En los últimos días se hace más constante el llamado de distintas personas y empresarios que ven una forma de aliviar su situación financiera en dejarle de pagar al gobierno sus impuestos y a algunas instituciones autónomas servicios como agua y electricidad, es claro que esto tampoco es una solución por que finalmente las contribuciones que se brindan al estado tienen cientos de propósitos entre otros atender la emergencia generada por el COVID, sin embargo, también es claro que no puede existir un desequilibrio tan grande entre un estado que limita el comercio y no ofrece soluciones, pero mantiene su estructura de gastos como si no estuviera pasando la economía por un pésimo momento.
Bajo esta premisa hemos realizado un ejercicio financiero y económico con el fin de sensibilizar el posible impacto económico de dejar de pagar estos cargos, para lo cual tomamos uno de los modelos de negocios más afectado por las medidas de gobierno como es un restaurante.
Cabe aclarar que para estos efectos no consideramos el impuesto de ventas, ya que el mismo no lo pagan los empresarios si no consumidores y es un impuesto que se produce solamente cuando se genera una venta, sin embargo, es claro que una baja en la tasa de este impuesto lo que implicaría es que los costarricenses tenga mayor dinero para consumo lo que es visiblemente una forma de reactivar la economía.
Tampoco hemos considerado el impuesto de renta ya que el mismo se generará en la medida que existan ganancias, aspectos que por la situación económica actual es de prever que una gran mayoría presenta una situación deficitaria y por lo tanto no tengan que cancelar este impuesto, no obstante si es urgente que se detengan las retenciones de este impuesto mediante los pagos de tarjeta, ya que significan una merma en el flujo de caja de estos negocios y lo único que está generando es un crédito futuro, algo que evidentemente en este momento es totalmente irrelevante, considerando las pérdidas que se están generando.
Para este análisis tomamos en cuenta los siguientes supuestos:
Un restaurante que mantiene un horario de 12 medio día a 10:00 p.m. horario habitual antes de pandemia.
Esto nos da un horario de 10 horas, sin embargo, las horas realmente productivas para un restaurante son 6 horas de 12 medio día a 3 de la tarde (hora de almuerzo) y de 7 de la noche a la 10 pm (Hora de cena), esto implica que al mes el restaurante tiene 180 horas productivas.
Considerando las restricciones sanitarias con un cierre a las 9:00 p.m. eso implica que un restaurante pierde 30 horas productivas y equivale a un 17% de las horas productivas, además una semana de cierre completo como lo vivimos en este mes de mayo implica una pérdida de un 23% del tiempo productivo, además a esto se le debe sumar un aforo del 50% esto implica realmente una baja en ventas promedio de un 30%.
Todo lo anterior significa que en un mes como el de mayo un restaurante pierde un 70% de sus posibles ingresos de su capacidad máxima, ya que, aunque el cierre fue por una semana las demás medidas se sostienen a través del mes.
Tomando en consideración este dato aplicamos el mismo a los pagos de gobierno dando los siguientes resultados:
Del ejercicio anterior se desprende que, aunque no sea una solución pretender no cancelar algunos compromisos con el estado, una disminución de los cargos que cancelamos al estado aliviaría significativamente la situación de estos negocios, lo anterior generando una disminución equivalente entre los ingresos versus los costos generados por el estado.
- Las cargas sociales son el 26.50% de un salario total de ¢5.335.213.40 una planilla de 15 personas (Salario mínimo establecido por MTSS)
- Impuesto Municipal: Dato calculado con una venta mensual promedio de ¢36.720.000 colones
- Electricidad y agua: tomados datos históricos de restaurantes de la zona de San José (con una capacidad en promedio de 60 a 100 sillas)
- Riesgo de trabajo: Se tomó un porcentaje promedio del 1.90% de los salarios totales. De acuerdo con el tarifario por actividad económica utilizado por el INS.
Es importante que el gobierno valore realmente los mecanismos de rescate de este tipo de negocios, es claro que algunas instituciones mantienen una desconexión con la realidad que vive el país, ejemplo de esto es el salario mínimo sobre el cual la CCSS cobra sus cargas sociales; es claro que esta institución requiere recursos para seguir luchando contra esta pandemia pero también es claro que si no hace un cambio en sus políticas igual va perder estos ingresos, ya que esto puede derivar en una mayor tasa de desempleo o que se precaricen los negocios inclinándose a la informalidad, situación que en el sector profesional ha sido la tónica en los últimos años.
Además, debemos considerar que los negocios como restaurante y hoteles no solo aportan trabajo directo si no encadenamientos con otras áreas como la agrícola, la de servicios, comercio, construcción, entre otras.
Aunque las medidas de confinamiento y restricción vehicular se señalan tienen una eficacia en disminuir el ritmo de la pandemia, se debe buscar soluciones de mediano y largo plazo que no generen una pérdida significativa del parque empresarial ya que a la postre colocarán a la economía en un estado crítico y será más caro la cura que el remedio.
Asimismo, se debe abogar a abordar esta situación desde puntos de vista multidisciplinarios que permitan generar un equilibrio entre la necesidad que la economía siga produciendo y el tema de salud.
Se deben buscar políticas públicas que alivien la carga al sector empresarial donde los recursos anhelados por el gobierno se dirijan a crear ayudas al sector empresarial y racionalización del gasto público, es decir eliminemos algunas cargas al sector empresarial tales como puntos del iva, disminución de algunos puntos porcentuales de las cargas sociales, reducción de tarifa eléctrica, disminución de cargos municipales, etc., en contraposición el estado una racionalización de la deuda pública, reducción de gastos, prestamos más baratos a fin de balancear las cargas y no generar un déficit mayor al existente.
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