La negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional inició esta semana. Será virtual y durante dos semanas. La representación costarricense recae en el ministro de Hacienda, la ministra de Planificación y el presidente del Banco Central de Costa Rica. El objetivo es estabilizar la trayectoria de la deuda pública del país alcanzando un superávit primario del 1% al año 2023 a través de la construcción con el organismo internacional de una ruta de consolidación fiscal que además permita acceder a una línea de crédito por 1.750 millones de dólares. Nada sencillo, ¿no?
Esta ruta de consolidación fiscal, o más bien, el ajuste no debería recaer únicamente en medidas tributarias ni recortes y contención del gasto. El reto de las finanzas públicas y el ambicioso objetivo de lograr el superávit primario requiere un delicado balance de toda una serie de medidas incluso estructurales. La tarea recae no solamente en un Ejecutivo que continuamente duda sobre el contenido de la propuesta; el Legislativo deberá hacer un enorme ejercicio de responsabilidad país, justamente en año preelectoral...
Durante la discusión de la reforma fiscal anterior, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de exoneraciones adicionales a las que otorgan otras leyes. En el aspecto tributario lo primero debería ser analizar cuáles de esas exoneraciones se pueden mantener y cuáles deberían ser eliminadas. Por ejemplo: varias jefaturas de las fracciones legislativas firmaron en el 2018 un acuerdo en el que se comprometían a gravar las grandes cooperativas con el impuesto de renta, es decir, eliminar esta exoneración. Aún no ha sucedido.
Por otro lado, hay un tipo de exoneraciones que sería impensable eliminar, como las que recaen en la canasta básica. El tema principal de las exoneraciones es eliminar aquellas que hoy gozan sectores que pueden pagar un poco más y mantener aquellas que sean necesarias para preservar inversión social y los medios económicos de los sectores menos favorecidos.
Hasta después de analizar las exoneraciones es que se deben pensar si se requieren o no aumentos de algunas tasas tributarias y descartar, en la medida de lo posible, la idea de nuevos impuestos que puedan afectar la competitividad e inversión privada. Por ejemplo: Un aumento temporal en la tasa del impuesto a las rentas más altas (idea aparentemente ya desechada por el gobierno) y una modificación a la tasa del impuesto a las casas de lujo no deberían ser medidas tan problemáticas.
Algunas modificaciones que no deberían impulsarse, especialmente en este contexto de crisis provocada por la pandemia de COVID-19, es el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o un nuevo impuesto a las transacciones bancarias. Si no queda de otra y deben implementarse nuevos impuestos y aumentos de tasas, el peso de estos debería recaer entre quienes tienen mayores posibilidades económicas. Es decir, quién tiene más, puede pagar más. Nuestro sistema tributario debe ser progresivo, no uno que golpee a sectores ya de por sí golpeados económicamente.
Otro componente de las medidas que se vayan a implementar debe ser necesariamente la contención del gasto público. Dentro de la propuesta del Ejecutivo ya se contempla la Ley Marco de Empleo Público y esto debe funcionar para unificar regímenes salariales y eliminar pluses que, dado su carácter porcentual, tienden a inflar el gasto público y beneficiar más a los salarios más altos. Sumado a estas iniciativas, el Ejecutivo debe pensar en la denuncia de cláusulas abusivas en convenciones colectivas. Por supuesto, todas estas medidas deben preservar derechos laborales esenciales, pero aquí siempre hay una reflexión importante para tener en cuenta: el servicio público es para servir, no para servirse.
Otro de los difíciles componentes del ajuste es la reforma institucional. Al menos llegar a un acuerdo sobre el cierre de instituciones que ya cumplieron su función, fusión de instituciones con funciones duplicadas o instituciones que puedan absorber a otras sin que esto implique un deterioro en los servicios públicos. La lógica no es que el Estado sea grande o pequeño, la lógica de un ajuste progresista es que tenga el tamaño adecuado para ser eficiente y responder a la gente. El Estado no puede ni debe dejar de atender las necesidades específicas de las diferentes poblaciones y esto pasa además por un tema de obligaciones estatales en materia de derechos humanos.
Si el ajuste se carga solo en lo tributario no tendrá viabilidad política y golpearía los bolsillos de las personas que ya han sido impactadas por la anterior reforma fiscal y la actual crisis económica por la pandemia del Covid-19. Por eso hacer un balance con medidas de contención del gasto y reforma institucional es esencial. Pero también, la carga de ese ajuste debe repartirse entre distintos sectores sociales y económicos, especialmente quienes pueden un poco más. Un ajuste que no preserve la inversión social y derechos humanos no solo no es un ajuste progresista, sería uno que afecte la convivencia social y sume a la desigualdad.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio.
