América Central ha estado marcada por el conflicto social desde hace ya mucho tiempo, guerrillas, dictaduras y política neoliberal sostenida por grupos de poder han llevado a esta región a la intemperie y a la explotación de su riqueza por poderes económicos internacionales, ejemplo concreto las grandes tenencias de tierra para la siembra del monocultivo del banano y la piña en esta región conformada por varios países. Costa Rica no es la excepción, quizás es la que más se ha posicionado en la región como una democracia estable y duradera, aunque en sus adentros esa democracia, en los últimos 40 años, ha sido llevada a la fragmentación a través de la creación de políticas públicas por los diversos grupos de poder que para nada son equitativos y proporcionales a las necesidades de las mayorías.
La centralización de la política pública en materia de desarrollo, generación de empleo y servicios en este país ha estado sumamente localizado por años en lo que se conoce como la Gran Área Metropolitana (GAM), las zonificación de los centros de trabajo como lo han sido las zonas francas se han posicionado a lo largo y ancho de este pequeño espacio entre San José, Heredia, Alajuela y Cartago por mencionar una forma de inversión, las grandes anuladas en esta lógica de desarrollo son Puntarenas, Limón y Guanacaste, esta última ha venido teniendo un desarrollo creciente después de la inauguración de su aeropuerto internacional y el turismo fluido que por esa zona pasa.
Entonces, si hay que hablar de rezago y conflicto psicosocial emergen del fondo dos provincias que comparten algunas características y realidades, sus puertos que brindaban estabilidad y desarrollo fueron concesionados, muchos trabajadores despedidos, el puerto de Caldera en Puntarenas y el Puerto de Moín en Limón. Hay datos que estiman que en Limón entre los años 2018 y 2020 se perdieron más de 3000 mil empleos directos e indirectos pues estas decisiones políticas no se quedan solamente en eso, generan una resonancia directa en la economía local y por consecuencia directa en la economía familiar, tal cual lo refleja la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2020, llevada a cabo por el Instituto de Estadística y Censos (INEC) donde la pobreza aumento en estas provincias considerablemente.
Paralelamente vemos como las lógicas de desarrollo en estas dos provincias costeras han estado sujetas mayoritariamente a la lógica portuaria y a los monocultivos del banano y la piña, si vemos la realidad económica de estas zonas son dependencias concesionarias de capital internacional, la visión de desarrollo económicos y social desde la política pública en estas zonas ha sido muy poca y no se justifica que en más de 50 años no se hayan posicionado otras formas de desarrollo. ¿Qué sostiene este tipo de realidades concesionarias en Puntarenas y Limón? Producto de estas realidades agrestes las personas buscan formas de resistir y hacerle frente a sus realidades económicas y sociales, si sus posibilidades de desarrollo son pocas e históricamente se han sostenido así, su mirada desde la vivencia de la exclusión les llevara a las organizaciones estructuradas del narcotráfico como respuesta a las precarias condiciones de vida, buscando así en primera instancia no estar más excluidos del tejido social, en esencia buscando ser reconocidos y finalmente mejorar la calidad de vida de sus familias, sostenida desde la clandestinidad o la misma exclusión.
Desde la mirada de la criminalidad sostenida por el sistema dominante, estas personas son simplemente sujetos que ven la oportunidad de delinquir, como le he podido leer tristemente a criminólogos reconocidos en este país, se pierde la mirada objetiva de lo que sostiene que en las barriadas estos jóvenes se maten entre sí por disputas territoriales y saldos económicos pendientes o algún otro tipo de deuda. Lo peor es leer todos los días en la prensa el discurso normalizado de los ajusticiamientos a lo largo y ancho del país, marcados con un nivel de violencia tan brutal que pareciera mentira que fuera real, esto debido a que el imaginario social no es capaz ni tan siquiera de nombrarle, la gente asume es un delincuente pues su mirada está puesta en el delito, no en la estructura política, económica y social que le sostiene, esto a su vez les imposibilita crear o estructurar redes de apoyo a nivel comunitario para prevenir el reclutamiento de sus pobladores por estas estructuras y exigir políticas públicas integrales y regionalizadas para promover el desarrollo integral de estas regiones.
Finalmente es importante recordar, se hace urgente mirar no solamente al sujeto que delinque sino también posicionar la mirada en las estructuras de poder tomadoras de decisiones, entre más desigualdad promuevan estas estructuras de poder mayor será el aumento del delito como resistencia a la violencia de la exclusión y el olvido. Los ajusticiamientos jamás deben verse como un problema individual, son una radiografía social que nos dicen que el aumento de la desigualdad y la pobreza está buscando ser resuelta desde la vivencia en el narcotráfico y el narcomenudeo, nos hablan de la mirada enajenada y al servicio de ciertos intereses de los gobiernos de turno.
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