La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), que agrupa a las operadoras Popular Pensiones, BCR OPC y BN Vital, expresó este jueves su oposición a un proyecto de ley impulsado por la diputada liberacionista Yorleni León Marchena, que pretende modificar las reglas del cobro de impuestos a las personas que gozan de múltiples pensiones.
Se trata del expediente 22.261 y con el cual León pretende eliminar un portillo que permite a los multipensionados eludir el pago del Impuesto sobre la Renta. Según las "reglas del juego" actuales, las multipensiones no se suman para efectos de calcular si una persona debe pagar el tributo, sino que se toma cada una de forma individual y se aplica el mínimo exento que ronda los 840 mil colones.
Ello deviene en que, si ambas pensiones sumadas exceden el mínimo exento, la persona paga un porcentaje inferior al que debería hacerlo si las mismas se tomaran como un todo para efectos del cálculo.
Con la propuesta de la diputada, el cálculo del Impuesto sobre la Renta que deberá pagar una persona física que goce de más de una pensión será el tramo que corresponda a sumar esas pensiones y contrastarlo con la escala correspondiente. Asimismo, según sus cálculos, si la medida se hubiese aplicado en 2019 se habrían recaudado unos 10.700 millones de colones.
Sin embargo, ACOP afirmó que la medida tendría un impacto negativo en los fondos de pensiones voluntarias del país, ya que el 90% de sus afiliados aportan menos de 50 mil colones al mes a sus cuentas, o menos de $100 mensuales en el caso de aquellos que tienen planes en moneda estadounidense.
"La información se desprende de las carteras totales de cotizantes de pensiones voluntarias de las tres operadoras, que suman 161, 332 afiliados y 63,905 aportantes, con un ahorro acumulado a diciembre 2020 de ₡453,489,1 millones; lo que constituye un 1% del Producto Interno Bruto del país. Se trata de un ahorro importante aún cuando limitado, por supuesto, respecto del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), que asciende el 25% del PIB", dijo la Asociación.
BN Vital, por ejemplo, afirmó que el 93% de sus afiliados con cuentas en colones realizan aportes inferiores a 50 mil, mientras el 89% de los afiliados con cuentas en dólares hacen aportaciones de $100 o menos.
En el caso del BCR OPC, el 95% de afiliados realizan aportes de 50 mil o menos y 86% de los que los hacen en dólares, aportan menos de $100. Además 1889 aportantes también cotizan en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, por lo que se pudo identificar que 1242 poseían salario menor a ₡1 millón, con un promedio de ₡535,372.
En Popular Pensiones hay 18.907 afiliados al régimen voluntario, que a su vez son aportantes al ROPC y el 47% de ellos tienen ingresos menores a ₡500 mil, 35% tienen salarios entre ₡500 mil y un millón de colones y 17% llegan hasta ₡1,5 millones. Del total de afiliados el 85% aportan menos de ₡50 mil al mes y el 84% de los que tienen su fondo voluntario en dólares aportan menos de $100.
ACOP recordó que los fondos voluntarios de pensión están divididos por la Superintendencia de Pensiones (Supen) en dos tipos: los clase A, que datan de antes de la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador del año 2000; y los tipo B, que se formaron después de la promulgación de esa ley.
Según la Asociación, los fondos A son maduros y sus aportantes poseen la edad y cuotas necesarias para retirarlos de forma inmediata con solo solicitarlo, mientras que el retiro de los fondos tipo B sí deberían reintegrar incentivos fiscales por el orden de entre el 3% y el 4% del saldo.
"Establecer un impuesto de renta sobre esos fondos se convertiría en un estímulo inmediato para el retiro masivo, con lo cual no sólo desaparecería el régimen voluntario, sino que además el fisco no recaudaría más que una ínfima suma de dinero, dado que los fondos tipo A, donde están los cotizantes con más recursos acumulados, podrían retirar todo el dinero de inmediato, sin afectación alguna, y los de tipo B, aunque deberían pagar un porcentaje de Renta, siempre estarían motivados al retiro previo, dada la eventual entrada en vigor de un tributo mayor", agregó ACOP.
Concretamente, del activo neto administrado por las tres operadoras a diciembre del 2020, el 73% (Fondos A) podría extinguirse de inmediato sin recargo tributario y el 27% restante también se liquidaría con una pequeña penalización.
De acuerdo con la ACOP, una eventual tasa de renta para las pensiones voluntarias impactaría también el sector financiero nacional debido a la liquidación masiva de valores que tendrían que hacer la Operadoras de Pensiones, lo que afectaría el precio de los títulos, tasas de interés y rendimientos, amén de las metas de inflación al alterar los flujos de disponibilidades.
Asimismo, la Asociación advirtió que los planes voluntarios están altamente concentrados en títulos del Sector Público (más de un 70% a julio del 2020), y de presentarse un desincentivo para este tipo de ahorro, el Gobierno vería disminuida sus posibilidades de financiamiento.
Por todo lo anterior, ACOP solicitó a la diputada León y al resto de diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se tramita el expediente, que para el caso de las pensiones voluntarias las reglas se mantengan tal y como hasta ahora.
