularmente, poco empáticos y desconectados del bienestar colectivo, que no tienden más que a añadir tensión y leña a la hoguera en el que se consume la convivencia democrática.
Como si el escenario político no fuese suficientemente complejo, algunos grupos con demandas dispersas y sin sentido, apelando a la falsedad y a la crispación y, sobre todo, con oscuros intereses y financiamiento adoptan vías violentas de protesta, de nuevo procurando sembrar caos y confusión en medio de la coyuntura. Y, en una muestra pasmosa de que ciertas líneas rojas democráticas han sido sobrepasadas, algunos grupos políticos y de presión hacen guiños a los violentos y, de alguna manera, los legitiman, de nuevo, simplemente, porque el caos, en su cálculo miope y egoísta, puede generarles réditos políticos y económicos.
Las restricciones más intensas son el único mecanismo existente para reducir el ritmo de contagio y desahogar con rapidez los servicios sanitarios y evitar muertes. Desde lo político, estas acciones deberán ser acompañadas por un momento de lucidez y de responsabilidad en el que se privilegie la construcción de convivencia democrática y, sobre todo, el bienestar colectivo.
Corresponderá al Ejecutivo tomar las acciones necesarias en lo sanitario y acompañarlas con medidas de protección de los medios de vida de los más vulnerables, para esto requerirá de otras fuerzas políticas a la que deberá proponer un conjunto específico de intervenciones para obtener las autorizaciones legislativas necesarias, en especial, las presupuestarias y de financiamiento.
Pero no bastan los votos para un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis, el comportamiento de las fuerzas políticas y de los grupos de interés debe cambiar para, con empatía y responsabilidad democrática, cerrar filas en la emergencia comprometiéndose con mensajes y acciones que eviten la polarización y el utilizar la coyuntura con fines particulares o espurios. Todos los actores y, en especial, la ciudadanía deberán ser vigilantes de estos compromisos democráticos y dejar en evidencia a los que, a pesar de la crisis, insisten en los mensajes oportunistas.
Es el momento de dejar de titubear, de decisiones sanitarias más fuertes y de hacerse cargo de las consecuencias con los espacios y las herramientas disponibles en lo fiscal y en la red de protección social; es, además, el tiempo de la responsabilidad democrática y del pensar en clave colectiva, elegir otro camino, significaría cargar en la consciencia el pesado fardo de muertes que pudieron evitarse.
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