Se trata de una herramienta para cuantificar y valorar la relación entre el ambiente y la economía en Costa Rica.

La diputada independiente electa por el Partido Liberal Progresista (PLP) Cynthia Córdoba Serrano presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley expediente 25.062, que busca impulsar la Ley de Creación del Sistema Nacional de Cuentas Ambientales (SNCA), una herramienta para cuantificar y valorar la relación entre el ambiente y la economía en Costa Rica.

La iniciativa pretende dotar al país de un marco jurídico que regule la generación, trazabilidad, accesibilidad y uso de datos ambientales, con el fin de integrar esta información en la planificación nacional, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones estratégicas. Entre sus principios rectores se destacan la buena gobernanza, transparencia, sostenibilidad, interoperabilidad y rendición de cuentas.

El proyecto propone la creación del Consejo Nacional de Cuentas Ambientales (CNCA), compuesto por los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Este consejo tendrá la misión de definir lineamientos estratégicos, aprobar metodologías y velar por la calidad y accesibilidad de los datos ambientales.

Además, el sistema se apoyará en un Comité Técnico multisectorial y diversos Subcomités Técnicos Estadísticos, especializados en áreas como agua, bosques, energía y flujos materiales, entre otros. Estos subcomités estarán bajo la rectoría técnica del INEC, que garantizará la estandarización y calidad de los datos.

El proyecto también promueve la interoperabilidad entre sistemas de información de distintas instituciones, el uso eficiente del financiamiento público, y establece mecanismos para asegurar que toda la información sea pública, verificable y de fácil acceso para la ciudadanía, investigadores y tomadores de decisiones.

El sistema permitirá monitorear avances en temas como agua, bosques, biodiversidad, cambio climático y producción sostenible, vinculando los recursos naturales con las decisiones económicas. Además, fortalecerá derechos fundamentales como el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana, operativizando los principios de democracia ambiental y justicia intergeneracional.

Como parte de las disposiciones transitorias, se establece la derogación del decreto ejecutivo 41125-MINAE-PLAN-H, que había creado una versión previa del sistema.

En su justificación Córdoba Serrano indica que Costa Rica es pionera en este campo desde inicios de los años 90, cuando, con apoyo de instituciones internacionales, inició estudios sobre la depreciación de recursos naturales y el gasto ambiental. Estas iniciativas evolucionaron hasta permitir la adhesión del país a estándares internacionales como el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SEEA) de la ONU.

Además, señala que, pese a los avances, actualmente no existe una ley que garantice la continuidad y calidad de la información ambiental. Los datos están dispersos entre diversas instituciones, con poca coordinación y sin mecanismos formales de trazabilidad, lo que limita su uso en la formulación de políticas, la planificación estratégica y el cumplimiento de compromisos internacionales.