El desafecto por la institucionalidad democrática en Costa Rica puede ser, también, causado por el empequeñecimiento de nuestras instituciones desde sus nombres. Así, en este país, un tribunal se convierte en una sala –en dónde se puede tomar café y conversar- y un Parlamento en una Asamblea Legislativa, que tal vez explica por qué se tramitan tantas leyes y se discute tan poco sobre la realidad nacional en el sitio que por excelencia debería ser la vitrina para los portavoces de las expresiones del pueblo costarricense electas para esos efectos.

Súmenle “Zapote” un barrio de San José igual a cualquier otro del país, aquí de palacios nacionales y sedes del gobierno, nada.

Yo me quiero referir a ellos como lo que son y no en la casa de miseria en que las han convertido, en este caso al Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional, al Parlamento como el Parlamento y al Gobierno como lo que es: La Jefatura del Estado y el Gobierno costarricense. A algunos se les hace poco, pero a otros tan importante como el deseo de los constituyentes de que no se volviera a derramar sangre sobre Costa Rica para refrendar el republicanismo y el orden constitucional en nuestra sociedad.

Nuestra constitución vigente, de origen revolucionario, integra dos elementos importantísimos para comprender su valor: la soberanía popular y el contrato social. La primera atribuye el poder máximo de decisión a la sociedad y el segundo, establece los principios conforme a los cuales la sociedad actúa de manera organizada, fraterna, libre y responsable.

En estos procesos revolucionarios parece haber una constante que los acompaña: el temor a que su propio ejemplo se multiplique, por lo que prevén en el nuevo orden que se supriman las instituciones que les permitan a otros hacer padecer al pueblo los dolores de parto que implica el cambio del contrato social por la vía de la violencia, para eso está la democracia.

Creo que ese es el espíritu del legislador que encontramos en los artículos 4, 9 y 12 de nuestra constitución que tiene variantes o son nuevos con respecto de la constitución de 1871.

“Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición”, “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial” y “Se proscribe el Ejército como institución permanente.  Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”.

Esas reglas básicas de nuestro contrato social están diseñadas para que depositemos la potestad de legislar y gobernar cada cuatro años en elecciones libres y que mediante los pesos y contrapesos de nuestras instituciones demandemos de nuestros representantes el cumplimiento de sus funciones. En caso de desacuerdo, cualquier costarricense puede votar y ser electo, es decir, organizarse políticamente para someterse al escrutinio de la mayoría de costarricenses y acceder al poder para llevar adelante sus propuestas.

La democracia funciona así y promover el menoscabo de sus instituciones a lo que lleva es al rompimiento del contrato social y a la deslegitimación de la soberanía popular.

¿De esta manera qué ofrecen quienes intentan abierta o solapadamente, formar estructuras de poder paralelas a las establecidas por la constitución?

El Tribunal Constitucional ya nos lo dijo:

“La intención de quienes convocaron a estas manifestaciones estaba dirigida específicamente a paralizar o entorpecer infraestructura vital del país, como los puertos, las vías de ingreso y egreso terrestre y las carreteras. No puede considerarse que tal intención constituya una vertiente legítima de libertad de expresión, pues su finalidad última no es la expresión de una opinión o la expresión de un mensaje, sino la generación de un daño significativo al orden público a efectos de obtener el resultado pretendido”.

No persiguen otra cosa que el rompimiento de la paz que nos garantiza el orden constitucional.

A esta situación de deslegitimación de la soberanía popular, le calza perfectamente el artículo 4 de la Constitución sobre la pretensión de un grupo sedicioso de arrojarse la representación del pueblo, no obstante, ese no es el único peligro que enfrentan nuestras instituciones en estos días.

El fallo 19711 del 2020 del mismo Tribunal, concluye que el uso de medios no previstos por el ordenamiento jurídico —o incluso, prohibidos por él— como forma de incidir en las decisiones del país significa el menoscabo de la institucionalidad, los derechos de la ciudadanía y el Estado Democrático de Derecho.

De manera que un hecho igualmente peligroso para la institucionalidad democrática es la convocatoria hecha por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que, en el lanzamiento de esa iniciativa, como en entrevistas ante medios de comunicación ha reconocido el mandato constitucional que le otorga al jefe del Estado y de Gobierno, así como a la Asamblea Legislativa sus competencias, al mismo tiempo que inventa otro mandato dado a ella para “construir un diálogo multisectorial”.

Inventa, porque ni en la constitución se prevé la intervención de este órgano, ni en la Ley Orgánica del Banco le fueron dadas esas atribuciones. Por lo que considero, además del conflicto constitucional, que hay un conflicto de legalidad al infringir el principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución y 11 de la Ley General de Administración Pública, los cuales señalan que ni la administración pública, ni sus funcionarios, pueden realizar actividades que no estén expresamente autorizadas por la ley.

¿Pero qué peligro puede representar un diálogo inofensivo?

Que ni es diálogo, ni es inofensivo. Este proceso se plantea como un mecanismo para “decidir” el rumbo que debe tener Costa Rica más allá del 2022 y como un instrumento de incidencia que será “operativizado” para influir en la toma de decisiones que están por venir, en total disonancia con lo dictado por el Tribunal Constitucional.

Pero además, se constituye, en la práctica, como un reto a la autoridad delegada en la Jefatura del Estado y de Gobierno, al no deponer su proceso ante la convocatoria hecha por las autoridades que ostentan el ejercicio del poder como expresión de la soberanía popular y cuando el Jefe del Estado (en una actuación también cuestionable) solicita que se le entreguen los resultados en la materia específica en que éste está requiriendo auxilio, obtuvo como respuesta que ese proceso no obedece a la Jefatura del Estado y que continuará su curso previsto sin considerar la solicitud hecha por las instituciones legitimas de la democracia costarricense.

Además, el portavoz de esta iniciativa ha manifestado reiteradamente que las puertas de ese proceso están abiertas para quienes firmen una carta de principios (algo así como “otra” constitución), incluidos, los sediciosos. Incluso, como un gran logro, en su lanzamiento el 12 de octubre anunciaron que, en el recinto del Auditorio Nacional, estaban algunas personas que días atrás habían participado de los bloqueos.

Bloqueos y estructuras paralelas de poder, son igual de peligrosos para una democracia que agoniza.

No obstante, la asamblea de trabajadores puede dar su aporte al debate nacional con la participación de aquellos que la ley indica que son los miembros de su asamblea, ni más, ni menos y canalizar sus conclusiones hacia las instituciones cuyo mandato constitucional es el ejercicio del gobierno y la legislación.

Desde ya y ante la persistencia en esta iniciativa, estaríamos frente a la comisión del delito de prevaricato, normado en el artículo 348 de nuestro código penal.

Respetar las instituciones democráticas es el llamado de los expresidentes de la República, de lo contrario como lo ha dicho uno de ellos: “Si la solución no es por la vía institucional, más bien será otro problema”.

Por lo tanto, el diálogo debe ser a través de los canales previstos por la Constitución, los cuáles son la Jefatura del Estado y el Parlamento, no a través de quienes quieran usurpar sus funciones, lo que nos está conduciendo a un día sí y otro también a un estado de mayor violencia e incertidumbre en Costa Rica.

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