Hace unas semanas ante la insistencia de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular por llevar adelante una iniciativa de diálogo inconstitucional publiqué en este mismo medio el artículo “La democracia no tiene atajos, tiene instituciones”. En esa oportunidad señalé que una iniciativa de esa naturaleza era en perjuicio de la institucionalidad democrática costarricense y hoy, actores diferentes, incurren nuevamente en serias afrentas a la democracia bajo el pretexto de protegerla.

A mis estudiantes del curso de Teorías de las Relaciones Internacionales comienzo explicándoles la naturaleza anárquica del orden internacional y cómo el desarrollo empírico de la disciplina ha ido creando instituciones con un rol distensor importantísimo para civilizar y orientar las relaciones entre los Estados hacia la paz y el derecho y dejar cada vez más atrás la guerra y los conflictos.

En la República sucede lo mismo, pues el orden internacional, entre otras cosas, es una extrapolación de la organización civil que la humanidad ha podido desarrollar para limitar los efectos de su naturaleza en anarquía. Primero, a través de la concentración del poder (en regímenes no republicanos) y luego, en la descentralización de este, en manos del pueblo.

Así como existen dinámicas e instituciones internacionales que evitan la guerra, la República también tiene dinámicas e instituciones que evitan el conflicto interno entre quienes conviven dentro de los límites geográficos que componen el territorio del Estado, estas dinámicas son el ejercicio de los derechos civiles y políticos —contenidos en textos emanados de la Asamblea General de las NNUU, pactos específicos sobre esta materia que los tutela y el Título VIII de la Constitución Política— y las instituciones son, en ausencia de un poder central, las que la constitución dice que existen: Los tres poderes del Estado y el Tribunal Supremo de Elecciones.

Esa es la ley que nos gobierna y la misma ante desacuerdo nos permite cambiarla, pero desobedecerla, vulnerarla o actuar contra ella, a lo que nos conduce es al estado de naturaleza en ausencia de la ley: la anarquía.

Sobre esto la Sala Constitucional concluyó (en su 19711 del 2020) que el uso de medios no previstos por el ordenamiento jurídico —o incluso, prohibidos por él— como forma de incidir en las decisiones del país significa el menoscabo de la institucionalidad, los derechos de la ciudadanía y el Estado Democrático de Derecho.

Pese a su claridad, vale la pena su desarrollo. El Tribunal Constitucional señala tres bases fundamentales, por fundacionales y funcionales, de nuestra democracia: en primer lugar, la institucionalidad; en segundo lugar, los derechos de la ciudadanía y en tercero, el Estado Democrático de Derecho.

Nuestras instituciones emanan de la Constitución Política, como fue dicho líneas arriba y en la constitución se hayan contenidos dos elementos de vital importancia para comprender por qué este texto resulta indispensable para el sostenimiento de la paz, estos elementos son el contrato social y la soberanía popular.

El contrato social establece los principios conforme a los cuales la sociedad actúa de manera organizada, fraterna, libre y responsable, mientras que la soberanía popular hace referencia a que el poder máximo de decisión reside en el conjunto de los y las ciudadanas. Sobre éstos principios desde el año 1949 los costarricenses hemos aceptado que el gobierno está compuesto por tres poderes y que cada cuatro años debemos acudir a las urnas para renovar las estructuras del poder Ejecutivo y Legislativo, lo que nos lleva al segundo asunto fundamental.

El principal derecho del que goza cada costarricense es aquel que le permite escoger en libertad a sus gobernantes. Por eso, cualquier iniciativa que busque deslegitimar a un gobierno democráticamente electo es un menoscabo a los derechos de la ciudadanía y finalmente, existe un marco normativo que nos indica cómo canalizar nuestras demandas ciudadanas contra esas autoridades en caso de insatisfacción con su proyecto político, el cual marco normativo no es contrario a los anteriores dos conceptos, sino complementario. Esto es el Estado Democrático de Derecho.

En ese sentido resulta de especial interés el artículo 26 de la constitución el cual indica que:

Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios.”

En él encontramos un primer elemento que nos permite, como corresponde en una democracia, la reunión y convocatoria de los ciudadanos para un ágora que permita la deliberación de los asuntos del Estado y lo que surja de allí, individual o colectivamente, puede ser presentado ante los funcionarios electos o jerarcas de las instituciones, como lo tutela el derecho de petición en el artículo 27 de la constitución (y la ley 9097):

Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.”

Este derecho es ampliamente desarrollado en la ley aludida, denominada Ley de regulación del Derecho de Petición en que se señalan los mecanismos para recurrirlo y cuyo artículo 6 indica el plazo improrrogable de 10 días otorgado a las instituciones o autoridades del Estado para contestar, concluyendo el ciclo del derecho de petición con la pronta respuesta y ante incumplimientos por parte del Estado, el artículo 12 de la ley señala la protección del derecho mediante el recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en cuyo caso la Sala Constitucional velará por su cumplimento.

No obstante, si la reunión de los ciudadanos considera que la satisfacción de sus demandas pasa por la incidencia en la toma de decisiones del Estado, el Estado Democrático de Derecho en Costa Rica también le permite organizarse políticamente para elegir, ser electo o inscribir un partido político que en campaña electoral pueda persuadir a la mayoría de que le vote para llevar a cabo el cambio que considera necesario.

Así se puede observar en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 93, 94 y 98 de la Constitución Política.

Socavar los cimientos de la soberanía popular expresada en las urnas no puede ser, en nuestra democracia, la reacción a la insatisfacción con el gobierno electo libre y democráticamente. Ello es, como lo señala la sentencia de la Sala Constitucional, el debilitamiento de la República y en ausencia de ella solo hay dos formas de organización: la anarquía o la dictadura.

Debilitar la legitimidad de un gobierno democrático puede conducir a eso, al ascenso al poder de los populismos que hemos evitado por años en Costa Rica y que por poco logran encumbrarse en el pasado proceso electoral para elegir al presidente de la República.

Apostaría a que la mayoría seguimos teniendo afecto y predilección por la democracia costarricense.

Por todo ello, me resulta paradójico, contradictorio y peligroso el discurso empleado por la nueva iniciativa ciudadana “Demolab”.

En primer lugar, se constituyen como un Think Tank que busca ir más allá de lo que una organización de esta naturaleza procura, que es un centro de desarrollo de ideas, análisis, diagnóstico y propuesta de soluciones a los problemas de su tema de especialidad. En este caso la democracia.

Este think tank busca ir más allá, pues quiere incursionar en la incidencia política, pero al mismo tiempo niega esa naturaleza, un recurso discursivo contraproducente para los fines de la organización, pues no se puede hacer política avergonzándose de ella o haciéndole creer a las personas que no lo hacen. ¡Honestidad!

Hacer política es legítimo y es el oxígeno de la democracia ¡Hagan política! ¡Asuman las responsabilidades de la participación política y tomen el Estado, pero no pretendan que el Estado esté en función de sus intereses sin pagar el precio de la democracia: las elecciones!

Sin embargo, lo que me pareció más grave fue la temeridad con que se desconoce la legitimidad del presidente y los diputados con la consigna, y cito: ¡Se busca un presidente y 38 valientes diputados! Hacer un movimiento que busque incidir en el proceso de toma de decisiones de un país, negando la naturaleza política del mismo, por vergüenza o por lo que sea, no debería tener las pretensiones de retar al presidente de la República y a sus congresistas. Podría dedicarse a hacer papers o diagnósticos de las problemáticas que enfrentamos, pero, si les da vergüenza hacer política, no deberían convocar a la indignación colectiva, pues da la impresión de que no piensan hacer algo al respecto más que "alertar" sobre lo que ya la mayoría sabe sobre la situación del país.

Creo que el error es de enfoque y estrategia, como es evidente. Una iniciativa que se hace llamar laboratorio de la democracia, pero que no respeta el orden constitucional y democrático de la República es una contradicción que se puede subsanar ajustando su visión y misión al orden que nos otorga el Estado Democrático de Derecho.

Si Demolab hace eso y se replantea como un movimiento Republicano y Constitucional, puede ser algo más de lo que ellos mismos pensaron. Pero, además, tienen que hacer otra concesión y admitir su naturaleza: la política.

Esto quiere decir que Demolab, podría jugar el papel que el Centro de Estudios jugó para la Socialdemocracia y el que la Democracia Cristiana jugó para el Socialcristianismo en el Siglo XX. Es decir, ser el centro de pensamiento que alimente a las nuevas corrientes políticas y partidistas que, en una coalición de partidos, bajo un proyecto pragmático y consensuado pueda presentar al electorado en el 2022 una propuesta viable para rescatar a Costa Rica.

Pues en eso coincido con ellos, durante los últimos meses hemos venido caminando en medio de un bosque en llamas y no hemos podido ver que al final del camino nos espera el infierno de la devaluación sino construimos ya los puentes que nos permitan sortear ese abismo de fuego y llegar a una nueva etapa de nuestra historia en la que podamos construir para Costa Rica, para los costarricenses de hoy y del futuro, los anchos caminos de la nueva prosperidad, de la nueva justicia social y de la nueva inclusión humanista.

Esto quiere decir la Costa Rica democrática, libre, independiente, multiétnica, pluricultural, laica y sostenible.

De lo contrario, como ya lo señalaron los expresidentes de la República, si las soluciones a los problemas nacionales no son por las vías institucionales, más bien serán nuevos problemas y no las soluciones que se proponían ser, colocándose Demolab al lado de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y el movimiento sedicioso autodenominado Rescate Nacional, los cuales no respetan nuestro orden constitucional, ni el Estado Democrático de Derecho.

Por lo tanto, aunque sea en inglés y reúna a costarricenses muy connotados, aunque la mona se vista de seda… también serán parte del problema, pues les recuerdo, como a las otras iniciativas de incidencia política que se han presentado en medio de la emergencia nacional, que la democracia no tiene atajos, tiene instituciones.

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