El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes por mayoría dispensar de todos los trámites el expediente 22.265 que pretende prorrogar los plazos para suspender contratos y reducir jornadas laborales por motivos de emergencia nacional.

Esta iniciativa fue presentada el 21 de octubre por seis diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y pretende modificar el artículo 5 de la Ley 9832 para que la cantidad de periodos de tres meses en los que se puede aplicar alguna de esas medidas, pase de los tres actuales (el primero más dos prórrogas iguales para un total de nueve meses) a cinco (el primero más cuatro prórrogas iguales para un total de 15 meses).

La dispensa de trámites, señalada en el artículo 177 del Reglamento de la Asamblea, recibió 44 votos a favor y 3 en contra, estos últimos de Welmer Ramos y Paola Vega del PAC, así como José María Villalta del Frente Amplio.

La diputada Vega criticó que se pretendiera dispensar del trámite de comisión un proyecto para aprobar la prórroga de una medida cuya eficacia no ha sido analizada por el Congreso, pues ni siquiera se han pedido informes al Ministerio de Trabajo sobre la cantidad de personas afectadas. Asimismo, mencionó que ha habido trabajadores afectados con suspensión de contratos o reducción de jornadas que le han pedido a los diputados no prorrogar la medida por más tiempo, pues se están muriendo de hambre.

Por su lado, el diputado José María Villalta afirmó que se debía analizar primero el impacto de la ley aprobada en marzo, y que tal análisis no puede hacerse en el plenario.

"Se está cercenando el derecho de participación de las personas trabajadoras afectadas por este proyecto de ley", dijo Villalta.

El diputado afirmó que ha recibido denuncias de trabajadores a quienes les redujeron la mitad de su salario, pero no así la jornada laboral, algo que viola la ley que aprobó el Congreso, ante la vista y paciencia de la Inspección Laboral del MTSS.

Villalta también advirtió que la medida sería imprudente pues ya no hay bonos Proteger, una circunstancia que sí se presentaba cuando el proyecto fue aprobado al inicio de la pandemia.