Amnistía Internacional lanzó el 25 de marzo pasado un reporte titulado “Las vacunas en las Américas: Diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas”. En dicho documento, entre otras cosas, expresó su preocupación ante la eventualidad de que en las campañas electoral que tienen lugar este año en América Latina, se utilice como instrumento político la vacunación contra el coronavirus.

En síntesis, basa su preocupación en que la corrupción y presiones políticas en el sector sanitario pueda llevar a que los gobiernos podrían afectar el acceso a las vacunas y el derecho universal a la salud. Así como que las vacunas sean utilizadas para fines políticos y que no se garantice que el derecho a la salud sea para todas las personas.

De modo que el informe, si bien no habla específicamente de Costa Rica, trata el rol político que le pueden dar los gobiernos al tema de la vacunación en la región y la afectación que esto puede tener para los derechos de los habitantes. Sin embargo, es importante observar esto desde lo que ha sucedido recientemente en el caso costarricense.

Lo anterior por cuanto el tema de las vacunas contra la COVID-19 no sólo ha sido un asunto de discusión en el gobierno, sino también en la oposición y otras instituciones clave en nuestro sistema democrático.

Por ejemplo, el diputado liberacionista Jorge Luis Fonseca envió a el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya, un oficio para pedir explicaciones sobre la suspensión de la vacunación durante la Semana Santa. Asimismo, el diputado Villalta del Frente Amplio hizo toda una intervención el 24 de marzo con el fin acelerar el proceso de vacunación, así como el envío de un oficio al Ministro de Salud para pedir explicaciones del porqué la vacunación “según su criterio”, va tan lento.

Bajo la misma lógica se han comportado otros de varias bancadas legislativas.

Ha resaltado incluso que la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, le pidió a la Sala Constitucional que le ordene al gobierno una jornada de vacunación 24/7 (a pesar de las repercusiones de la judicialización de un asunto como este). Y sin ningún criterio técnico cuestionó que se tengan vacunas guardadas cuando urge aplicarlas.

Asimismo, el propio Presidente de la República solicitó a la CCSS y al Ministerio de Salud acelerar el proceso de vacunación, y que estos se vieran obligados a reducir las reservas de vacunas, las cuales existen para garantizar la aplicación de las segundas dosis. Siendo esta una decisión que el propio Ministro calificó de riesgosa debido a la dificultad que tienen algunos países para adquirir las dosis de las vacunas.

Bajo la lupa del reporte ya citado y el actuar de los actores políticos y democráticos del país, es claro que Costa Rica no está vacunada contra el uso político de la campaña de vacunación, menos cuando es un tema que requiere un gran rigor técnico y científico.

Es obvio que en la población existe un sentido de urgencia y de incertidumbre por todo este asunto a más de un año del inicio de la pandemia, lo que evidentemente genera frustración ante una situación inédita en la historia. Y es bajo este escenario que surgen “expertos” mediáticos que buscan sacar su propio provecho de esto. El propio gobierno ha favorecido esta situación ante el vacío de información y actuaciones como las del Presidente que, pidiendo acelerar la vacunación, valida el tipo de discursos que politizan el tema.

El reporte de Amnistía Internacional incluso comenta que se debe proporcionar “amplia información sobre la implementación de los planes nacionales de vacunación”, y que ante cambios en los planes de vacunación “han de comunicarse con prontitud y estar justificados, a fin de generar confianza pública en un contexto cambiante”. Hace especial hincapié en el hecho de aumentar la transparencia, pues “dado el contexto de las elecciones en varios países de la región, es esencial tener en cuenta estas normas”.

Es evidente que todos los países del mundo están afrontando el tema de la vacunación con base en sus posibilidades políticas, presupuestarias, poblacionales y otras que no son objeto de este artículo. Pero, entre otras cosas, el vacío de información por parte de las autoridades ante una situación de incertidumbre por este tema hace que se politice (y hasta se judicialice) un asunto sobre el que todos los países han ido aprendiendo sobre la marcha y que se debe tratar con tecnicismo y cuidado.

De modo que, en año preelectoral, la población debe tener cautela en el modo en que consume la información que se publica en los medios, y que las propias autoridades estén conscientes de la importancia que ofrece brindar a la población información constante y completa antes de que surjan más “cuasi expertos” o teorías de la conspiración polarizantes; escenario que contribuiría a que el país se prive una vez más de una campaña electoral de altura como la que necesita Costa Rica ante los retos que le aqueja.

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