Los generadores privados de electricidad agrupados en la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) solicitaron al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, que intervenga para que se les permita vender electricidad fuera del país, ante la negativa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de prorrogar los contratos con generadores privados.
Mario Alvarado Mora, director ejecutivo de ACOPE, dirigió la misiva al Presidente Alvarado en la cual señala que los generadores privados están enfrentando un grave problema que atenta contra el desarrollo del sector privado de producción de energía renovable, los objetivos de desarrollo sostenible y las metas de descarbonización a las que se ha comprometido el Gobierno.
¿El origen de esta situación? El anuncio del ICE en 2020 de que no prorrogaría los contratos de compra de energía con generadores privados al amparo de la Ley 7200 debido a la baja en la actividad económica y las proyecciones de consumo de electricidad para este 2021.
"Esa es una decisión unilateral del ICE, que no compartimos, y que deja a los generadores privados en una situación de cierre de sus operaciones, siendo el ICE el único comprador de energía a quien le podamos suplir el recurso", afirmó Alvarado Mora.
De acuerdo con el director ejecutivo de ACOPE, los generadores privados están atados de manos pues conforme al marco regulatorio actual, el ICE es el único agente de mercado autorizado para exportar electricidad directamente al Mercado Eléctrico Regional (MER).
Apelamos a su autoridad y sentido global de bienestar, para que las empresas privadas formales, que generamos energía renovable y que contribuimos con impuestos a la hacienda pública, con cargas sociales, desarrollo local, y además contribuimos a disminuir la huella de carbono desde hace 30 años, aportando un valor reputacional invaluable para este país, podamos seguir vendiendo energía, dentro o fuera de Costa Rica a través del ICE y sus empresas, o de forma directa.
Alvarado Mora afirmó que si por alguna razón el ICE no quiere adquirir la energía de los generadores privados como sucede actualmente, se deben habilitar posibilidades para utilizar las plantas y evitar el cierre de operaciones.
El director de ACOP citó entre las posibles opciones que las otras distribuidoras eléctricas puedan comprar la energía; que se habilite la opción para que las plantas puedan hacer autoconsumo de su energía en lugares distintos al de generación mediante el respectivo pago de peajes; que se habilite el autoconsumo de la energía de esas plantas para cualquier mecanismo de recarga de vehículos eléctricos y/o producción de hidrógeno y/o actividad electro intensiva; que si no se le puede sacar provecho a esa energía en Costa Rica, se habilite la opción de exportarla y/o que el ICE se convierta en intermediario de esa energía y genere ingresos adicionales para sí mismo.
Según la carta, durante 2020 fueron desconectadas cuatro plantas de generación que, en algunos casos, han tenido que despedir a su personal. Se trata del Proyecto Hidroeléctrico Poás I y II, cerrado desde el 15 de septiembre, el Proyecto Eólico Plantas Eólicas Tilarán (PESA), cuyo contrato con el ICE venció el 28 de noviembre, el Proyecto Hidroeléctrico Don Pedro y el Proyecto Hidroeléctrico Volcán, cuyos contratos vencieron el 30 de noviembre.
Según información del ICE a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) citada en la carta, las próximas en cerrar serán el Proyecto Hidroeléctrico Río Segundo II cuyo contrato vence el 30 de mayo de este año, y el Proyecto Hidroeléctrico El Ángel I, cuyo contrato vence el 19 de noviembre.
Solo en materia de afectaciones a la Hacienda Pública, debido a su condición de “socio pasivo” de la actividad, el Estado dejaría de percibir aproximadamente un 40% de las utilidades que genere este giro de negocios, que por su capacidad constituyen Grandes Contribuyentes. Así mismo, los efectos adversos los sufrirán los cantones en donde se ubican estos aprovechamientos energéticos no dejan de ser relevantes. Y todo esto ocurre en momentos de pandemia, en donde se deben buscar propuestas de reactivación económica, en todo el país, pero en particular en las zonas rurales.
La misiva insiste en señalar que, además de las limitaciones actuales a razón del marco legal, también enfrentan el contratiempo de que el ICE busca poner trabajas a futuras negociaciones: “En el esfuerzo por buscar alternativas para colocar esa generación, nos encontramos con obstáculos importantes tales como que, conforme al marco regulatorio actual, el ICE es el único agente de mercado autorizado para exportar directamente energía al Mercado Eléctrico Regional. Asimismo, el ICE señala la necesidad de hacer reformas al reglamento del Capítulo 1 de la ley 7200 para proceder con una recontratación en términos “flexibles”, necesidad que no compartimos ni encontramos su sustento legal”.
Tras la entrega de la carta, La Nación informó esta tarde, citando el ministro de Comunicación, que el Gobierno ya trabaja en una propuesta legal para que los generadores privados puedan vender la electricidad fuera del país.
