¿Sorprendidos? Ni deberían. Ya es cosa con toooodos los proyectos de ley o textos sustitutivos que presenta el Poder Ejecutivo.
El Ministerio de Hacienda presentó una nueva redacción a la Ley de creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el apoyo a las empresas afectadas por el COVID-19 y la reactivación económica que se tramita en el expediente 22.144.
Recapitulando: esta iniciativa pretende facilitar financiamientos para capital de trabajo y readecuación de deudas a empresas y personas con actividades productivas afectadas por la pandemia, a través de un crédito de $300 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El Gobierno había estimado que se esperaba atender, en promedio, a unas 18 mil empresas que tuvieran una pérdida esperada del 10% por efecto de la pandemia. Con los $300 millones se podían avalar $3000 millones en créditos.
A pesar de que el texto inicialmente planteado surgió de semanas de trabajo entre expertos del Banco Central de Costa Rica, la Superintendencia General de Entidades Financieras, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero la Asociación Bancaria Nacional, así como los expertos independientes como José Luis Arce y Gerardo Corrales, los diputados no quedaron convencidos con la iniciativa y pidieron un nuevo texto.
Ahora, casi dos meses después, Hacienda presentó otro texto tras recibir críticas por avalar el 80% de la pérdida esperada y manejar los recursos a través de un fideicomiso manejado por el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Con la nueva redacción, solo se avalará el 60% de la pérdida esperada y su administración estará a cargo de un Consejo Asesor dentro del Ministerio de Hacienda y dos miembros externos cuyo nombramiento sería resorte del Poder Ejecutivo. Además, el aporte de 180 mil millones de colones por parte del Estado ahora se desagregará en aportes de 36.000 millones anuales. Finalmente, las operaciones crediticias que cubrirá serán aquellas adquiridas dentro del plazo de 18 meses posterior a la publicación de la ley y hasta por 15 años.
A pesar de esas enmiendas, el texto fue nuevamente criticado. Ana Lucía Delgado, diputada del PLN, señaló que crear una unidad técnica para administrar los recursos constituía crear más burocracia que no era acorde a la urgencia de que se coloquen los recursos.
Por su parte, la diputada María Inés Solís cuestionó el uso que se le daría a los recursos mientras no se estén dando los avales, señalando si serían usados en gasto corriente; y si este modelo fue discutido con los bancos. Hacienda alegó que serían depositados en la Caja Única del Estado.
El diputado Oscar Cascante manifestó preocupación por los requisitos que tienen los entes bancarios para otorgar los créditos y aseguró afectan en este momento a muchos empresarios y prueba de ello dijo es Banca para el Desarrollo. Inclusive, el diputado dijo que no estará apoyando la aprobación del proyecto hasta tanto esos requisitos no sean reducidos pues no tenía sentido acoger un crédito de $300 millones con el BCIE cuando se tienen $500 millones sin usar en Banca para el Desarrollo.
El diputado Otto Roberto Vargas del Partido Republicano cuestionó que el enfoque del proyecto sea que, con recursos públicos, se cubran pérdidas por créditos no pagados a los bancos, teniendo los ciudadanos que cubrir con dicho gasto por 15 años.
El diputado Harllan Hoepelman criticó la duplicidad de funciones entre el Fondo de Avales y la Banca para el Desarrollo, así como el hecho de que se necesitarán nuevos créditos para cubrir los aportes anuales de 36 mil millones por parte del Estado.
El texto sustitutivo tendrá que ser analizado por la Comisión, mocionado, discutido y votado, antes de ser enviado al Plenario.
Breves
— La Comisión de Guanacaste dictaminó positivamente el expediente 21.350 Ley de reforma al artículo 44 de la Ley 903 con lo cual se incluyen a las Asociaciones de Desarrollo y las municipalidades en la lista de instituciones que tendrán prioridad en el remate de terrenos por parte de entidades bancarias.
— La Comisión de Derechos Humanos dictaminó el expediente 21.834 que busca declarar el 10 de diciembre, de cada año, como Día Nacional de los Derechos Humanos y autoriza a las instituciones públicas para que celebren actos conmemorativos y de reflexión. También se adiciona un inciso g) al artículo 3 de la Ley Fundamental de Educación para mantener en forma permanente el estudio de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
— La Comisión de Cartago dictaminó afirmativamente el expediente 22.130 Autorización a la Municipalidad de Oreamuno para la condonación de deudas, multas e intereses sobre impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones de carácter municipal.
— La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminó el proyecto 21.623 que pretende se declare el 13 de noviembre como el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. El propósito es visibilizar el problema del groomming, entendido como las acciones que realiza un adulto mediante el internet para ganarse la confianza de un menor de edad, con la meta de obtener algún tipo de beneficio sexual.
— En el Plenario continuó la discusión del presupuesto nacional 2021; se aprobó una moción para cancelar la sesión ordinaria de este miércoles y en su lugar sesionar de forma extraordinaria para ver una agenda especial conformada por varios proyectos de ley que llevan semanas esperando ser conocidos; y se aprobó la dispensa de trámite del proyecto 22.265 que amplía el plazo para la reducción de jornadas laborales ante la emergencia por COVID 19.










