El sistema educativo fue de los primeros afectados por la pandemia del COVID-19. La suspensión de clases presenciales para más de 1.200.000 estudiantes es una situación inédita en la historia reciente de la educación en Costa Rica, solo comparable con la crisis de los años ochenta del siglo pasado donde fuimos testigos de una generación perdida. En este nuevo contexto, surgen desafíos importantes y urgentes en materia de equidad, si queremos evitar que se incrementen las brechas de aprendizaje entre la población y afecten a los estudiantes, especialmente a los que provienen de los hogares más vulnerables.
La pandemia ha dejado claro, más que nunca, la importancia de la escuela como un espacio para aprender y desarrollar habilidades para la vida pero también para la nutrición; la comunicación, la construcción de relaciones sociales y de convivencia; el cuidado y la protección de los estudiantes ante situaciones de violencia en los hogares y en las calles. Asimismo, la pandemia nos ha enseñado que la escuela, en especial la escuela pública, es un espacio que iguala y atenúa la desigualdad social debido a que fuera de ella la realidad es muy desigual.
El crecimiento sostenido de concentración de ingreso que el país ha experimentado en los últimos 25 años, hace que tengamos hogares en condiciones muy distintas para hacer frente a la pandemia. Las diferencias entre hogares ricos y pobres son marcadas en cuanto a número de miembros, ingresos per cápita, desempleo y presencia de jefaturas femeninas. Características que dejan claro que la escuela improvisada en casa no es igual para todos y está determinada por las condiciones económicas y sociales de los hogares y su capital cultural.
Los niños, niñas y adolescentes que provienen de hogares pobres y climas educativos bajos, asisten mayoritariamente a las escuelas y colegios públicos y viven en familias cuyos padres tienen primaria incompleta o menos. Esto significa que no cuentan con recursos cognitivos suficientes, ni tiempo para apoyar a sus hijos en las tareas escolares porque están tratado de sobrevivir a la crisis.
Es por ello que, para subsanar lo anterior, resulta fundamental que los estudiantes de estos hogares mantengan contacto regular con sus docentes, una situación que durante la crisis sanitaria solo es posible por la vía virtual. No obstante, para muchos estudiantes este contacto no siempre ha sido posible debido a brechas importantes que el país no tenía resueltas antes de entrar a la pandemia y que salieron a flote entre las que sobresalen: la falta de acceso universal de los hogares y los centros educativos a una buena conectividad; de dispositivos para todos estudiantes y de procesos de alfabetización digital en los docentes para que estos puedan acompañar y potenciar el uso de las tecnologías, con fines educativos.
Antes de la pandemia sabíamos por la Encuesta Nacional de Hogares del 2019 que más de 418 mil estudiantes no estaban en condiciones de recibir educación a distancia. Datos de esta encuesta también mostraban entre las personas de 5 a 18 años que asisten a la educación y que viven en los hogares de mayor ingreso, el 80% tiene buena conexión a internet, mientras que entre los más pobres ese porcentaje disminuye a 37%. Además, en estos hogares más pobres, el 48% solo accede al internet por el celular y un 10% no tiene ninguna conexión. Esta situación no varió significativamente en el 2020 y aún persiste en el 2021, como el MEP recientemente lo ha confirmado.
Estas brechas se amplifican además en las regiones periféricas y se agravan por la falta de dispositivos en muchos hogares que tienen problemas de hacinamiento tecnológico, es decir, varias personas compitiendo por los mismos dispositivos (computadora, tablet o celular). Una situación que afecta sobre todo a los hogares con 3 o más estudiantes, como lo ha documentado el Estado de la Educación.
Estas condiciones han impedido que se cumpla el derecho constitucional a la educación para una parte importante de estudiantes del sector público, mientras que, en el otro lado de la acera, la situación es muy distinta. Los alumnos que asisten a la educación privada, que representan el 7% de la matrícula, han tenido acceso a buena conectividad y mantenido sus lecciones sin interrupciones, en los últimos dos años. Es decir, el piso en la pandemia no ha estado parejo para todos y esto acrecienta las brechas.
En este contexto, sin acciones rápidas y extraordinarias la desigualdad educativa puede profundizarse y provocar nuevos distanciamientos de la escuela, pero ya no por la pandemia sino por los procesos de desescolarización de los estudiantes desconectados, para quienes la desconexión es una nueva forma de exclusión. Se trata de una situación especialmente delicada para esta generación que ya acumula cuatro años seguidos de interrupciones del ciclo educativo que afectan sus aprendizajes y sus oportunidades.
La pandemia ha dejado claro que atender la desigualdad importa porque en tiempos extraordinarios se exacerba, es por ello que cerrar las brechas pendientes y atender el rezago que se está generado en las poblaciones más vulnerables es un problema educativo urgente de atender. Pero también es un problema económico y político siendo que, sin una generación preparada el país no podrá tener la competitividad que requiere para impulsar la ansiada reactivación económica, ni tampoco ciudadanos críticos que sean base y sostén del sistema y la convivencia democrática en el futuro.
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