Costa Rica enfrenta desde hace décadas una profunda crisis en su infraestructura vial. El país se encuentra atrapado en un modelo institucional fragmentado y financieramente inestable que ha demostrado ser incapaz de resolver, con visión de futuro, los enormes desafíos de conectividad, seguridad y desarrollo territorial.

Ante este escenario, el proyecto “Ley para la Asignación Operativa de los Proyectos de la Infraestructura Vial al Instituto Costarricense de Energía (ICE)”, que presenté ante el Tribunal Supremo de Elecciones para solicitar la autorización para iniciar el proceso de recolección de firmas con el fin de someterlo a referéndum, plantea algo más que una reforma: propone una apuesta decidida por la democracia directa, la participación ciudadana y el rescate del interés público.

Cuando los poderes constituidos no logran resolver una deuda histórica con la ciudadanía, es legítimo —y necesario— que el pueblo ejerza su poder a través del referéndum. No se trata de una simple reasignación de competencias, sino de una transformación estructural orientada a devolver al Estado su capacidad de planificar, ejecutar y fiscalizar la infraestructura vial con eficiencia, transparencia y visión de país.

La propuesta confía al Instituto Costarricense de Energía (ICE) la responsabilidad ejecutora de la red vial nacional, no por nostalgia institucional, sino porque ha demostrado solvencia operativa, legitimidad territorial y compromiso con el desarrollo nacional. Este no es un rediseño burocrático, sino una apuesta estratégica que busca consolidar una política pública robusta, sostenible y sometida al control democrático.

La ley que se quiere someter a consulta popular es técnica y constitucionalmente viable, políticamente necesaria y socialmente justa. Representa una ruta clara y estructurada para fortalecer el Estado Social de Derecho, redistribuir oportunidades territoriales y asegurar que la movilidad deje de ser un privilegio condicionado por la inversión privada para convertirse en un derecho garantizado por el interés público.

Para comprender la magnitud del cambio que propone esta ley, es necesario adentrarse en sus fundamentos. El proyecto no surge como un impulso técnico aislado, ni como una reacción coyuntural a una crisis puntual, sino como el resultado de una reflexión estratégica sobre el rezago vial del país, sus causas estructurales y las condiciones políticas, institucionales y sociales que lo perpetúan. Su planteamiento se basa en una lectura crítica del funcionamiento del Estado costarricense en materia de infraestructura, así como en la evidencia empírica de modelos exitosos de gestión pública, tanto dentro como fuera del país.

La exposición de motivos que sustenta esta iniciativa está organizada en diez apartados temáticos, que van desde el diagnóstico de la situación vial hasta las propuestas de financiamiento, pasando por el marco legal, la experiencia institucional del ICE, el rol de la fiscalización pública, y el contexto democrático que justifica su convocatoria mediante referéndum. Cada sección contribuye a demostrar que esta propuesta es más que viable: es necesaria, urgente y posible si se articula desde el interés público, la planificación técnica y la voluntad popular.

El conjunto normativo que constituye este proyecto de ley representa una arquitectura jurídica integral, orientada a resolver estructuralmente el rezago en infraestructura vial que ha afectado por décadas a Costa Rica. Su diseño obedece a una lógica de complementariedad institucional, eficiencia operativa, racionalidad financiera y apego a los principios constitucionales del Estado social de derecho.

Cada disposición ha sido cuidadosamente construida para articular el rol rector de planificación estratégica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes con una nueva estructura técnica de ejecución anclada en una institución pública de probado compromiso y prestigio: el Instituto Costarricense de Energía (ICE). Esta dualidad funcional entre rectoría normativa y ejecución técnica especializada no sólo evita duplicidades, sino que promueve una nueva sinergia pública, donde las capacidades ya instaladas en el ICE se integran al sistema nacional de infraestructura bajo principios de legalidad, coordinación y rendición de cuentas.

En este sentido, los artículos que conforman la propuesta deben entenderse como engranajes de un mecanismo orientado a la reconstrucción del Estado como actor operativo en las grandes obras públicas. Se trata de un marco jurídico que no improvisa, sino que se apoya en experiencias exitosas, corrige fallas estructurales del modelo vigente, garantiza mecanismos financieros sostenibles y reivindica el interés público como eje de todo el sistema de transporte nacional.

Desde el cambio de denominación del ICE hasta el proceso ordenado de transición institucional, cada artículo se inscribe en un proyecto de país que busca devolverle al Estado su capacidad transformadora, elevando la infraestructura vial a su verdadero nivel: una herramienta para el desarrollo, la equidad territorial, la movilidad segura y el fortalecimiento de la soberanía nacional.

El TSE ya dispuso remitir la propuesta al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en cumplimiento de la Ley sobre Regulación del Referéndum. Esta unidad será la encargada de analizar la propuesta desde el punto de vista formal, solicitar los criterios técnicos pertinentes y emitir un informe que incluirá una explicación del proyecto y la redacción sugerida para la pregunta que aparecería en la papeleta electoral, así como en los formularios para la recolección de firmas.

En este enlace puede encontrase un resumen de cada uno de los artículos de la propuesta, con el fin de explicar su contenido, motivación, alcance y aportes estructurales al fortalecimiento de la infraestructura vial desde una perspectiva de interés público.

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