La Comisión Especial del Congreso que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) recibió este miércoles al presidente Carlos Alvarado Quesada, el último de la lista de comparecientes previo a que dicho foro legislativo rinda su informe final al Plenario.

La sesión arrancó pasadas las 9:30 a.m. y se extendió hasta las 5:57 pm, con varios recesos de por medio.

La audiencia estuvo caracterizada por reiterados problemas técnicos, por señalamientos que iban y venían sobre si la audiencia era una interpelación velada, de facto, o hasta un juicio político, ninguna de esas figuras contempladas en la Constitución para ser aplicadas al Presidente de la República.

Alvarado se hizo acompañar de la Primera Dama, Claudia Dobles y del ministro de Comunicación, Agustín Castro. Sus abogados no se apersonaron al Congreso, señalando que así lo pidió el Presidente porque "el que nada debe, nada teme".

Dado lo extenso de la jornada, dividimos los sucesos en tres partes: el discurso del presidente, la primera parte de la audiencia, y la última de ellas.

1. El discurso de Alvarado

Alvarado leyó, en los 30 minutos que le dio la comisión al inicio de la comparecencia, un documento de 10 páginas en el que señaló que todo el trabajo que se hizo con el análisis de datos para generar conocimiento técnico y científico para la toma de decisiones del Gobierno "ha sido y fue hecho de buena fe y para servirle mejor a Costa Rica".

Vengo a rendir cuentas. Con vehemencia, pero con paz en mi corazón. Porque sé que lo único que se hizo fue por el bien superior de nuestro país. Viéndolos a los ojos les aseguro que ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron. Viéndolos a los ojos les aseguro que ningún alcance de esta iniciativa sirvió para el beneficio particular de nadie o de ningún tercero. Nadie se robó un cinco de la plata de los costarricenses con el trabajo que se hizo u obtuvo beneficios ilegales. Tampoco, ninguno de los estudios desarrollados sirvió para algún fin político electoral. Lo garantizo por lo más sagrado.

El presidente afirmó que se habían difundido "calumnias" e "insinuaciones" sobre lo actuado por la UPAD y señaló que sabe que el uso de datos genera resistencias, pues reduce la discrecionalidad en la asignación de recursos y el poder que algunos actores tienen para tomar decisiones a partir de criterios subjetivos o electorales.

Alvarado recordó que él en su Plan de Gobierno colocó, en la segunda página, que la política pública debía ejercerse con datos, información, ciencia y creatividad humana, por lo que proponía enlazar las bases de datos del MEP con SINIRUBE y otras como insumo técnico para buscar dónde están las personas excluidas del sistema educativo.

"Desde la campaña le expresé con absoluta claridad y transparencia a la ciudadanía que en mi Gobierno tomaría las decisiones a partir de criterios objetivos y científicos utilizando los mejores datos disponibles. Nada de esto fue secreto u oculto como muchos han querido mal informar. Mi objetivo es que las decisiones fueran las mejores, y que no se tomaran a partir de antojos, politiquería o caprichos. Que las decisiones tuvieran un respaldo técnico, pero también ético", dijo.

Asimismo, citó ejemplos de otras unidades de análisis de datos en países como Canadá y Reino Unido, así como las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de usar datos para atender las necesidades de la ciudadanía.

De nuevo, nadie espió a nadie, nadie se robó plata, nadie vendió información. Sí se analizaron datos, como lo hacen los países más desarrollados para gobernar mejor, como lo haría un país OCDE.

Alvarado confirmó que él ordenó darle permanencia al grupo de análisis de datos que creó contratando a Diego Fernández Montero, de quien dijo ser responsable de su contratación y que fue Fernández quien contactó a las otras personas que posteriormente se involucraron en la unidad.

Asimismo, defendió a la UPAD señalando que el grupo contribuyó al desarrollo de política social de precisión para la reducción de la pobreza extrema y para la identificación de subejecuciones en subpartidas presupuestarias que hizo que el crecimiento del gasto corriente del Gobierno, sin intereses, pasara de un promedio anual de 10.1%, a uno del 2% en el 2019 y de 0.4% en el 2020, entre otros trabajos.

El trabajo del equipo de datos permitió, por ejemplo, la asignación de más de 25 mil millones a la CNE a partir de un análisis detallado de las subejecuciones de otras instituciones. Gracias a esto, para la llegada del COVID y las tormentas IOTA y ETA, el país contaba con los recursos necesarios para atender dichas emergencias.

El presidente dijo que él dio "términos generales" para que se elaborara el decreto que creó la UPAD y que "el órgano destinado constitucionalmente a dirigir la Administración Pública, la Presidencia de la República, coordinó ese proceso".

Alvarado señaló además que la conformación del grupo de tres analistas de datos estaba amparado en el artículo 139, inciso 3 y en el artículo 140 inciso 8 de la Constitución, así como en el artículo 26 de la Ley General de la Administración Pública que le otorga al Presidente el mandato de dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la Administración Pública central en su total conjunto, y hacer lo propio con la Administración Pública descentralizada.

También citó como base legal los artículos 14 y 15 de la Ley General de la Administración Pública, al amparo del principio de Estado Unitario, las resoluciones 18505-2019 y 8782-2010 de la Sala Constitucional y el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos que establece que “los principios, los derechos y las garantías aquí establecidos [en la ley] podrán ser limitados de manera justa, razonable y acorde con el principio de transparencia administrativa, cuando se persigan los siguientes fines: [...] e) La adecuada prestación de servicios públicos y f) La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades oficiales”.

Sobre la firma del decreto, afirmó que lo hizo "plenamente convencido" de su legalidad y de que se habían cumplido con los trámites previos a la llegada del documento a su despacho. Citó que solo en el 2019 firmó más de 5100 documentos, entre decretos, leyes, resoluciones y otros, por lo que los decretos son elaborados por personal técnico y legal, quienes se aseguran de que todo se ajuste al marco legal.

Sobre la polémica redacción del artículo 7 del decreto, el Presidente dijo que se trató de "un error de redacción", el cual leído de forma aislada y fuera de contexto "permitía generar interpretaciones negativas y lejanas al objetivo perseguido, por lo que de buena fe, por razones de conveniencia y oportunidad, se procedió a derogarlo".

Alvarado negó que el equipo de datos, previo a la promulgación del decreto que lo denominó como "UPAD" hubiese trabajado de manera oculta, que no se realizó nada relacionado con espionaje y que no hubo traslados, comercialización o uso de datos para fines privados o electorales.

En los meses que lleva esta comisión de investigación, no se ha encontrado una sola evidencia concreta de lo anterior por una razón muy sencilla: porque nada de eso sucedió. Es falso que el equipo de datos haya actuado de manera oculta antes de la publicación del decreto.

Dijo también que el grupo de analistas de datos sostuvo reuniones en las cuales expuso a diferentes actores algunos de sus resultados, entre ellos la Organización Internacional de Trabajo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), líderes de opinión, periodistas, analistas políticos y hasta a representantes de la Uccaep.

Además, Alvarado liberó un documento del 10 de julio de 2018 donde le hizo llegar a la Contraloría General de la República una carta de intención del Poder Ejecutivo de iniciar un trabajo de análisis de datos para la mejor toma de decisiones de política pública.

No estamos, pues, ante una unidad espía que se gestó y operó desde la clandestinidad, sino ante una iniciativa responsable, inspirada por fines nobles, orientada hacia el mejor interés público, que funcionó de manera transparente, a tal punto que inclusive se le informó al órgano contralor del Estado, el cual está supeditado a este Poder Legislativo. Lo anterior demuestra que NUNCA existió un trabajo subterráneo, como se ha querido afirmar. Pero el ejemplo más claro de esto es que se procuró crear la unidad mediante un decreto ejecutivo. Nadie que esté realizando un acto clandestino o irregular lo publica mediante el diario oficial La Gaceta, que es casualmente el órgano encargado de dar publicidad a todas las materias de la cuestión pública.

Sin hacer mención expresa a él, calificó de "absurdo y falso" las aseveraciones que hizo el presidente del Partido Liberación Nacional, Guillermo Constenla Umaña meses atrás, de que el decreto que creó la UPAD pretendía "ejercer un control nazi-soviético". Sostuvo que ese planteamiento no tenía sentido y que en los tiempos que el país vivía, no se estaba para ese tipo de teorías conspiratorias e irrespetos.

Finalmente, aprovechó para hacer referencia a su presencia en el salón del Plenario del Congreso, calificándolo como "un capítulo de la historia [que] no debe repetirse jamás y que sus posibles consecuencias todavía no somos capaces de dimensionar".

Es en la Carta Fundamental donde se determina cómo serán las relaciones entre los 3 Poderes de la República y con absoluta claridad determina que el Jefe de Estado y de Gobierno no puede ser interpelado. No puede serlo por acto explícito en ese sentido ni puede serlo de forma velada, en clara desviación de poder, convocando al Presidente al recinto del Plenario y suspendiendo la agenda de los demás órganos legislativos, para generar una interpelación presidencial “de facto”. Y hay diputados que han usado en prensa la palabra interpelación para referirse a este espacio.

Alvarado señaló expresamente a la Comisión de haberse arrogado funciones que la Constitución no le asigna, incluso luego de recibir criterios de parte del Departamento de Servicios Técnicos, en dictámenes de 2014 y 2021.

"La ilegitimidad del acuerdo adoptado es evidente. La Ley Fundamental no les permite interpelar al Presidente de la República ni me permite acudir a una interpelación velada, como esta. No obstante, he reflexionado sobre este dilema, y en honor a la ciudadanía que me ha depositado el cargo transitorio de Presidente y en acatamiento de mi compromiso y deber con Costa Rica de rendir cuentas, es que me presento hoy con el fin de explicar al pueblo de Costa Rica acerca de las actuaciones de la Unidad de Análisis de Datos", concluyó.

2. El primer interrogatorio

De previo a iniciar con el intercambio de preguntas y respuestas, el diputado Jonathan Prendas Rodríguez (Independiente-Heredia) le pidió al Presidente que girara instrucciones al administrador de redes sociales de Casa Presidencial, para que retirara los señalamientos de que se estaba haciendo una interpelación velada contra el mandatario. El pedido no tuvo respuesta de Alvarado y llamó la atención por provenir de Prendas, quien ha señalado reiteradas veces que la UPAD era una "agencia de espionaje" creada por el Presidente contra los costarricenses.

La diputada Ana Lucía Delgado (PLN-Heredia) inició con la primera ronda de interrogatorio, en la cual solo podían participar los diputados que son integrantes de la Comisión.

La diputada consultó al Presidente si consideraba que el decreto era ilegal, a lo que él respondió que no. Preguntó entonces si le seguía pareciendo una "torpeza política", a lo que él dijo que lo preciso era que se trataba de un error de redacción que llamaba a la confusión.

Delgado también consultó por qué el decreto no pasó por el Departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial, a lo que Alvarado respondió que eso a él no le constaba: "Cuando llega un decreto para ser firmado por mi persona me consta la firma de los jerarcas de los ministerios que son los que certifican para tales efectos que el decreto ha pasado su debido proceso. Un decreto en su construcción pasa por las carteras implicadas, las oficinas legales de cada ministerio, el Grupo Asesor Legal de la Presidencia, Leyes y Decretos..."

La diputada le dijo a Alvarado que el funcionario que redactó el decreto se arrogó competencias que no le correspondían y que Leyes y Decretos le había dicho al Congreso que el documento sobre la UPAD nunca pasó por esa oficina, además que no era un caso aislado.

Alvarado respondió que él habló con Diego Fernández al inicio de su administración sobre el deseo de tener una política de uso de datos y que le encomendó a él el proceso para que llegara a buen puerto.

Yo como presidente tengo el direccionamiento del país, no el control administrativo de ciertas materias. Yo como presidente tengo que ver los documentos, ver que tienen el aval del superior jerárquico de la institución y eso a mi me da la garantía de que ha pasado los debidos procesos, para que cuando yo estampo la firma tener certeza de que está en legalidad.

La congresista también preguntó si Alvarado firmó de último el decreto, a lo que él respondió que ese era su entender, pero que no recuerda el momento en que plasmó su firma.

Dadas las varias preguntas a las que respondió que no recordaba con precisión, Alvarado aclaró que esa circunstancia obedece a que cuando estalló el caso UPAD, sus abogados le recomendaron no inmiscuirse o intentar conocer qué fue lo que ocurrió, sino quedarse con sus conocimientos hasta ese momento.

Finalmente, preguntado sobre si firmaría de nuevo un decreto similar, Alvarado dijo que sí, pero modificando la redacción del polémico artículo 7.

El interrogatorio de la diputada Delgado fue criticado en redes sociales y por otros diputados, especialmente del oficialismo, pues en reiteradas ocasiones planteó preguntas e interrumpió y alzó la voz cuando el presidente estaba respondiendo. Esta actitud de la legisladora cambió notoriamente en la segunda ronda.

La diputada Silvia Hernández Sánchez (PLN-San José), presidenta de la Comisión, señaló que lo que estaba en discusión no era el uso de datos para generar política pública, sino el uso ilegal de datos sensibles de la población. Asimismo, dijo que para estas fechas Presidencia ya debería tener mediana claridad de por dónde pasó el decreto de la UPAD, sin embargo, Alvarado reiteró que sus abogados le recomendaron que una vez judicializado el caso, no indagara más del tema, pues podría interpretarse como interferencia a la investigación de la Fiscalía.

Cabe resaltar que las normas de interrogatorio de la diputada Hernández fueron más respetuosas que las de su compañera Delgado y aún así logró extraer más información.

La congresista se enfocó en la primera ronda en hacer preguntas para esclarecer dudas sobre aspectos administrativos: cuándo contrató a los analistas, desde cuándo los conocía, cómo delegó funciones, dónde estaban ubicadas sus oficinas, entre otros.

El diputado Jonathan Prendas hizo una recopilación del discurso del mandatario para luego hacer una serie de preguntas a las cuales Alvarado respondió con una negativa bastante corta, seguida de un silencio incómodo y la subsiguiente solicitud del legislador de que ampliara, aunque cuando el Presidente iba a proceder a hacerlo, este le interrumpió.

Prendas consultó si le constaba que Mideplan había avalado la UPAD, a lo que Alvarado respondió que no le constaba e insistió que cuando él firmó lo hizo porque el decreto traía las firmas del ministro de Planificación interino y del ministro de la Presidencia.

En esta parte cabe resaltar que Prendas, quien insistentemente ha dicho que la UPAD era una agencia de espionaje del gobierno, no sostuvo esas afirmaciones durante la comparecencia y más bien dio la oportunidad al Presidente de rechazar esas insinuaciones.

La diputada Carolina Hidalgo Herrera (PAC-Alajuela) usó su tiempo para señalar que no era la Asamblea Legislativa el lugar para decir que el decreto de la UPAD era legal o inconstitucional, porque eso solo lo podían determinar los tribunales de justicia.

Siguió luego la muy lamentable, penosa y bochornosa participación del diputado Dragos Dolanescu Valenciano (PRSC-Alajuela), quien quiso jugar de matón y terminó haciendo el ridículo en televisión nacional.

Dolanescu arrancó su intervención señalándole al presidente que la primera vez que se reunieron él le dijo que sería un diputado de oposición y que lo iba a tratar "duro". Le preguntó entonces si recordaba esa reunión y le mostró la carátula del documento publicado en La Gaceta que contenía el decreto de la UPAD. Alvarado, ante la actitud del legislador, lanzó su primer gancho: dijo que lo que recordaba de la reunión era la hija del diputado, quien además le había pedido una fotografía.

El diputado además usó un reporte de prensa que afirmaba que Alvarado había dicho no recordar la clave de su teléfono celular decomisado por la Fiscalía, pero después de la respuesta inicial, el legislador no le permitió referirse a esa aseveración y dijo que no estaban en una "conversación", que él hacía preguntas y el mandatario debía responder.

La presidenta de la Comisión intervino entonces para llamarle la atención a Dolanescu y pedirle que siguiera el interrogatorio apegándose a las normas de respeto.

Dolanescu cuestionó al presidente la fecha de publicación en La Gaceta del decreto. Alvarado dijo que él no tenía idea de por qué fue publicado hasta meses después de firmado, sin embargo, el diputado especuló de que se hizo ese día porque justamente era la fecha en que comparecía ante el Congreso el exdiputado Ottón Solís Fallas por el caso de la estafa del PAC al Tribunal Supremo de Elecciones.

Luego empezó a hacer preguntas sobre Horizonte Positivo y André Garnier (ministro coordinador con el sector privado), a quien le reprochó su negativa de pagar impuestos a las casas de lujo. Alvarado dijo que en honor a la verdad esos impuestos sí habían sido pagados; Dolanescu dijo que eso no era lo que él tenía entendido, a lo que el mandatario le respondió: "puede informarse mejor".

De seguido, Alvarado preguntó a la presidenta si lo que estaba ocurriendo no era una interpelación, pues el diputado no estaba haciendo preguntas sobre la UPAD. La pregunta fue ignorada, por lo que la diputada Paola Vega Rodríguez (PAC-San José) pidió la palabra por el orden para solicitar respuesta a la interrogante del mandatario.

La diputada Hernández dijo que el presidente puso al IMAS de ejemplo en su exposición y que insistía en que no había interpelación alguna, aunque le recordó a Dolanescu que había que circunscribirse al objeto de investigación.

El tiempo de Dolanescu venció, sin embargo, Alvarado pidió a la presidenta una breve pausa para hacer una clarificación sobre el tema de la clave de su teléfono decomisado:

"Don Dragos hizo la alusión de que yo no compartí mis claves a la hora de la apertura de mis teléfonos. Quiero dejar eso categóricamente claro: una vez que mis teléfonos fueron incautados por el OIJ ahí mismo di mis claves, y se las di al OIJ, eso fue hace cerca de un año. Cuando se hace la apertura de los teléfonos mis abogados me piden que si recuerdo las claves, porque el OIJ no las lleva. Yo a mis abogados les digo 'recuerdo una de manera precisa' y se las envío para hacer la apertura. Del otro teléfono digo 'no lo recuerdo bien', pero mandé cuatro opciones de lo que yo recordaba. Creo que cualquiera de nosotros que ha cambiado claves, si trata de recordar la clave de hace un año podrá tener algún problema. Envié cuatro opciones, siendo que la cuarta abrió mi segundo teléfono. Eso para decir que en todo momento he colaborado y que de eso se desinformó a la ciudadanía: yo di mis claves para que se abrieran los teléfonos". 

Dolanescu pidió la palabra "por la alusión" y la diputada presidenta se la otorgó, un fallo de procedimiento pues ese tipo de intervención está reservada para alusiones entre diputados, no entre diputados y comparecientes. "Solamente señor presidente, ¿es cierto que la clave era 123456?", preguntó.

Alvarado respondió:

Eso demuestra diputado que usted en su pregunta tiene mala fe, porque usted aseveró que yo no compartí mis claves y usted sabía que sí las había compartido. Eso demuestra su mala fe a la hora de preguntarme. Gracias presidenta.

El tema no quedó allí, pues la prensa empezó a realizar consultas a la Fiscalía General de la República de cómo el diputado Dolanescu había accedido a las claves del teléfono del presidente, siendo que se trata de información que forma parte del proceso penal y por ende, es privada para terceras personas.

Minutos después, la Fiscalía General de la República envió un comunicado de prensa señalando haber ordenado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinar la identidad de la persona o personas que facilitaron a Dolanescu información privada del expediente.

Como dice el dicho: salió por lana y volvió trasquilado. 

Siguió la diputada Floria Segreda Sagot (PRN-San José) quien reprochó al mandatario el haber usado el término "trampa" para referirse a la realización de la audiencia en el salón del Plenario. Alvarado ofreció una disculpa y lo cambió por "dilema", aunque insistió en que lo que estaba teniendo allí era una interpelación velada, para él inconstitucional.

Luego, el diputado Pedro Muñoz Fonseca (PUSC-San José) señaló que lo que estaba ocurriendo hoy era, efectivamente, un juicio político (figura que previamente dijimos no contempla la Constitución contra el presidente), lo que motivó protestas de las diputadas Paola Vega y Carolina Hidalgo, así como el señalamiento de la presidenta de la comisión que solo era una audiencia de comisión para probar hechos.

Durante su interrogatorio, Muñoz usó el término "muchachos" y previamente la diputada Floria Segreda usó "muchachitos" para referirse a los analistas de datos de Casa Presidencial. Ello llevó a la diputada María José Corrales (PLN-Alajuela) a pedir la palabra para solicitar el cese de ese término por considerarlo despectivo hacia la población joven.

Aunque quedaba aún tiempo para hacer preguntas antes de irse a receso para almorzar, problemas técnicos con el sistema del Plenario para anotar la lista de diputados no miembros que querían participar de la segunda ronda de interrogatorio hicieron imposible continuar, por lo que la sesión se reanudó una hora después.

3. La segunda ronda

La segunda ronda de interrogatorio la inició la diputada Ivonne Acuña Cabrera (Independiente-San José), sin embargo, su intervención fue bastante confusa, sin aterrizar ni llegar a ninguna parte, por lo que pasemos al siguiente...

José María Villalta (Frente Amplio-San José) fue, quizá, el que mejor desempeño tuvo en la comparecencia (aunque la barra estuvo bastante baja, para ser francos).

Villalta logró extraerle al presidente un dato hasta ahora desconocido: firmó el decreto de la UPAD sin haberlo leído. Según Alvarado, él solo verificó que el documento contara con las firmas de los ministros correspondientes y plasmó su firma, confiando que como en cualquier documento que llega a sus manos, pasó por el proceso previo.

El diputado consultó al mandatario si no consideraba una buena práctica leer antes de firmar. El presidente respondió que sí, pero que para él era humanamente imposible leer más de 5000 documentos. Además, remató con la pregunta de si los diputados leen todos y cada uno de los artículos de las leyes que tramitan, antes de aprobarlos.

Entre risas, Villalta respondió que algunos intentan hacerlo y que por eso a veces "salen tortas", pero que "leer había que hacerlo siempre".

Aunque la revelación de que el presidente no leyó el decreto antes de firmarlo pudiera resultar impactante, el diputado podría haberle dado a los abogados de Alvarado una nueva defensa, de la que hablaremos en el podcast de Curul en Llamas que grabaremos este viernes, así que no se lo pierdan ;)

El interrogatorio de Villalta se extendió por 20 minutos y en buena parte del tiempo el mandatario tomó una posesión defensiva, además de esquiva en responder preguntas específicas. Los momentos álgidos, por ejemplo, incluyen cuando Villalta increpó al presidente por insistir en que el decreto era legal, cuando la Procuraduría General de la República emitió un informe (a solicitud de la Sala Constitucional) que señala que el decreto no solo era inconstitucional por el acceso a información confidencial que daba el polémico artículo 7, sino porque el decreto mismo tenía un problema: no podía dar acceso a información sensible, privada o confidencial, pues se requería autorización de rango legal.

Aunque Alvarado se defendió señalando las excepciones establecidas en los incisos e) y f) del artículo 8 de la Ley de Protección de Datos, Villalta le rebatió con el propio informe de la Procuraduría que señala que las mismas no pueden considerarse excepciones de aplicación general y que por ende, el artículo 7 en su totalidad tenía una ilegalidad de fondo sustantiva, no solo por el uso del término "confidencial".

El legislador preguntó entonces si al presidente le eran de respeto los pronunciamientos de la Procuraduría, a lo que este dijo que sí. Villalta le señaló que si lo dicho por la PGR a la Sala IV hubiese estado en un dictamen, el mismo habría sido vinculante para el mandatario.

Alvarado respondió que él no pidió el dictamen y que el mismo era posterior al estallido del escándalo. Además, le sacó en cara que para el diputado los criterios de la Procuraduría sí eran relevantes, pero desconoció los informes del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso de que la comparecencia del mandatario era improcedente. Villalta se limitó a responder que cuando él fuera el compareciente, entonces el presidente podría hacerle esas preguntas.

Siguió el turno del diputado Erick Rodríguez Steller (Independiente-Alajuela) quien se enfrascó en una discusión con Alvarado sobre si la audiencia de este miércoles era inconstitucional, o no; si era una interpelación, o no.

En su posterior intervención, la diputada Silvia Hernández Sánchez pidió mayores detalles sobre la identidad de la persona que quedó a cargo de la investigación disciplinaria por lo ocurrido con el decreto UPAD en Presidencia, dado que Alvarado dijo haberse apartado de esos temas para evitar señalamientos de que está entorpeciendo la investigación de la Fiscalía. El mandatario dijo que el responsable es Carlos Elizondo, secretario del Consejo de Gobierno, pero que él no ha dado seguimiento al tema por recomendación de sus abogados.

El presidente quedó de suministrarle a la comisión el detalle del estado de dicha investigación, mientras la diputada señalaba que si bien podía entender y compartía el rationale de la decisión de Alvarado, él seguía siendo el mandatario y mantenía sus responsabilidades.

Hernández retomó luego su interrogatorio a Alvarado sobre si él ordenó a sus asesores realizar solicitudes específicas de información, las cuales el mandatario negó, insistiendo que él solo planteaba problemas de trabajo para que sus asesores y los analistas de datos presentaran productos que permitieran darles solución.

Siguió el diputado Prendas quien tomó una línea de interrogatorio bastante perturbadora: preguntó al mandatario si denunciaría ante el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica a quien redactó el decreto. Alvarado respondió que eso era hipotético; Prendas dijo que no y que había una "obligación legal de denunciar", citando el Código Penal (aunque estaba pidiendo una denuncia ante un órgano colegiado, no penal...)

La tesis de Prendas, llevada a la práctica, implicaría que se denunciara a los diputados abogados que han promulgado legislación que posteriormente es declarada inconstitucional en la Sala IV, algo que pasa cada dos por tres...

Asimismo, el legislador señaló que las solicitudes de información hechas por la UPAD fueron ilegales, algo que rebatió Alvarado señalando que Prendas no es un juez de la República. Este dijo que él no estaba juzgando a nadie y que se recibió información de forma inconstitucional. Alvarado remató respondiendo que quien declara la inconstitucionalidad no es ni Prendas ni la Asamblea Legislativa, sino la Sala Constitucional.

El presidente también le evidenció a Prendas una contradicción en sus formas en la comisión: cuando fueron llamados a comparecer los subalternos del mandatario, el diputado independiente y Pedro Muñoz reprocharon que algunos de ellos se acogieran a su derecho constitucional a declarar, intimidándolos con señalamientos de que el hilo se iba a cortar por lo más delgado y que ellos saldrían perjudicados.

Ahora resulta que usted pone el énfasis en ese hilo más delgado. Pensé que aquí el tema con el Presidente de la República, y aquí estoy, respondiéndolo todo.

En este momento ambos empezaron a hablar por encima del otro, por lo que la presidenta de la Comisión tuvo que interrumpir y pedir que se volviera al orden.

Llegado a este punto podemos afirmar que el resto de la sesión transcurrió entre lo esperable para el nivel de diputados que tenemos: los siguientes se dedicaron a repetir preguntas, usar su tiempo para hacer discursos y reclamos a los cuales el Presidente no podía responder por agotarse el tiempo... El cierre naturalmente le correspondió a la diputada Franggi Nicolás Solano (PLN-Puntarenas), quien repitió el espectáculo que llevó a cabo en la visita del Presidente a Puntarenas el año pasado: un discurso sin preguntas, lleno de ataques, gritos y dicción acelerada que mostraban a la congresista al borde de quedarse sin habla, de ponerse a llorar o de sufrir un infarto.

Y se cerró el telón...

En resumen, la sesión estuvo dentro de las bajas expectativas que teníamos desde un inicio y el único diputado que pareciera haber arrinconado al Presidente (Villalta), más bien develó una estrategia legal para la defensa que podría beneficiar al mandatario si el caso llega a juicio.

Este jueves el Plenario sesionará ordinariamente a las 3 pm para conocer los proyectos de ley convocados a las sesiones extraordinarias.