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Hacer balances y evaluaciones en la gestión pública es fundamental para la mejora continua.

Ayer, el presidente Carlos Alvarado Quesada rindió su segundo informe de gestión, ante un escenario distinto e inimaginable, marcado por lo que denominamos “vida en pandemia”; una oportunidad necesaria para hacer una pausa, revisar y medir avances, buscando ser autocríticos con los retos pendientes en temas fundamentales para la nación

Hizo énfasis, entre otros temas, en el estado de la seguridad del país que a la vez es una de las principales preocupaciones de la sociedad costarricense Por eso quisiera profundizar en materia de seguridad ciudadana, recapitulando las acciones, las estrategias y resultados de estos dos años de gobierno, así como los retos pendientes, desde los datos y los hechos.

¿Qué nos dicen los datos duros de las estadísticas judiciales?

Dos de los indicadores qué más afectan a los y las costarricenses bajaron. Estos son los homicidios dolosos y los delitos contra la propiedad, los cuales se ven más reflejados en la violencia y criminalidad en las calles de nuestra cotidianidad. A continuación, veremos su variación con datos claros.

Sobre homicidios. La cantidad de homicidios por año venía al alza desde el 2014, siendo el 2017 uno de los años más violentos en la historia del país. Ante tal escenario, las proyecciones pesimistas eran las que prevalecían, por lo cual se proyectó un cierre del 2018 con un total de de 645 homicidios. Un mes después de entrar el gobierno, en junio 2018, inicia una desaceleración que lleva al país a cerrar el año con 585 crímenes.  Esto significó quebrar una tendencia de crecimiento de casi un quinquenio en este delito contra la vida, y pasar de 12,2 a 11,7 en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, contra toda proyección.

El reto inmediato fue mantener esa desaceleración durante el 2019. Y así fue, el año pasado cerramos con 564 homicidios y una tasa de 11,1 por cada 100 mil habitantes, para una reducción de 6.8% respecto al 2017, el año más violento del país. Esto significa más de 40 familias que no lloraron la pérdida de algún familiar por causas violentas.

¿Cómo vamos este año? Los primeros dos meses con un leve aumento al cierre de cada mes, que se recuperó en marzo y abril. Teniendo al día de hoy una diferencia anual de -1 % respecto al año pasado.

Sobre delitos contra la propiedad. El país registró en estos pasados dos años, resultados positivos con respecto a delitos contra la propiedad. Estos son aquellos que, por su frecuencia e impacto social, son de interés prioritario para los cuerpos policiales y que nos dan un estándar validado para medir el comportamiento del fenómeno criminal en el país. Para el 2019 logramos una reducción del 5% respecto al 2018. Las modalidades que más disminuyeron fueron: tacha de vehículo (-23,6%), robo de vehículo (-10,7%), asalto (-7%) y robo de ganado (-3,3%).

Los retos en estos dos indicadores se resumen en cerrar las brechas territoriales y poblacionales. La violencia y la criminalidad, por sus factores estructurales sociales, afectan de forma distinta a las poblaciones más vulnerables con factores de mayor exclusión social: personas jóvenes, mujeres y en territorios con menor desarrollo multidimensional. De los 564 homicidios en el 2019, 392 de las víctimas eran menores de 30 años; las tasas de homicidios en cantones como Limón (43,2), Pococí (22,2), Puntarenas (21,7) Corredores (19,3) La Cruz (56,4) duplican o triplican la media nacional.

La ruta para el abordaje de estos retos solo puede ser la prevención social, abordando y disminuyendo los factores de riesgo en las personas vulnerables antes que se cometa el delito y se llegue a la violencia. La generación de estos factores protectores ha sido prioridad, tal y lo establece la hoja de ruta interinstitucional de “Puente a la prevención”. Así como la alianza con diferentes organizaciones por medio de la valiosa ayuda dada por la cooperación internacional, destacándose en este campo las Embajadas de Estados Unidos y Colombia.

Sobre otros indicadores, podemos mencionar que, a pesar de la importante disminución de los femicidios en estos dos años, la violencia machista seguirá siendo un reto. Mientras en el 2018 se cometieron 26 femicidios, en el 2019 se logró reducir a un total de 14, la menor cantidad desde que se tiene registros. Una reducción del 46,2% según el Observatorio de la Violencia de Género del Poder Judicial. Estas cifras lejos de tranquilizarnos, nos comprometen para avanzar en la ruta integral trazada por una diversidad de instituciones para llegar a la reducción mencionada. De esta forma, abordar las múltiples manifestaciones de la violencia de género, hasta que los hogares y las calles sean lugares seguros para las mujeres.

Desde Seguridad Pública, se han generado y actualizado protocolos policiales para combatir acoso callejero y la atención de casos de violencia intrafamiliar y relaciones de pareja, fortaleciendo las capacidades para la atención de este tipo de violencia en los oficiales de la Fuerza Pública. Lo anterior acompañado por la actualización del contenido curricular sobre Violencia Intrafamiliar en el Curso Básico Policial. Esto es realmente relevante en esta dimensión preventiva, en el 2019 se realizaron 8778 aprensiones por casos de violencia doméstica, 25% más que en 2018.

También se ha focalizado el abordaje según los datos de incidencia de violencia de género. Por ejemplo, Golfito es el cantón que tiene más femicidios en el país y por ello se desarrolló un plan piloto de focalización de todos los servicios de prevención de violencia contra las mujeres que tiene Seguridad Pública en esa jurisdicción, como una medida innovadora para prevenir los femicidios.

En la misma línea preventiva, tan solo este año se capacitó a más de 304 comunidades en Seguridad Comunitaria, ampliando la red de comunidades organizadas. Con la estrategia Sembremos Seguridad se analizó la problemática criminal y social de más de 20 cantones en todo el país y se establecieron 229 líneas de trabajo de transformación urbana y social de esos cantones.

Llegar a las poblaciones vulnerables también incluye programas enfocados en la niñez y adolescencia. Estos han tenido una cobertura de más de 7000 niños y niñas y 61 000 jóvenes y estudiantes, en las temáticas de sensibilización contra la trata de personas, contra la violencia intrafamiliar, en masculinidades positivas y en favor de noviazgos sin violencia.

En la línea de abordaje de poblaciones vulnerables, se ha procurado la debida protección a la población indígena del país. Llevando los programas preventivos a estas poblaciones en sus idiomas y con el cumplimiento de todas las acciones señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a la Viceministerio de la Presidencia y la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.

Lucha contra el crimen organizado

El 46% de los homicidios en el 2019 se registran bajo las modalidades de ajuste de cuentas o venganza, manifestaciones directas de la dinámica del crimen organizado. Seguridad Pública ha desarticulado 283 organizaciones criminales nacionales e internacionales en estos dos años, producto de un trabajo articulado con la Policía de Control de Drogas (PCD), el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, que trasciende a acciones de cooperación internacional.

Golpes contundentes por medio de incautaciones de droga a las estructuras.

Durante estos dos años hemos incautado cifras nunca antes alcanzadas en nuestro país, más de 80 toneladas no han llegado a las calles gracias a las operaciones conjuntas por aire, mar y tierra de nuestros cuerpos policiales. Según registros del Departamento de Defensa de los EEUU, Costa Rica hoy es uno de los países que logra mayor incautación de droga y que atiende alertas de inteligencia de tráfico internacional de drogas en la región.

Pero estos datos también nos alertan de la magnitud de problema del crimen organizado en el país. Este año, en los primeros 4 meses ya alcanzamos las 19 toneladas de droga incautadas, gracias a casos de investigación e inteligencia concretados exitosamente. Uno de ellos fue el realizado en la terminal APM Terminals por la PCD a principios de año, el mayor decomiso de droga en la historia del país en un solo caso.

No obstante, este esfuerzo pierde sentido si no logramos impactar las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Esto solo será posible por medio de herramientas como la extinción de dominio, deuda pendiente de estos periodos legislativos.

La resiliencia criminal de estas organizaciones nos demuestra que no quedan espacios vacíos, esa capacidad adaptativa le exige al sistema de seguridad tener cada día más herramientas y estrategias ágiles y modernas, acompañadas por una mayor capacidad operativa y equipo especializado. Pero quizás, uno de los retos más grandes en este ámbito, es combatir la corrupción en los cuerpos policiales, esto porque se enfrentan a actividades delictivas de alto lucro y aún tenemos vulnerabilidades institucionales que facilitan la compra de voluntades.

Es por eso, que el aumento salarial dado este año a las personas policías reviste importancia al ser un paso significativo en el achicamiento de las brechas de ingreso. Este ajuste salarial significó saldar una deuda histórica con los hombres y las mujeres que han estado en la primera línea en los momentos críticos para el país. Un aumento de hasta un 6% en los sueldos policiales más bajos, que impactó a más de 15.000 oficiales y sus familias, ha sido una inversión estratégica, aún en momentos de estrechez fiscal.

El mejoramiento de las condiciones laborares significa más y mejor equipo.

En estos años se mejoraron las condiciones de avituallamiento de los distintos cuerpos policiales mediante adquisiciones de botas tácticas especiales para selva, chalecos antibalas, armas de fuego (9mm), uniformes, esposas y bloqueadores solares. En esta misma línea, se compraron un total de 258 nuevos vehículos y 275 motocicletas que han sido distribuidas por todo el país. Inversión que llega a los 5.716 millones de colones. También se gestionó la donación de tres nuevos vehículos blindados para operaciones de alto riesgo.

A este equipo especializado se suman los 4 nuevos helicópteros (Bell UH1 ST de dos turbinas), el avión (King Air 250) con la plataforma de radares MPA, las 4 nuevas embarcaciones de alta velocidad de Servicio Nacional de Guardacostas que vigilarán el litoral Caribe, las aeronaves no tripuladas dirigidas a larga distancia (Drones-RPA) y finalmente la puesta en marcha del Centro de Operaciones Conjuntas (COC).

Este centro equipado con tecnología especializada para la ejecución de operaciones de alto riesgo en respuesta a accidentes, alertas en materia de lucha contra el narcotráfico, labores humanitarias o emergencias nacionales.  Un ejemplo es la operación de control fronterizo para la atención de la emergencia nacional por el COVI-19. Este centro tiene la capacidad para desplegar grupos tácticos especializados, recursos acuático, terrestre y aéreo a cualquier lugar del país.

Sin duda alguna, estas nuevas herramientas y estrategias mencionadas han dado mayor capacidad operativa. Se han realizado 284 megaoperativos desde mayo 2018, todos basados en análisis criminal para la contención de la violencia y la criminalidad en “puntos calientes” abordados con todos los cuerpos policiales. Algunos de estos muy focalizados para la atención de problemáticas específicas: robo de contenedores, robo de ganado y extracción ilegal de oro en Crucitas.

Esto se ha traducido en 15 mil personas detenidas en flagrancia y el decomiso de más de 4 mil armas de fuego en este bienio. Lo último se suma a las acciones en el control y regulación de armas para reducir la cantidad de armas irregulares en las calles de nuestro país. El año pasado el 67 % de los homicidios se cometió con armas de fuego.

Por eso se avanzó decididamente, junto a la Asamblea Legislativa, en la aprobación de un nuevo y moderno marco jurídico para la trazabilidad y tipificación de los delitos y penas por tenencia ilegal de armas. También, en reformas reglamentarias que tienen como objetivo mejorar el control de la venta y adquisición de municiones, así como mayor facilidad para el decomiso y destrucción de armas utilizadas en casos de violencia doméstica.

Finalmente. Siendo una muestra del valor, la mística y el sacrificio de cada mujer y hombre de policía, se gestionó el Benemeritazgo en Servicio Social dado a la Fuerza Pública por los y las diputadas. Este es un reconocimiento histórico para todos nuestros oficiales de policía que se sacrifican por asegurar la paz y convivencia pacífica del país, aún en los momentos más difíciles y críticos para el país, como ha sido la atención a la pandemia del COVID-19 o el periodo de huelga de más de 90 días.

Durante estos dos años hemos buscado devolver a la ciudadanía la confianza con base en resultados. Aportar a generar un sector seguridad más cohesionado, equilibrado y fuerte. Generando coordinaciones en múltiples de sus componentes y políticas.

Con una policía democrática civilista y preventiva que, en este momento, logra gozar de una alta confianza por parte de la ciudadanía, con una valoración de 8,3, según la última encuesta del CIEP-UCR, la más alta en casi un decenio. Esto no es elemento pequeño, en el contexto latinoamericano, para quienes creemos en las instituciones democráticas como facilitadoras de convivencia, desarrollo equitativo e inclusión social.

Muchas cosas han pasado estos dos años y muchas más pasarán. Muchas personas han sido parte de esto, porque lo aquí planteado es tan solo la sistematización de la sangre, sudor y lágrimas de miles de personas que estamos o estuvieron en estas trincheras: miles de policías, directores, personal administrativo, viceministros, ministro y Presidente. Porque sí, el barco ha tenido capitán y equipo.

Fuente datos

  • Los datos de acciones operativas fueron extraídos del sistema SAE del Ministerio de Seguridad Pública, de los informes policiales.
  • Los datos estadísticos de los indicadores criminales fueron tomados de la Memoria Anual del Organismo de Investigación Judicial, 2019.