El Gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada entregó este miércoles a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que contiene el crédito de $1750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual fue aprobado por el directorio ejecutivo de ese organismo el pasado 1 de marzo.

Según informaron el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Hacienda en un comunicado de prensa conjunto, el crédito se enmarca en la facilidad del Servicio Ampliado del Fondo (SAF, o EFF por sus siglas en inglés), tiene un plazo de 10 años, con cuatro años de gracia y una tasa de interés de 2,05% aproximadamente.

Como dispone la Constitución Política para todos los empréstitos internacionales al Gobierno, el proyecto de ley requiere de aprobación legislativa por mayoría calificada (al menos 38 votos a favor). Si el Congreso lo aprueba en segundo debate, el FMI desembolsará de inmediato 292 millones de dólares, mientras que los demás tractos se harán contra evaluaciones semestrales en las que el FMI verificará el cumplimiento por parte del país de las metas que fueron convenidas.

Costa Rica comprometió ante el fondo una agenda de reformas para alcanzar un superávit primario de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2023 y empezar a bajar la relación deuda/PIB, para que descienda del 60% crítico que se considera desde la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La pandemia de COVID-19 aceleró el deterioro financiero del Gobierno Central: la economía se desplomó 4.5% durante el 2020; la tasa de desempleo se duplicó en cuatro meses y el déficit financiero del Gobierno cerró en 8.1% ese año, tras sufrir una caída en sus ingresos de ₡586.924 millones (1,7 % del PIB), lo cual representó un decrecimiento de -10,9 % respecto al 2019.

El Banco Central advirtió que sin las reformas y el crédito del FMI, la relación deuda/PIB del Gobierno en el 2024 podría superar el 80% del PIB, un nivel considerado insostenible para un país como Costa Rica.

"Ante una deuda de esta magnitud, se generaría una fuerte incertidumbre sobre la capacidad del Estado de hacer frente al pago de sus obligaciones, lo cual se reflejaría en mayores tasas de interés para todos los costarricenses, menos emprendimientos, más desempleo, una contracción económica aún mayor, y también una mayor desigualdad y un incremento de la pobreza. Además, de mantenerse una trayectoria creciente del déficit fiscal, el Gobierno tendría cada vez menos espacio para atender sus obligaciones, lo cual se vería traducido en una menor calidad de los servicios públicos de salud, educación y seguridad, y se comprometería también el desarrollo y mantenimiento de infraestructura pública, vital para el funcionamiento de la economía", dijo Hacienda y el Central.

Tras la presentación el día de hoy del proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, los pasos siguientes son su publicación y asignación a comisión para que inicie el trámite legislativo.