En estos últimos años se escucha con insistencia que todo lo anterior estuvo mal. Lo vino repitiendo el PAC y medios de comunicación. Ahora es el discurso del gobierno. Se afirma que durante décadas las decisiones políticas solo favorecieron a los poderosos. Que lo que existía antes era solo un país injusto, de privilegios y exclusiones. Pero quienes conocimos, vivimos y trabajamos en las instituciones de esta Costa Rica sabemos que ese relato no es cierto.

Ciertamente vivimos con grandes carencias que sufre nuestro pueblo y que el presidente Chaves muy adecuadamente señala y por las cuales protesta reiteradamente y con razón. Pero la sola protesta no resuelve.

Sufrimos atrasos constantes y variados que perjudican nuestro bienestar: por las dificultades del transporte para las personas y para las mercaderías; por los inaceptables retardos en la solución de litigios judiciales y en la justicia penal; por las colas en la CCSS; por la falta de agua para desarrollar vivienda; por los costos, falta de planificación y retrasos en la construcción de infraestructura; por los interminables trámites burocráticos y por las costosas tonteras que se imponen a la ciudadanía.

Nos hemos quedado rezagados en la cobertura y la atinencia de la educación y la formación laboral que deberíamos estar ofreciendo a la población para que las personas puedan aprovechar las oportunidades de superación que los sectores de la economía moderna ofrecen.

En los noventa en educación iniciamos un segundo año de preescolar, establecimos apoyo a las familias para despertar la inteligencia de los bebes de 0 a 5 años, iniciamos la recuperación de la escolaridad en secundaria y la elevamos a nuevos niveles y en salud revolucionamos el modelo de salud descentralizándolo, establecimos los EBAIS y fuimos reconocidos mundialmente por los logros. Después educación y salud se han estancado.

Hace 25 años por una parte atendimos la necesidad de poner al día nuestra seguridad social y por otra realizamos reformas a la policía, al procedimiento penal, atendimos las necesidades carcelarias y realizamos acuerdos con EEUU para enfrentar la lucha contra el narcotráfico de entonces, pero ahora en seguridad social no estamos reaccionando ante la aceleración del cambio demográfico y en seguridad ciudadana vemos impávidos como nos aterroriza el crimen.

Se nos dificulta resolver estos problemas -que en mucho son causados por fallas en la institucionalidad -porque durante este siglo no hemos querido reformar una estructura política y de control que dificulta la ejecución de las medidas necesarias para acelerar el progreso. Son medidas que han sido propuestas y que yo mismo he venido propulsando por varias décadas: cambios en la forma de elegir diputados, medidas para evitar partidos taxi sin visión política ni equipo, mudar a un sistema semi parlamentario para atender la realidad multipartidista actual, limitaciones a las acciones ex ante de la Contraloría.

Cierto que durante el periodo de 1990 a 2019, Costa Rica enfrentó grandes desafíos, pero también supo avanzar. Escojo ese período que termina el último año antes de la pandemia de COVID-19 para evitar sus distorsiones.

No fueron esos años años perfectos como lo indican los párrafos anteriores. Además, ninguna época lo es y tal vez esta que vivimos lo es menos por la aceleración en el cambio de época que vivimos. Pero en esas tres décadas el país hizo cosas importantes y correctas, con base en acuerdos amplios, apertura democrática y visión de futuro. Claro, no todos los años de ese período rindieron iguales frutos de progreso.

Al inicio de ese período fructificaron reformas importantes gracias a acuerdos políticos y nacionales trasparentes y claros como el Pacto Figueres Calderón (1995) —al que apoyé a costa de poner en riesgo mi elección como presidente— como la Concertación Nacional que efectuamos en 1998 y que es el más inclusivo y ambicioso evento para forjar acuerdos de estos tiempos y como el acuerdo de un Referéndum (2007) para resolver sobre la participación de Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio Centroamérica, Panamá, República Dominicana y EEUU

En esos años se logró una reducción sostenida de la pobreza extrema, del 10.1% en 1990 al 5.4% en 2019. El ingreso promedio del 20% más pobre se duplicó en términos reales según datos del INEC.

El gasto público en subsidios y otras transferencias sociales representó el 25.04% del total en 2019, evidenciando un compromiso sostenido con la protección social.

En el Índice de Desarrollo Humano de NNUU Costa Rica pasó de una calificación de 0,665 en 1990 a 0,810 en 2019, con un aumento de 21,8% y se ubica en la categoría de "desarrollo humano muy alto".

Según las estadísticas del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), durante el período de 1990 a 2019 se otorgó un total de 433,802 bonos familiares de vivienda. Más de un 27% de las familias de 2019 había recibido apoyo de la sociedad para tener casa propia.

En educación, la cobertura neta en secundaria pasó del 39% en 1990 al 73% en 2019, y en terciaria del 12% al 29%, ampliando las oportunidades de formación. Se crearon nuevas universidades públicas y privadas, y se consolidó un sistema de becas para miles de estudiantes.

La esperanza de vida aumentó de 76.3 años en 1990 a 80.2 años en 2019, y la mortalidad infantil cayó de 16.6 por mil a solo 7.5 por mil. La Caja Costarricense del Seguro Social amplió cobertura, garantizó el aseguramiento de más del 85% de la población y, con el respaldo del Estado, se consolidó como un pilar de nuestra seguridad social.

En ese período también se logró diversificar la economía. Las exportaciones pasaron de concentrarse en productos tradicionales como café, banano, carne y azúcar, que representaban el 65% del total en 1990, a una participación del 19.5% en 2019, reflejando una economía más diversificada y orientada hacia productos de mayor valor agregado. Ahora el mayor rubro de exportaciones son los implementos médicos que tuvieron un gran impulso con la llegada de Abbot en 1999.

Además, las exportaciones de servicios crecieron extraordinariamente, pasando de $609 millones en 1990 a $10,360 millones en 2019. Al mismo tiempo la estructura de las exportaciones de servicios cambió radicalmente. El turismo siguió creciendo aceleradamente. Pasamos de recibir 435.000 turistas en 1990 a 3.139.000 en 2019. Pero el crecimiento de las exportaciones de servicios a empresas que se origina con la llegada de Procter and Gamble en 1999 es tal que en 1990 el turismo representaba el 71% de las exportaciones de servicios y hoy significa solo un 30%.

El salario mínimo real y el salario promedio aumentaron de manera sostenida. Se aprobaron reformas clave como la Ley de Protección al Trabajador (que creó el ROP y el Fondo de Capitalización Laboral) y la Ley de Paternidad Responsable, que permitió a más de 240,000 personas establecer la paternidad legal de sus hijos entre 2001 y 2020.

Costa Rica creció, en promedio, más que América Latina: un 3.9% anual en PIB per cápita frente al 1.4% regional, según la CEPAL. Y lo hizo con estabilidad política, democracia electoral continua, y una fuerte institucionalidad que protegía derechos y resolvía conflictos con reglas, no con violencia. Aunque ciertamente no de forma pronta.

Por supuesto que quedaron tareas pendientes. Persistieron desigualdades, rigideces y burocracia. Pero no se debe borrar de un plumazo los logros, los avances reales y las capacidades construidas. Muchos de los problemas que hoy nos preocupan —falta de habilidades de la población, infraestructura, informalidad, envejecimiento poblacional— ya se estaban enfrentando con propuestas serias y reformas estructurales, algunas inconclusas.

Reconocer lo que sí se hizo bien entre 1990 y 2019 no es nostalgia: es memoria, es justicia y es una base indispensable para no destruir lo valioso. Es aprender como lo hicimos, con previsión y acuerdos entre grupos políticos y sociales. Con diferencias sí, pero también con respeto y diálogo. Porque no se construye país sobre el desprecio y la confrontación, sino sobre el conocimiento, el debate constructivo y la mejora continua de lo ya logrado.

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