Esta mañana a través del decreto N°42895-MP el Poder Ejecutivo finalmente presentó la convocatoria del Acuerdo de Escazú a sesiones extraordinarias del Congreso. Se trata del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y entrará en vigor el próximo 22 de abril, a pesar de que Costa Rica todavía no lo ha ratificado.
El convenio busca el reconocimiento y respeto del derecho a vivir en un ambiente sano y garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información, así como participación real y significativa en decisiones en materia ambiental en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, fue firmado por 24 países el 4 de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú. Es el primer gran tratado medioambiental de la región.
Costa Rica no fue solo el país sede de la firma del acuerdo sino que junto a Chile, dirigió las negociaciones. La vicepresidenta de la República, Epsy Campbell Barr, firmó el acuerdo ante la ONU el 27 de setiembre del 2018. No obstante, la ratificación no se ha dado y depende exclusivamente de la Asamblea Legislativa. Luego de la insistencia de diferentes organizaciones ambientales, el presidente Carlos Alvarado Quesada ha decidido convocarlo al Plenario en las sesiones extraordinarias.
El pasado 13 de febrero el Poder Legislativo aprobó en primer debate el expediente 21.245 que ratificaba el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, debido a un vicio en el procedimiento, la Sala Constitucional obligó a repetir la votación. Recordemos que la Corte Plena solicitó a la Asamblea Legislativa aclarar cuál será fuente de recursos para aplicar la nueva ley ambiental. El acuerdo obligaría al Poder Judicial a realizar modificaciones para atender solicitudes en la materia.
Dados los pasos pendientes, es improbable que Costa Rica ratifique el acuerdo antes de su entrada en vigor en 10 días.
Siguiente paso
Luego de que la Comisión de Consultas de Constitucionalidad dictaminó que el proyecto debía devolverse a primer debate, la Asamblea no podía discutirlo sin que lo convocara el Ejecutivo, visto que nos encontramos en sesiones extraordinarias. Ahora el proyecto pasará por dos debates, con una consulta a la Sala Constitucional entre ambos.
El convenio también envuelve los Derechos Humanos, porque busca asegurar “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión".
En noviembre de 2020, la diputada Paola Vega (PAC), conversó con Delfino.cr sobre la necesidad de aprobar el Acuerdo lo más pronto posible, pues sería lo más razonable al ser el país cuna de la negociación.
Vivíamos en el mito de que en Costa Rica no se daban amenazas a ambientalistas, cuando es falso y tenemos el caso de Jairo Mora. En el caso la pesca de arrastre, pescadores artesanales fueron baleados en una microbús y personas diputadas fuimos amenazadas de muerte por defender la posición".
Además, la legisladora agregó que los recientes debates sobre pesca de arrastre y minería, evidenciaron una urgencia de contar con un mecanismo de protección para la personas que defienden el medioambiente. Igualmente, apuntó a que parece haber una tendencia basada en menospreciar el tema ambiental, avanzar hacía el extractivismo y modelos económicos que considera obsoletos a nivel mundial.
Según el reporte de Global Witness 2019, América Latina es el lugar más peligroso para personas defensoras del medio ambiente. De 212 asesinatos a nivel mundial en 2019, 148 se dieron en América Latina.
En Costa Rica, por ejemplo, se registró el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder indígena bribri. De hecho, en junio pasado, la nueva Relatora Especial ONU, Mary Lawlor, manifestó su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas.
