La más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR confirma que la principal preocupación de las y los costarricenses es el desempleo y la situación socioeconómica. Para afrontar ambos desafíos se requiere generar nuevas oportunidades, y para ello, es necesario dejar atrás viejos prejuicios.

Días atrás, la Fracción del PAC presentó el proyecto 22.482, que busca regular y controlar el uso del cannabis en todos sus usos, abriendo nuevos mercados de actividad económica que ofrezcan ventanas para el desarrollo. Sin duda, el prejuicio que pesa sobre el consumo de marihuana es el principal obstáculo para que esta idea sea una realidad.

Cannabis: un mercado existente

Los datos del IAFA indican que el consumo de cannabis entre la población costarricense aumenta sostenidamente desde 1990, una situación que no es diferente en la región latinoamericana. Además, según el Informe sobre Consumo de Drogas de la OEA, para 2019 Costa Rica es el segundo país de la región donde las personas perciben mayor facilidad para acceder al cannabis, superado solo por Jamaica.

La demanda del producto es una realidad que, al no ser aprovechada por la economía formal, sí lo hace un mercado ilegal que genera violencia, corrupción, riesgos a la salud y otros problemas sociales. Mientras que la regulación y el control del cannabis podría generar los mismos efectos positivos que ha tenido en otros lugares del mundo.

Tendencia internacional

En diciembre de 2020, los 53 Estados miembros de la Comisión de Estupefacientes de la ONU eliminaron al cannabis de la Lista IV de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que la clasificaba como una sustancia con efectos particularmente nocivos por sus propiedades adictivas y con escaso o nulo valor terapéutico. Esta situación ha quedado superada por estudios más recientes al revisar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esta decisión deja clara la necesidad de repensar el enfoque sobre el cannabis, y debería ser un parteaguas en esta discusión a nivel global.

Según cifras del Global Cannabis Report, se estima que para el 2024 el mercado del cannabis aportará cerca de 104 mil millones de dólares a la economía mundial. No en vano, países como Canadá, Uruguay y México ya han permitido su uso, así como 16 estados de Estados Unidos. También otros países de Europa han dado el paso.

En un mercado nuevo que crece rápidamente, los primeros en incursionar cosechan mayores beneficios. Hasta 2018, en Uruguay se contabilizaban más de 4000 nuevos empleos directos tras la activación de esta industria, a pesar de contar con una legislación que interviene bastante en el mercado. Para enero de 2020, en los Estados de Colorado, Massachusetts y Oklahoma, con poblaciones comparables con la de Costa Rica, se han creado 34.705, 13.255 y 9.412 puestos de trabajo en esta actividad respectivamente, generando oportunidades y mercados de millones de dólares.

Por tratarse de una actividad económica con finalidad de lucro, la producción, industrialización y comercialización del cannabis estaría sujeta a los impuestos de renta y valor agregado como cualquier otra mercancía. Adicionalmente, esta industria suele tener asociados otros impuestos específicos, como sucede con el alcohol y el tabaco.

Por ejemplo, en Canadá es el 10%, en Colorado es 15% en la distribución más 15% en la venta minorista, en Nevada es 15% al cultivo y 10% en la venta por mayoreo, y en Washington es un 37% en la venta final sin afectar otras etapas de la cadena productiva. Siguiendo este último caso, el proyecto de ley propone inicialmente un 30% de impuesto especial únicamente al consumo.

Importante mercado

En Costa Rica, asumiendo un 3,2% de población consumidora frecuente de cannabis (IAFA, 2015), con un precio estimado de $3 por gramo y tomando la referencia de 30 gramos mensuales promedio del consumidor frecuente, se alcanza un nivel de ventas de 100 mil millones de colones anuales. Es decir, un 0.32% del PIB. Esto sin contar las exportaciones que el proyecto habilita, ni el consumo poco frecuente que también ocurre.

Regular este mercado en el país trae consigo trazabilidad sobre el origen y calidad del producto, así como mucho mayor control para que no sea vendido a menores de edad, a diferencia de la actualidad donde cualquiera accede al mercado irregular sin distingos de edad y sin conocer la procedencia real del bien, arriesgando su salud.

Las consecuencias sociales y económicas que dejará la pandemia del COVID-19 serán de largo plazo. Recuperarnos será difícil pero posible si como país nos abrimos a nuevas oportunidades como las que representa la regulación y el control del uso del cannabis, sostenibles ambientalmente, generadoras de empleo territorializado y formal, que contribuyen al crecimiento económico y la creación de ingresos frescos para el fortalecimiento de las finanzas públicas.

No hay momento más adecuado para discutir y avanzar en este tema. Las evidencias están a la vista. Lo único por perder serían los viejos prejuicios.

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