El Estado subsidiario es un concepto bastante enunciado, pero mal comprendido. Es la base fundamental de la visión que poseen, o deberían poseer, los socialcristianos sobre la participación del Estado en la sociedad. Es tan poco comprendido que una precandidata presidencial del PUSC, en una entrevista radial, lo confundió con el Estado de bienestar o con el Estado solidario.

Esa confusión, pienso, se deriva del conocimiento preconcebido del significado de las dos palabras que conforman el concepto: “Estado” y “Subsidiario”. El Estado es lo que la teoría nos indica que es: un territorio, con población, con un gobierno, soberanía e independencia —y algunos señalan que también debe gozar de reconocimiento internacional, pero es debatible—; por otra parte, subsidiario es aquello que se pone para ayuda o socorro de la parte principal de una estructura (física o inmaterial) que por sí misma no puede satisfacer la necesidad que intenta solventar.

Sin embargo, el Estado subsidiario —la conjunción de ambos elementos— no significa necesariamente el “Estado que ayuda” que más bien es una visión de origen marxista. Estado subsidiario es, si se quiere: “el Estado que no estorba y si es indispensable coadyuva”.

No estorba por que no busca sustituir la iniciativa privada, propiciando que el Estado esté al servicio de la libertad de las personas, pero no solo de la libertad política o todas aquellas que abarcan los derechos civiles —que podría ser un lugar común con la socialdemocracia—, sino también de su libertad económica permitiendo el desarrollo de negocios y actividades comerciales ligadas a los intereses de los individuos y no a una “planificación de la economía”.

Pero es claro que la dinámica social va más allá del binomio Estado-individuo. Hay otros conglomerados sociales que se han podido organizar política y administrativamente como entes autónomos que van desde gobiernos locales (municipales en el caso de Costa Rica) así como asociaciones, fundaciones, comités cantonales y vecinales, universidades, etc. Por lo que aquí encontramos la acepción o variante europea del concepto que también tiene que ver con la descentralización de las competencias de un gobierno central.

De eso se trata, de decidir en dónde el Estado no va a estorbar para que la riqueza producto de la iniciativa privada, el emprendimiento y el esfuerzo personal tengan toda la fuerza de la libertad para su desarrollo y en dónde es indispensable que éste se haga presente. Por lo que la aplicación del modelo del Estado subsidiario se debería inclinar en favor del mercado en las actividades económicas y concentrar la prestación de servicios en los servicios esenciales para garantizar la dignidad de las personas: educación, salud, seguridad, por ejemplo.

De tal modo, una subsidiariedad bien entendida o bien aplicada no debería ser a favor del mercado, sino de los individuos. Lo que no es incompatible con que el Estado pueda intervenir en determinadas áreas, pero que sí es incompatible con la idea de que solo el Estado puede prestar esos servicios.

Aplicar el Estado subsidiario conduciría, redundantemente, al Estado indispensable y a mayores libertades personales y económicas, que creo, es lo que la mayoría de los costarricenses queremos. Opciones políticas que nos presenten en la misma alternativa proyectos económicos viables (sostenibles y que combatan los privilegios de las burocracias criollas neoburguesas) sin que peligren, ni siquiera discursivamente, las conquistas sociales de nuestro tiempo (el matrimonio igualitario, el aborto terapéutico) y que más bien nos ofrezcan unas nuevas, como el Estado laico, por ejemplo.

Esta visión ideológica está lejos de ser liberal, pues la subsidiariedad no opera desde óptica del Estado como un mal necesario, sino como una necesidad de cuya buena administración depende el buen desempeño de la economía y está mucho más lejos de ser de derechas por que no implica la supresión de las libertades individuales para lograr el éxito económico, es decir, se respetan los derechos laborales y humanos de los individuos.

Hoy en día, por ejemplo, cuando la pandemia del COVID-19 nos deja como legado la virtualidad de las actividades laborales, la prestación de servicios remotos y una acelerada digitalización del comercio, es el momento oportuno para plantearse si queremos que el Estado intervenga o subsidie estas actividades (es decir: les permita a estas iniciativas mayores libertades para desarrollarse).

De modo que si ponemos el acento en el debate sobre qué es lo que tiene que hacer el Estado y en qué no debe meter sus narices podemos comenzar a observar qué de lo que tiene el Estado costarricense verdaderamente nos interesa que opere y con la optimización de los recursos atender nuestra permanente y obscena crisis social: la desigualdad y la pobreza.

Por ejemplo, en lugar de estar ahogando a los empresarios en trámites burocráticos, esos recursos de la burocracia se usen en mejorar los sistemas de salud, educación y seguridad ciudadana. Tan básico, pero mucho más complejo que eso con más de 300 entes que componen el Estado costarricense.

Alguien que no pueda explicar con solvencia estos asuntos, no debería tener la osadía de presentar una candidatura por un partido de la Democracia Cristiana —que no mencioné antes, este principio también se contempla en la encíclica Quadragésimo Anno de Pio XI—.

En la Doctrina social de la Iglesia se entiende por principio de subsidiariedad el principio en virtud del cual el Estado solo debe ejecutar una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares o los organismos intermedios no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad o sea por cualquier otra razón.

Desde hace 10 años y aún hoy, viendo el país como lo veo de complicado, pienso que en el socialcristianismo están las bases filosóficas y programáticas para muchos de los problemas de nuestro tiempo. Por eso adhiero sus postulados, es una lástima que ya no queden partidos que también lo hagan.

A la memoria de los exdiputados y economistas socialcristianos don Gonzalo Fajardo Salas y don Álvaro Trejos Fernández.

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