Al igual que el año pasado, en el marco del informe de gestión del presidente Carlos Alvarado ante la ciudadanía y la Asamblea Legislativa, realizo un balance de la gestión en materia de seguridad pública de la presente administración, eje seis del mensaje presidencial de este 4 de mayo. Como ejercicio de pausa reflexiva para la mejora continua.

El enfoque de trabajo se mantuvo en el período 2020-2021: incidir positivamente para la ciudadanía sobre los indicadores de criminalidad que más les afectan, como lo son los delitos contra la propiedad y los delitos contra vida, pero también fortalecer la lucha contra el crimen transnacional organizado y el mejoramiento de las condiciones laborales y operativas de los funcionarios policiales.

La tendencia de estos indicadores fue positiva, a pesar del contexto de la emergencia nacional provocada por el COVID-19 y sus implicaciones en la movilización de recurso para implementación de las medidas sanitarias, así como también el abordaje de las diversas manifestaciones sociales en este periodo.

La tendencia en los delitos contra la propiedad para el año 2020 registró una importante reducción. En cifras comparativas de la variación interanual con el año 2019, el 2020 registró una disminución de un 32%. Puntualmente, se registraron diminuciones de un 38,8 % en asaltos, 36 % hurtos, 27 % robo a vivienda, 31% robo a vehículo y un 27% en robo a ganado para citar algunas de las modalidades delictivas más importantes. Sin bien es cierto las medidas sanitarias tuvieron un efecto en estos fenómenos, sería injusto invisibilizar el trabajo titánico de hombres y mujeres policías en las calles para la prevención de estos delitos, así como no se debe ignorar la resiliencia criminal de los grupos delictivos que se adaptaron a estas medidas.

La contención de homicidios dolosos fue uno de los retos más agudos, se registraron 6 homicidios más que el año pasado. Sin embargo, por tercer año consecutivo la tasa por cien mil habitantes continuo a la baja. Esto después de que se revirtiera la escala de violencia que llegó a su pico más alto de 12,2 homicidios por 100.000 habitantes en el 2017. Para el 2020 el país registró una tasa del 11,2, lo que significó 33 homicidios menos en comparación con ese momento cúspide de criminalidad.

Estos resultados son producto de la estrategia policial denominada Mega Operativos, aplicada desde inicio de la administración, un trabajo articulado de todos los cuerpos policiales direccionado bajo el análisis criminal. Para el año 2020 se realizaron un total de 251 mega operativos, de esos 132 enfocados a la emergencia nacional y 119 a la criminalidad. Teniendo como resultado, por ejemplo, el decomiso de 2088 armas de fuego. Este año se ha incorporado la estrategia operacional al resguardo de los recursos naturales, estableciéndose los Mega Operativos ambientales, trabajo en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), enfocado en los delitos ambientales en las Áreas Protegidas y los Parques Nacionales de nuestro país.

En materia de la lucha contra el crimen organizado, las nuevas estrategias implementadas y el equipo especializado adquirido en los últimos 3 años han dado resultados muy positivos. El país superó la cifra histórica de 71 toneladas de droga incautada por medio de operaciones conjuntas durante el 2020, por tres años consecutivos desde el nuevo Centro de Operaciones Conjuntas se han incautado a las estructuras del narcotráfico cifras récord nunca alcanzadas.

Estos números también evidencian que nuestro país sigue manteniendo una posición geoestratégica clave en la ruta del tráfico internacional de drogas, especialmente en el flujo a Estados Unidos y Europa. La Policía de Control de Drogas, durante el año 2020, desestructuró 248 organizaciones locales y 66 internacionales que operaban en el territorio nacional, por medio de procesos de investigación rigurosos que suman al trabajo en esta línea también realizado por Organismo de Investigación Judicial.

El esfuerzo operativo también fue acompañado por la generación de mecanismos legales para la lucha contra el crimen organizado. Junto a las Asamblea Legislativa se concretaron iniciativas legales importantes para el apoyo de la labor policial. La Ley 9902, la cual autoriza a la policía a demoler y destruir pistas identificadas como clandestinas y la Ley para regular el uso del polígrafo para determinar rasgos de confiabilidad en los Equipos Especiales de Seguridad Nacional.

Con la Asociación de Empresas de Seguridad Privada se consensuó el Proyecto de Reforma a la Ley de Servicios de Seguridad Privada Ley N° 8395, que busca modernizar el marco jurídico y combatir el mercado informal de estas empresas, la competencia desleal y mejorar controles ante la pérdida de armamento. El mismo ya se presentó ante la Asamblea Legislativa para el trámite correspondiente.

Una de las líneas más importantes de trabajo ha sido el mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios policiales, como lo fue el aumento salarial en el 2019. Este año se realizaron adquisiciones relevantes para el fortalecimiento de los cuerpos policiales, tales como: armas de fuego, chalecos antibalas, motocicletas, vehículos, uniformes y botas policiales. Muchas de estas adquisiciones tuvieron una presión de gasto relacionado a la extraordinariedad operativa para la atención de la emergencia nacional relacionada al COVID-19.

Durante este período se avanzó de manera significativa en materializar proyectos constructivos:

  • Delegaciones en Delta Costa Rica, Barra del Colorado, Agua Dulce y Barra de Sarapiquí de la Policía de Fronteras, Delegación de la Policía Control Drogas en Alajuela, Delegación de Quebrada Grande de Liberia, Delegación Colorado de Abangares, Delegación Cabeceras de Tillarán, Delegación Ciudad Cortés de Osa de Fuerza Pública
  • Proyectos de Diseño de Construcción de la Infraestructura de los Puestos de Integración Fronteriza en Sabalito de Coto Brus, Paso Canoas de Corredores, Tablillas en los Chiles y Peñas Blancas en La Cruz, proyectos de Policía Fronteras, Fuerza Pública y Policía Control de Drogas en Caldera.

Durante el 2020 se adquirió importante recurso marítimo y terrestre por medio de fondos propios y de cooperación internacional. Por ejemplo:

  • Tres modernas lanchas Metal Shark destinadas operaciones de rescate, combate al narcotráfico y protección de los recursos marinos estarán a disposición del Servicio Nacional de Guardacostas en el Caribe. Adquiridos con fondos propios y con la colaboración del gobierno de EEUU. Inversión: $ 2,6 millones (₡ 560 millones).

Dos de las lanchas tienen 38 pies de eslora (11 metros de largo) y cada una tiene un valor de $588.500. Están equipadas con tres motores fuera de borda de 300 caballos de fuerza, con capacidad para ocho tripulantes. La otra lancha es de 45 pies de eslora (13 metros de largo) y está valorada en $1,4 millones. Pueden viajar hasta 18 tripulantes y cuenta con dos potentes turbinas de 567 caballos de fuerza.

  • Construcción de un Centro de Capacitación y Mantenimiento en la Estación de Guardacostas de Puerto Caldera, que permitirá a oficiales de esta dependencia formarse en reparación de embarcaciones utilizadas en la vigilancia de las aguas costarricenses. Inversión: $1.5 millones aportada por Estados Unidos.
  • Dos lanchas interceptoras Tampa Yacht (modelo 2020) y dos naves Eduardoño que fueron reparadas, las 4 para reforzar las operaciones en el Pacífico. Donación del gobierno de los Estados Unidos por dos millones trescientos treinta y nueve mil dólares.
  • Modernización del Centro de Formación Policial Murciélago, la remodelación del módulo de dormitorios para 88 mujeres oficiales y la inauguración de una torre de rapel de 18 metros de altura, se da un paso más en la senda de la profesionalización de las fuerzas policiales costarricenses.
  • La primera aeronave policial debidamente equipada para traslado aeromédico de Servicio de Vigilancia Aérea. Cuenta con dos camillas, equipo médico y sistemas eléctrico. La aeronave Cessna Grand Caravan, valorada en $5.6 millones, fue comprada con fondos de Estados Unidos y Costa Rica
  • La Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia (INL) donó como parte del programa de capacitación aérea; un hangar de mantenimiento para el SVA. El hangar apoyará los cuatro helicópteros que buscan mejorar la capacidad operacional de Costa Rica para esfuerzos antidrogas, operaciones policiales y ayuda humanitaria.

De la República Popular China se recibió la donación de 100 motocicletas de 650 cc marca CFMOTO, más equipamiento policial que incluye 500 escudos balísticos, 500 chalecos antibalas, 2000 cascos antibalas, 2000 armaduras rígidas, 100 mantas antiexplosivos.

Con fondos de la Unión Europea desde el Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado se fortaleció el Centro Policial Binacional Costa Rica-Panamá. Este centro de intercambio de información operativa es un instrumento estratégico de cooperación binacional en temas de seguridad entre las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica y Panamá para la lucha común de amenazas.

La Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública “Sembremos Seguridad” enfrentó retos en su implementación debido a la emergencia nacional. Aun así, se avanzó en el cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019 – 2022 (PNDIP) y en el Plan Estratégico Institucional (PEI), logrando al final del 2020 implementar la Estrategia en 15 cantones de 22 que se habían proyectado como meta para dicho año. Impacto en algunos cantones:

  • Alajuelita: se creó un programa para incentivar la denuncia.
  • Garabito: “Proyecto Pensamiento y Escritura Creativa”, el cual brinda a los jóvenes del cantón la oportunidad de compartir el arte.
  • Heredia: “Por media calle por los de la calle”, atención primaria a las personas en situación de calle.
  • La Unión: caminata contra la violencia y creación de mural con la colaboración de Funpadem.
  • Mora: Casa de la Juventud Mora, estrategia dirigida a jóvenes con el fin de que puedan compartir y materializar sus ideas al tiempo que desarrollan habilidades técnicas y sociales.
  • Pococí: Política Municipal de Niñez y Adolescencia.
  • Quepos: inauguración del Skate Park.
  • Siquirres: Plan de Seguridad Cantonal
  • Tibás: “Tibás Ciudad de Parques”, recuperación de espacios públicos en comunidades vulnerables.
  • Desamparados: centro de monitoreo, fortalecer el monitoreo en sectores conflictivos.
  • Alajuela: Construcción de Boulevard Santa Rita, construcción y apropiación de nuevo espacio público en zona vulnerable.

Retos y ruta para el período 2021 -2022

La correcta y ágil ejecución del crédito por $100 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado por la Asamblea Legislativa a inicios de este año, para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, el cual será invertido en la construcción de más de 35 Delegaciones Policiales y el mejoramiento de las capacidades tecnológicas a través de un programa de efectividad policial que se materializa en un Sistema de Mando y Control Policial con tres módulos:

  • Registro, despacho, atención y gestión de las incidencias delictivas.
  • Análisis Estadístico descriptivo.
  • Análisis Estadístico predictivo.

Esto será acompañado con el nuevo Modelo Preventivo de Gestión Policial liderado por Fuerza Pública, con este, Costa Rica avanzará a tener una policía moderna desde su columna vertebral incorporando los principios de la Policía basada en evidencia, orientada a la solución de problemas y a la inteligencia. Este modelo permitirá conocer desde un enfoque científico la demanda y oferta del servicio policial en cada una de las Delegaciones Cantonales del país, así como elaborar respuestas policiales diferenciadas por medio de la focalización y caracterización de la fenomenología presente en el territorio. Este podría llegar a ser uno de los cambios estructurales de Fuerza Pública más importantes de la presente década.

Otro reto para este año será continuar con la contención de delitos, pero aún más focalizada. La escalada de violencia en lugares de alta vulnerabilidad, como el cantón central de Puntarenas (Barranca, El Roble y Chacarita), producto de condiciones estructurales, sociales y un bajo nivel de desarrollo humano, sumado a su posición geográfica en la ruta del tráfico de drogas es un reto constante hasta que no se aborden los factores de riesgo en esto lugares. Cómo lo fue en 2017 en Orotina y los barrios del sur de San José, en 2018 en San Ramón, en 2019 La Cruz y el 2020 en Limón.

Para el caso de Puntarenas, se avanzó agresivamente con una estrategia de control que involucra al Poder Judicial para el establecimiento de objetivos de persecución criminal, que tuvo sus resultados en la reducción de las manifestaciones de violencia en la zona. Pero más importante aún el abordaje de prevención social de las violencias, para esto se ha oficializado la Estrategia Territorial para la Prevención de la Violencia en el Cantón de Puntarenas (ETPVCP); el reto sin duda alguna es el seguimiento y acompañamiento a las instituciones locales en su implementación.

En la agenda legislativa se presentará la consolidación del Centro de Operaciones Conjuntas (COC) como un espacio institucional de coordinación operativa en nuestro país.

Estos ejes mencionados serán la ruta para este año restantes en materia de seguridad, esperando consolidar un camino de convivencia y bienestar para la población costarricense.

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