En esta segunda columna de “hacia el futuro” me referiré al tema de la energía, la próxima será sobre la conectividad y la primera, hace una semana, fue sobre la disponibilidad de capital humano en nuestro país.
Cuando de energía se trata, debemos tener muy claro que hablamos de un tema con dos vertientes principales: la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, por un lado; y la importación, transporte y distribución de hidrocarburos —principalmente gasolina, diésel, gas y búnker—, por el otro.
El sistema de energía eléctrica está diseñado en forma tal que se ha convertido en un gran conflicto de interés pues, aunque se ha legalizado y expandido la generación privada, con un límite en el porcentaje que puede representar en general y por regiones; el transporte, distribución y comercialización final está controlado por entes estatales, que en algunos casos hacen concesiones limitadas a cooperativas regionales y empresas municipales de servicios públicos, como son ESPH y JASEC.
En este momento, la matriz de generación eléctrica de Costa Rica es aproximadamente 80% hidroeléctrica; con la geotermia y la generación eólica representando la casi totalidad del resto, pese a que con las nuevas tecnologías, la energía solar por radiación y fotovoltáica y la energía proveniente de biomasa —todas con un alto potencial en el país— son competitivas en costo total, incluyendo la amortización de la inversión y sus costos operativos.
La llamo conflicto de interés porque, sin criterios verdaderamente objetivos, un grupo de instituciones con altas relaciones de dependencia entre sí (ICE y Aresep) definen a qué generadores se les compra electricidad en cada momento y a qué precios. Así, por ejemplo, si durante la zafra de caña se vuelve rentable para el país comprarle electricidad generada con biomasa a los ingenios azucareros, es el mismo ICE el que define si dicha electricidad se compra o no. Lo mismo ocurre con todas las formas de cogeneración en las casas, edificios, comercios, fincas e industrias.
Recientemente uno de mis hijos terminó de construir su casa y, cuando le preguntamos al ingeniero por qué no contemplaba incluir energía solar en sus techos, la respuesta fue “porque en esta zona ya se alcanzó el límite de lo permitido por el ICE…”. Y por supuesto, para instalarla legalmente, hay que pedirle permiso al ICE y al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Aparentemente es demasiado pedir que simplemente pongan los páneles solares para ahorrar parte de la factura y contribuir al ambiente. Aparentemente en Costa Rica, el sol y la energía que produce y envía a nuestro pedacito de la Tierra, le pertenecen al ICE. No se extrañen que un buen día nos cobren la luz del día…
Hace unos años pude participar en la Cumbre Global sobre el Futuro de Singularity University y, si algo me quedó claro es que, en las naciones modernas, en el futuro, la electricidad “será multimodal en su generación, descentralizada en su distribución y con corridas de transporte más cortas”. Los ejemplos que vimos por docenas fueron de todo tipo de edificaciones e industrias generando energía solar, eólica y por biomasa —ésta última principalmente en áreas rurales—, de bajísimo costo y con un sistema de inteligencia artificial optimizando el sistema en cada momento con criterios de conveniencia para la productividad, para minimizar el costo promedio para todos los usuarios, y liberando las grandes plantas, generadoras de grandes cantidades de electricidad y potencia, para alimentar industrias electro-intensivas y un sistema de transporte público y privado eléctrico, multimodal, interconectado e inteligente.
La idea es que, con tecnologías múltiples, competitivas en costo —y hoy ya lo son aún en escalas pequeñas— y esquemas de co-generación bien regulados, será posible optimizar la generación, distribución y consumo de energía para uso residencial comercial, industrial y de transporte.
El problema, otra vez, es el enorme conflicto de interés en que se toman las decisiones en este campo en Costa Rica. Si uno se pregunta de quién es el ICE, la respuesta debiera ser que de todos los costarricenses; y entonces las decisiones de inversión y gestión que ahí se tomen debieran ser para el bienestar de las grandes mayorías. Desafortunadamente, en mi opinión, la respuesta es diferente. Los directores y ejecutivos del ICE toman sus decisiones para optimizar el beneficio de los intereses institucionales y de su fuerza laboral, y de un privilegiado grupo de proveedores, del virtual monopolio nacional que gozan en la comercialización de electricidad; y para mantener los muy inflados beneficios y privilegios de sus empleados y ciertos proveedores.
Entonces lo que tenemos es ese enorme conflicto de interés, máxime cuando el modelo de fijación de tarifas es de “costo más margen”, lo que le permite incurrir en enormes sobre costos tanto en las inversiones como en las operaciones, todo bajo la vista paciente —cómplice diría yo— de Aresep.
Costa Rica tiene una oportunidad de adelantarse al mundo en esa maravillosa visión del futuro que nos pintaron en Singularity University, gracias a su enorme capacidad natural en fuentes de energía renovables. Pero en vez de eso, hemos permitido que un pequeño grupo de políticos y técnicos, con enormes intereses personales, profesionales, y económicos, se adueñen de nuestra energía para su beneficio particular; lo que impide que este factor de productividad nacional, lejos de ser una fortaleza estratégica, se convierta en desventaja, aún ante naciones mucho menos desarrolladas en este campo.
El manejo de la segunda vertiente de energía es aún peor. En este caso es Recope la institución que impide modernizar el sector, con el apoyo —en parte— de la misma Aresep y de una visión más bien ideológica de las instituciones que comparten muchos gobernantes y legisladores de nuestro país. Recope es una refinería que no refina, sino que compra, almacena, transporta y distribuye subproductos del petróleo. Como con la electricidad, lo hace a precios que incluyen costos innecesariamente altos, creados en buena parte por su relativa improductividad, y en parte por empleados cargados de beneficios y privilegios que exceden toda razón y son claramente abusivos, aún frente a otras instituciones del sector público.
El problema es similar al del ICE. No hay motivación para aumentar la productividad, bajar el costo, y mejorar la calidad de sus servicios; o de hacer las inversiones de manera más productiva, porque su modelo de tarifas está basado en sus costos y, por lo tanto, lo terminamos pagando todos los que usamos transporte motorizado, motores de combustión interna en nuestras industrias, o utilizamos gas en nuestras casas y empresas.
La existencia de Recope y la significativa contribución fiscal que hace por medio de los impuestos a los hidrocarburos, hacen que al gobierno no le convenga tanto una empresa más productiva —y menos considerar cerrarla del todo o someterla a un régimen de competencia— por lo que también existe un gran conflicto de interés entre lo que conviene a los ciudadanos, industrias y comercios y lo que conviene a la entidad encargada, a sus ejecutivos y empleados, y al mismo Estado costarricense.
Recope es una organización ineficiente, cargada de vicios y privilegios laborales, de altísimo costo operativo cuando se le compara con empresas privadas que hacen lo mismo en otras naciones y, lo que es peor, corrupta o cuando menos abusiva, en el mismo sentido que el ICE; pues hay tantos intereses creados entre quienes viven a costa de sus privilegios y cadena de valor; que cuesta imaginar que la cerrarán o sustituirán por una agencia moderna de energía para el transporte. Recope no existe para optimizar nuestro acceso a energía para el transporte.
En el próximo lustro, Costa Rica debiera dar un gran salto en la descentralización de su generación y consumo eléctrico. Las nuevas tecnologías permiten pensar en co-generación masiva y autoconsumo; redes comunales e industriales, de sectores productivos, regiones y edificios comerciales y residenciales; generación con muchas tecnologías, complementadas y coordinadas por sistemas expertos o inteligencia artificial que optimicen el costo para todos los tipos de consumidores.
Debiéramos ver trenes eléctricos movilizando pasajeros y carga a lo largo y ancho del territorio nacional y hacia los puertos; “electrolineras” —instaladas “en cualquier parte”— y dispensadoras de hidrógeno, que paulatinamente sustituyen a las gasolineras; y una flota vehicular que con baterías y/o celdas de hidrógeno, modernizan la matriz energética del transporte.
En el camino a esta visión del futuro hay dos instituciones, ambas entre obsoletas y negligentes; ambas limitadas por un enorme conflicto de interés entre sus directores, ejecutivos y técnicos, proveedores y el bienestar de los consumidores y la productividad de nuestra producción. Y hay sectores empresariales, en la distribución de combustibles, en el transporte público y en la provisión de servicios y equipos para el ICE y Recope, que también se oponen a estos cambios, pues son parte del sistema imperante.
No podemos seguir rezagándonos, ante nuestros socios de la OCDE y ante el mundo en términos sociales y productivos. Y en este caso, tenemos todos los recursos para más bien tomar una posición de liderazgo en el mundo. Ojalá nuestros próximos gobernantes y legisladores puedan superar su falta de visión e impulsar el país, con decisión, hacia la modernidad energética, derrotando las fuentes de resistencia pública y privada que tratarán de impedirlo.
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